Enfrenta México sorda lucha contra la corrupción

Exhorta Coparmex CDMX a tres órdenes de gobiernos y ciudadanía a erradicar este flagelo y presenta 11 Compromisos para combatirla

Por Guillermo Pimentel Balderas

No hay duda alguna de que, uno de los mayores retos que enfrenta México en la lucha contra la corrupción, consiste en erradicarla en todos los órdenes de gobierno y no solo en el ámbito federal.

Además, es un hecho que aún prevalecen altos márgenes de discrecionalidad en el uso de recursos públicos pues la corrupción representa uno de los problemas de primer orden para el gobierno (así como la inseguridad), ya que la indignación y preocupación por este fenómeno ha ido en aumento.

En rueda de prensa, Claudia Icela Guzmán González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México, expuso que los esfuerzos por mejorar esta situación deben verse reflejados en avances concretos, en la construcción de mecanismos que garanticen la gobernabilidad y atienda el desarrollo en los ámbitos económico, político y social.

Se estima, dijo, que los costos de corrupción son económicos, políticos y sociales y éste tiene efectos importantes en el gasto público pues no solo se requiere destinar recursos para perseguir y castigar este tipo de actos, sino porque al existir corrupción, la eficiencia del gasto es menor.

Así, por ejemplo, indicó que el desvío de recursos, el desarrollo de obras públicas, al amparo de la opacidad; la existencia de adquisiciones al margen de la ley, entre otros, implican una menor eficiencia, precisamente, del gasto público traducida en bienes y servicios de menor calidad.

Otro ejemplo, explicó que en la Ciudad de México 61 %  de la población considera que después de la seguridad pública, la corrupción es el problema más importante.

“El 20%  de la población manifestó haber experimentado algún acto de corrupción convirtiéndose en la ciudad donde mayor cantidad efectos de corrupción per cápita se cometen en México”, precisó la ejecutiva de Coparmex.

Destacó Claudia Guzmán que como parte de las acciones que Coparmex ha impulsado para abatir esta problemática, ha promovido junto con Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Causa en Común, medidas que obligan a mostrar compromiso y voluntad  política con los “11 Compromisos Contra la Corrupción”.

En específico, estas 11 responsabilidades son: Asegurar Fiscalías Generales independientes y autónomas. Acatar y publicar observaciones de auditorías. Eliminar archivos de papel, cumplir con la ley de archivos y de transparencia. Publicar voluntariamente la “3de3” de todo el gabinete. Unificar Padrón de Beneficiarios de los servicios públicos y establecer requisitos para proyectos de infraestructura y disponer toda la información en datos abiertos.

También: Impulsar la Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas. Informar oportunamente sobre pasivos, pagos pendientes y obras inconclusas. Realizar las compras a través de CompraNet nacional. Reducir al mínimo los pagos en efectivo y Respaldar independencia y eficacia del Sistema Anticorrupción.

De hecho, detalló que estos compromisos engloban medidas que, de forma concreta y atendiendo a todo el ciclo del gasto público, limitarán la capacidad de los gobernadores para tener gastos irregulares o poco transparentes.

Apuntó Guzmán González que la contratación de obra pública es una asignatura especialmente proclive para la discrecionalidad en el uso de recursos públicos, por lo que se propuso una estrategia integral para combatir la corrupción asociada a este rubro.

“Nuevamente –agregó- tenemos información de que queda mucho por hacer. El Índice Legal de Obra Pública (ILOP) 2018, elaborado por el IMCO, muestra que ninguna entidad federativa cumple con más del 70% de los requisitos mínimos para que la obra pública tenga criterios técnicos, operativos y presupuestales adecuados”, manifestó.

En tanto, explicó que se estima que los costos de la corrupción se concentra en: Costos económicos: Inversión: hasta 5% menos en países con mayor corrupción (FMI). Ingresos de las empresas: pérdida de 5% de las ventas anuales (Ernest & Young). Piratería: pérdida de 480 mil empleos al año (CEESP). Producto Interno Bruto: 9% del PIB (Banco de México, Banco Mundial y Forbes).

Costos políticos: Insatisfacción con la democracia: Sólo 38% apoya a la democracia y a un 38% le es indiferente el tipo de régimen (Latinobarómetro 2018). Crisis de representación: 91% no confía en los partidos políticos, 83% no confía en los legisladores y 80% no confía en las instituciones del sistema judicial (Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia Mexicana).

Costos sociales: Bienestar: 14% del ingreso promedio anual de los hogares es destinado a pagos extraoficiales (Transparencia Mexicana) y en materia de violencia, existe una correlación positiva entre corrupción y niveles de violencia (Institute for Economics and Peace).

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