Van por empresas "fantasma" ligadas al narco y crimen organizado

El nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que su primera denuncia por lavado de dinero ante la Procuraduría General de la República (PGR) fue contra empresas fantasma ligadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Apenas en enero pasado, el ex jefe de Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín, había dado a conocer el impresionante dato de que más de 6 mil empresas “fantasma” en México han simulado operaciones por 1.4 billones de pesos, lo que equivale a 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“Estamos presentando una denuncia contra personas físicas y morales… Y el día de ayer entré en contacto con el doctor Alejandro Guertz Manero, el encargado del despacho en este momento de la PGR, para darle seguimiento no sólo a las denuncias previas que han sido presentadas por la UIF sino para tener un acercamiento, a fin de generar estrategias conjuntas de ataque a las estructuras financieras de los grupos delincuencias y de los casos de corrupción pública y privada“, dijo ayer Santiago Nieto.

En entrevista para #AristeguiEnVivo, recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado que la estrategia de confrontación contra la delincuencia organizada sólo ha provocado más violencia.

En ese sentido, apuntó, el punto central de la nueva táctica será “modificar el modelo para lograr un aseguramiento de cuentas bancarias, instrumentos y bienes producto del delito“.

Asimismo, dio a conocer que, contrario a lo que no se hacía, ahora se “le dará seguimiento a las denuncias que ha presentado la UIF frente a los jurisdiccionales” con dos objetivos claros: “constituirnos como víctimas en virtud de que se trata de una afectación al Estado mexicano en temas financieros; y lograr al final el decomiso de los bienes e instrumentos (para que) al momento de tener una sentencia condenatoria, sea un procedimiento abreviado o juicio oral”.

Desde su punto de vista, “esto es importante porque el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desde principios del año, planteó que México tiene un enorme déficit, un índice muy bajo de decomisos, de políticas de extinción de dominio y de sentencias condenatorias, en sede penal y administrativa, por casos de lavado de dinero y cualquiera de los delitos predicados, que incluiría desde los temas corrupción, enriquecimiento ilícito, peculado, hasta temas de financiamiento ilícito a las campañas electorales“.

Señaló que el bajo nivel de calificación que México tuvo a nivel internacional se debió a una actitud negligente y una perspectiva de no acción particularmente por la PGR.

“La Unidad de Análisis Financiero consiguió cero sentencias condenatorias en juicio oral, no aseguraron ninguna cuenta, el único aseguramiento de numerario (dinero) fue por 264 mil pesos, que realmente es ridículo en relación con la cantidad de recursos que se mueven por lavado de dinero en el país”, añadió.

Otro paso importante, destacó, es que el Senado de la República haya realizado una reforma al artículo 22 constitucional en materia de extinción de dominio, con lo que también será posible recuperar bienes producto de otros delitos como la corrupción.

“A partir de ahí lo que estamos planteando es una serie de ajustes a la Ley de Prevención y al Código Nacional de Procedimientos Penales para tener una participación más activa en los procesos y empezar a darle resultados a la ciudadanía en este tema”, expuso.

El funcionario precisó que si bien ya fue nombrado por el presidente López Obrador como titular de la UIF, aún falta que la Cámara de Diputados lo ratifique, tal y como lo establece la Constitución.

El monto que han facturado las empresas “fantasma” en México representa casi una tercera parte de todo el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 y es el doble del déficit fiscal estimado por la Secretaría de Hacienda al cierre del año pasado.

“Hay personas morales, empresas que desaparecen, que no tienen materialidad y atrás de ellas se esconden toda una serie de transacciones irregulares. Al día de hoy en el SAT hemos identificado más de seis mil 500 empresas que presumimos tienen esta característica, que han facturado más de 1.4 billones de pesos”, dijo Osvaldo Santín Quiroz.

“El hecho de no ser efectivos en esta función, le estamos abriendo las puertas al crimen organizado, le estamos abriendo las puertas para el lavado de dinero, para la evasión fiscal, para el contrabando y para la corrupción”, señaló Osvaldo Santín Quiroz en enero pasado.