ASF solicita 2 mil 275 millones de pesos para 2017; representa 7.3% más que en 2016

Presidente del Senado y el titular de la ASF
Presidente del Senado y el titular de la ASF

·        Instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción requerirá 224 nuevas plazas

·        “Es un presupuesto marginal, de acuerdo al universo de atención que tendrá la ASF”: Maldonado Venegas

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó 2 mil 275 millones de pesos para su operación, de los cuales dispondrá de una cantidad para instrumentar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Dicho monto equivalente a 7.3 por ciento más que el ejercido en el Presupuesto Federal de este año, que fue de 2 mil 120 millones de pesos.

En reunión con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Unidad General de Administración de la ASF, Arturo Peña Zazueta, resaltó que el incremento se debe al impacto que prevé la institución en el desempeño SNA, en donde uno de los principales rubros consiste en la creación de 224 nuevas plazas que atenderán las nuevas funciones de la ASF.

Ante ello, los diputados acordaron solicitar reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de priorizar aquellas instancias nuevas que tendrá el SNA, las cuales “son precisamente las que no vienen reflejadas en el PEF 2017”, precisaron.

Asimismo, avalaron solicitar a la ASF el rediseño institucional que tendrán, en función de este presupuesto, los perfiles de las plazas que se crearán y los fines que tendrán, así como las metas que aspiran alcanzar con estos recursos en cada uno de los rubros.

El presidente de la Comisión, diputado Luis Maldonado Venegas (PRD), dijo que en las proporciones en que crece el universo de atención de la ASF se trata de “un presupuesto marginal”. Sin embargo, es necesario conocer las proporciones o estrategias que tendrán que seguir para cumplir con este nuevo mandato.

Explicó que con la implementación del SNA, el trabajo de la ASF se duplicará. “Ahora las nuevas responsabilidades de la Auditoría la obligan a realizar la fiscalización de las participaciones de los recursos en los estados. Aunado a ello, se le otorga la facultad de iniciar averiguaciones en casos de denuncia, incluso, si las presenta un solo ciudadano”.

Destacó que el Proyecto de PEF 2017 no advierte que existan recursos para poner en marcha al conjunto de instancias en materia del SNA, por lo que es indispensable que se dote a estas de presupuesto; de otra forma “dicho sistema no funcionará y quedará como reforma declarativa”.

Mencionó que con la creación de este Sistema, las nuevas funciones de la ASF aumentarán; a pesar de ello, es de destacar que tan sólo en 2015 y 2016 “recibimos mil 600 auditorías con sus respectivos expedientes, los cuales tenían que ver con el gasto federalizado”.

La diputada Minerva Hernández Ramos (PAN) precisó que el tema del presupuesto es fundamental. “Vale la pena señalar que los 200 millones de pesos que se dejarán de invertir en obra pública, podrán ser distribuidos para cumplir el esfuerzo y la responsabilidad que asume la ASF”.

La diputada Araceli Damián González (Morena) enfatizó que la ciudadanía requiere información no sólo de las auditorías ejercidas, también se requiere cambiar indicadores que permitan mostrar la efectividad de los nuevos trabajos que tendrá la ASF, así como medir el número de procesos sancionatorios, penales o administrativos frente a los resultados y observaciones que realice la misma y conocer los montos de los recursos recuperados frente a un ejercicio.

El diputado independiente, Manuel Clouthier Carrillo señaló que “es muchísimo dinero tan sólo para operar la planta laboral”. Se trata de un incremento de recursos equivalente al 18 por ciento, si quitamos la parte de inversión, y no como se plantea del 7.3 por ciento.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES) mencionó que “todo peso que se destine a la fiscalización, se debe ver como una inversión y no como un gasto, siempre y cuando éste sea eficiente, eficaz y oportuno. La fiscalización se debe ver como un incentivo social, sobre todo para el órgano legislativo que es el responsable por mandato constitucional”.

Por MC, la legisladora Claudia Corichi García coincidió en que el incremento tendrá que ser eficaz, puntual y rendir resultados, porque “hay un ánimo de que el combate a la corrupción sea prioridad, pero también que los recursos que se ejerzan sean claros”, sobre todo cuando la deuda de algunos estados como Zacatecas se incrementó en mil por ciento, tan sólo en seis años. 

