Jueces y Magistrados, un Poder abusivo e intocable en México

Dos hijas de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cobran en la nómina del máximo tribunal del país, y una de ellas cuenta con un salario bruto superior a 100 mil pesos mensuales, muy cerca del tope que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pretende fijar para los altos funcionarios del país, el cual será de 108 mil pesos al mes.

Una de ellas es hija del Ministro Presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, y la otra, hija del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Este tipo de abusos y opacidades son parte del debate que en los próximos meses desatará una iniciativa del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal.

Desde la semana pasada, informó que presentará una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, para erradicar así “situaciones indebidas” y de operación de grupos familiares en el circuito de impartición de justicia. “Se trata de un tema clave: el rediseño institucional del país. Al Poder Judicial no se la ha tocado por décadas”, sentenció tajante en conferencia de prensa.

“Ya presentamos en al grupo parlamentario todo el tema de ingresos y de privilegios; es impresionante y ahora estamos tocando redes”.

Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Monreal dejó claro que el Poder Legislativo tiene que actuar como un auténtico control, a través de su función constitucional, que es la elaboración de leyes para observancia general, no sólo para los miembros del Poder Judicial, sino para toda la ciudadanía.

No vamos a perder ni desaprovechar la oportunidad histórica y en el Senado vienen otras reformas todavía más profundas en esta materia, anunció.

En conferencia de prensa, comentó que el Poder Legislativo está tratando de constituirse como un auténtico control de los Poderes, porque así lo establece la Constitución, “no se trata de una confrontación estéril con el Poder Judicial o con otro Poder”.

Indicó que estas medidas permitirán avanzar “en un cambio verdadero” y de régimen; aunque yo sé que a algunos no les gusta y dicen que es agresión, pero es nuestro trabajo, la Constitución consagra al Legislativo como el resorte de control de los actos del Ejecutivo y del Judicial, precisó.

Ricardo Monreal aclaró que no se trata de una confrontación, sino que “a todos nos conviene tener un Poder Judicial que imparta justicia pronta y expedita, sin ninguna vinculación política y sin influencia interna o externa.

La impartición de justicia asentó, debe estar a la altura de las circunstancias que vive el país, alejada de la corrupción, del tráfico de influencias y de las redes familiares que desvirtúan y generan suspicacias.

Insistió en que no es un asunto de faltar al respeto al Poder Judicial ni de intervenir en su contra; se trata, precisó, de nuestra función de auténtico control de sus actos, vía legislativa.

En medio de esta nueva controversia, ahora con el Poder Judicial, ayer trascendió la primera información sobre como los ministros de la Suprema Corte y los Jueces utilizan su influencia para colocar a sus familiares o amigos en puestos de alto ingreso pese a que, en algunos casos, ni siquiera tienen una relación profesional directa con el Poder Judicial.

Los ministros contratan familiares a través de un esquema de contratación cruzada que el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Julio Ríos Figueroa, ha identificado como relaciones endogámicas en el reporte “El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación”.

De acuerdo con este reporte, publicado por Aristegui Noticias, una relación laboral endogámica se da cuando el familiar de un ministro, un magistrado o un juez trabaja en la misma unidad administrativa o en la misma área de adscripción. La Corte funciona como una misma área administrativa, separada del resto del Poder Judicial de la Federación.

El reporte advierte que 51 por ciento de los jueces y magistrados federales han logrado que uno de sus familiares trabaje en el mismo circuito judicial, es decir, en la misma área de adscripción o unidad administrativa, de acuerdo con la división geográfica que ha realizado el Poder Judicial de la Federación (PJF)..

Ana Elena Aguilar Arrangoiz es hija del Ministro Presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales. Su cédula profesional, emitida en 1998, indica que es Cirujano Dentista, pero ese no fue impedimento para que se integrara a la familia judicial.

A pesar de que su carrera no tiene relación con el derecho, ha laborado como Oficial Judicial, Oficial Administrativa y Secretaria Particular en dos tribunales colegiados y un juzgado especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, de acuerdo con las fichas biográficas del Consejo de la Judicatura.

Actualmente, la hija del Ministro Presidente de la Corte cobra como profesional operativa en la oficina o ponencia del ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, con un salario de 34 mil 757 pesos mensuales brutos.

Descontado el pago de impuestos, su sueldo se reduce a 26 mil pesos 398 pesos mensuales, cifra que no incluye las prestaciones a las que tiene derecho como parte de la familia judicial como son aguinaldo, asignaciones adicionales, prima vacacional, prima quinquenal, seguro colectivo de retiro, y seguro de gastos médicos mayores.

La contratación de Ana Elena Aguilar fue responsabilidad discrecional y directa del ministro Alberto Pérez Dayán, por lo que no existe una violación a la ley y tampoco de un caso de nepotismo directo.

Otra hija de un ministro que labora en la Suprema Corte es Daniela Pardo Soto Reyes. Su padre, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, se integró al Pleno del máximo tribunal en 2011.

En 2014, su hija Daniela concluyó la carrera de Derecho y obtuvo su cédula profesional. Tan sólo cuatro años después, la hija del ministro Pardo Rebolledo logró uno de los cargos más altos en la familia judicial y hoy despacha en la misma sede institucional que su papá: el edificio de Pino Suárez 2.

Actualmente se desempeña como Secretaria de Estudio y Cuenta Adjunta en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, por lo que su nombramiento fue una decisión directa del ministro Presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales.

Su salario bruto es de 135 mil pesos mensuales, percepción que se reduce a 95 mil pesos con los descuentos correspondientes a impuestos y fondos de ahorros. Sin embargo, esta última cifra no incluye las prestaciones de la familia judicial, entre ellas gastos médicos mayores, prima quinquenal, aguinaldo y asignaciones adicionales.