Aprueban legisladores de Baja California eliminar el fuero

CIUDAD DE MÉXICO, 09 de marzo, (POLITIQUERÍAS / CÍRCULO DIGITAL).- Legisladores integrantes de las diferentes fracciones en el Congreso del Estado aprobaron, por unanimidad, la eliminación del fuero a nivel federal y estatal.

El presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y ex presidente de la Cámara de Diputados locales, Raúl Castañeda, dijo que la aprobación de la eliminación del fuero da garantías a los ciudadanos “para que ya nadie se escude en esta figura.

“Ahora más que nunca es necesario que el fuero sea eliminado a nivel federal y en todo el país, para que existan reglas claras para su aplicación y que nadie pueda transgredir o pasarse por alto este tipo de reformas”, dijo.

Manifestó que la eliminación del fuero en Baja California abarca a los diputados locales, magistrados, gobernador del estado, alcaldes y jueces, “lo que viene a dar mayor equidad a la aplicación de la ley en nuestro estado”.

Los diputados locales aprobaron los dictámenes 4 y 5 provenientes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante los cuales se elimina el referido fuero a nivel federal y estatal, respectivamente.

El dictamen 4, leído en tribuna por el presidente de dicha comisión, Andrés de la Rosa Anaya, contiene iniciativas presentadas por los partidos de Baja California, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional.

Ello, para que pueda procederse penalmente contra diputados y senadores del Congreso de la Unión, ministros y magistrados federales, fiscal general de la República, así como contra gobernadores, diputados y magistrados de las entidades.

Para que pueda procederse penalmente contra ellos, contempla el referido dictamen, “bastará con la notificación a vinculación a proceso que realice el juez que conozca de la causa penal, al servidor público de que se trate en términos de la Ley”.

Esto, “para que proceda de inmediato a la separación temporal del servidor público en los términos de ley, durante el tiempo que dure el proceso penal”.

Agregó que “el servidor público que se encuentre sujeto a proceso penal, únicamente podrá ser separado del cargo si se trata de delitos catalogados como graves de conformidad con esta Constitución.

“En este caso el juez de la causa procederá a la separación del cargo, salvaguardando sus derechos. En el caso de los servidores públicos de elección popular”.

“El presidente de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión o de la Legislatura local de que se trate, hará la declaratoria de separación temporal del cargo, en los términos de su Ley Orgánica”, especificó el dictamen 4.

En cuanto al dictamen 5, que comprende iniciativas de los partidos de Baja California (PBC), Movimiento Ciudadano (MC), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), para modificar artículos de la Constitución de la entidad, fue leído por Alejandro Arregui Ibarra, diputado del PRI.

Este establece que para proceder penalmente contra el gobernador, diputados locales, magistrados del Poder Judicial, secretario General de Gobierno, procurador General de Justicia, así como contra presidentes municipales y regidores “bastará que el juez de control dicte auto de vinculación penal, en los términos del Código de Procedimientos penales”.

Dispone también que “tratándose de servidores públicos de elección popular, el juez notificará al Congreso del Estado a fin de que sea éste quien declare la separación del cargo en los términos de Ley”.

Además, se instaura “que en el caso de que la resolución del juez fuese no vincular a proceso, o que vinculando al mismo, las medidas cautelares no impidiesen al servidor público permanecer en el cargo”.

Por lo que este sólo podría ser separado por resolución judicial ejecutoriada, sin que lo anterior demerite o impida el desarrollo del debido proceso penal de que se trate, expone el dictamen.

El dictamen 4 aprobado por la XXII Legislatura de Baja California será enviado al Congreso de la Unión para el trámite legislativo que corresponda; mientras que el número 5 se turnará a los Ayuntamientos del estado.

Esto, con el fin de que sean votados por sus respectivos cabildos. En caso de que la mayoría de éstos lo avalen, el Congreso procederá a pronunciar la declaratoria de incorporación constitucional de las presentes reformas.