La diputada Carolina Viggiano Austria (PRI) detalló que la ASF es una de las pocas instituciones que presentan un incremento en el PEF 2017; sin embargo, dijo, es necesario saber cuántas plazas actualmente la integran, qué funciones tendrán las nuevas y qué perfiles deberán tener quienes las ocupen. “Si el crecimiento de plazas es lo medular, tenemos que revisarlo”.

De la misma bancada, Marco Antonio Aguilar Yunes expresó que cada plaza que se pretende crear costará, en promedio, un total de 86 mil 914 pesos al mes. Ante ello, es importante que en virtud de la polémica que causarán, “es indispensable conocer los niveles, salarios y funciones de cada una de las personas que ocuparán esas nuevas plazas”.

La diputada Maricela Contreras Julián (PRD) precisó que es importante optimizar los recursos, pero “necesitamos tener información pormenorizada sobre las áreas en las que se van asignar estos montos en recursos humanos y las tareas que tendrán”.

En su turno, Arturo Peña Zazueta, titular de la Unidad General de Administración, explicó que entre las nuevas funciones que deberá atender la ASF están las relacionadas con investigación, substanciación, revisión de participaciones, deuda pública, participación en el Sistema Nacional Anticorrupción y  Fiscalización, así como el correspondiente al impacto en las áreas de soporte de la misma institución.

Otro de los rubros referente a este incremento, continuó, es el referente al capítulo de participaciones y aportaciones, el cual está asociado a la solicitud de un monto estimado en 100 millones de pesos que dará soporte a las nuevas funciones de la ASF en cuanto a colaboración con las entidades federativas para la revisión de las participaciones.

En su turno, Benjamín Fuentes Castro, secretario técnico del Auditor Superior de la Federación, detalló que se trata de hacer un incremento responsable y realista en términos de la información que tendrá que generar la auditoría.

 Dijo que el universo fiscalizable que realiza la ASF, vinculado con las mil 600 auditorías, implica 630 mil mdp, vinculadas al ramo general 33. “Hay que ser conscientes que el nivel de información para el gasto que se reporta a este ramo es distinto y variado respecto a lo que se da en participaciones, debido a la norma a nivel local es heterogénea”.

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, Víctor Manuel Andrade Martínez, consideró que en virtud de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 y la expedición de las correspondientes leyes secundarias, existe un cambio en las atribuciones de la ASF al establecer una nueva mecánica para la revisión de la Cuenta Pública.

Comentó que entre estas nuevas atribuciones, la ASF revisará también el gasto federalizado de las participaciones de los estados, se auditará la deuda garantizada por la Federación y el cumplimiento de la ley de disciplina financiera. Aunado a ello, la ASF, previa denuncia y de acuerdo a determinados requisitos, la auditoría tendrá la obligación de revisar ejercicios en curso y anteriores.

Asimismo, continuó, se suman facultades puntuales que se le dan en materia de investigación y substanciación. Dichas áreas se encargarán de procesar todos aquellos asuntos donde existe la presunción de falta grave, para que a su vez estos sean enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que es el competente para aplicar las sanciones tratándose de faltas graves.

“Son cambios sustantivos en la mecánica de la ASF, aunado a su participación en el Sistema Nacional Anticorrupción”, agregó.

Previamente, el titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), Alejandro Romero Gudiño, precisó que derivado de la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, su oficina asumirá nuevas funciones.

Se tendrá que ampliar el número de auditorías tanto para el gasto federalizado como en las evaluaciones técnico-legales a unidades investigadoras; de igual manera se deberán procesar las solicitudes y denuncias de la sociedad sobre el financiamiento de la fiscalización.

Precisó que la UEC tendrá que contar con un área de investigación y substanciación en materia de responsabilidades administrativas, por lo que la propuesta no será modificar la estructura de la unidad, sino crear 11 plazas adicionales, entre especialistas, equivalentes a jefes de departamento e investigadores, cuyo costo mensual de todas ellas será de 673 mil 722.95 pesos.

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