Y ahora va la 4aT en Universidades e IP; adios a becas de investigación

El gobierno de la República anunció esta semana una serie de enmiendas legislativas para modificar la política científica del país, modificar el sistema de becas para estudiantes de posgrados y hacer obligatoria la “gratuidad” en universidades públicas, eliminando las cuotas a estudiantes, lo que podría profundizar la crisis financiera que ya viven actualmente.

Por lo que se refiere al tema de la “gratuidad”, se habla de eliminar el cobro de cuotas a los estudiantes, lo que tendría un  impacto financiero muy alto para las universidades y afectaría a los presupuestos de las instituciones públicas de educación superior.

Se estima que podría ser cercano a los 13 mil millones de pesos anuales”, advirtió el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda.

De eliminarse las cuotas estudiantiles, sin ninguna compensación en el presupuesto de las instituciones, se verá disminuida la prestación de servicios a favor de los propios estudiantes. Además se agravará la política financiera de las universidades e instituciones, que de por sí, algunas tienen problemas severos, advirtió.

En medio de estas enmiendas que se avecinan, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que la autonomía universitaria se respetará absolutamente, “no habrá ni un paso atrás”. Dijo que la convicción por la autonomía universitaria va más allá de los partidos, “y es sin duda alguna uno de los baluartes que tenemos en nuestro país y vamos a mantenerlo, a reforzarlo y a respetarlo siempre”.

Morena presentó ante el Senado la propuesta oficial para la conformación del Conahcyt, con lo que se pretende dar un “golpe de timón” a la política científica del país y se evitará que el dinero público beneficie a privados, señala el proyecto que ya está en estudio en el Congreso.

Mientras tanto, el Presidente López Obrador anunció que en breve se regulará el paso de funcionarios del sector público al privado, y serán 10 años el tiempo mínimo para ocupar una nueva posición en la IP

El paso de funcionarios públicos al sector privado se regulará durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para evitar que incurran en conflicto de intereses.

Lo anterior, había dicho López Obrador en días anteriores, se debe a que estos funcionarios tienen información estratégica sobre el país, por lo que al pasar al sector privado, entran en conflicto de interés y pueden hacer negocios a costa del bien público, especialmente en el sector energético.

se presentarán iniciativas del ley con el propósito de “que quede prohibido durante un periodo de tiempo de más de diez años que un servidor público pueda tener trabajo en empresas relacionadas con el cargo que desempeñó“.

“Lo vamos a prohibir”, dijo, pero advirtió que esto no se hará de manera forzada. “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, reiteró el presidente.

“Ya está la iniciativa“, adelantó, y añadió que ésta “tiene que ver con el proyecto de austeridad y otra leyes”.

Con al tema de Conacyt, Morena presentó en el Senado la propuesta oficial para dar “un golpe de timón” a la política científica del país, a partir de crear el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), que concentrará la toma de decisiones, para lo cual desaparecerán los siete órganos colegiados, donde las universidades e investigadores tienen presencia, y evitará que el dinero público beneficie a privados.

Uno de los objetivos del “cambio jurídico de raíz” que impulsa el nuevo gobierno con esta iniciativa es que la nueva estructura “impida que ciertos grupos del sector privado y gestores de recursos incidan negativamente en la política pública de la ciencia, tecnología e innovación, así como que el uso de recursos del sector para solventar obligaciones de los gobiernos de las entidades federativas”.

Los siete órganos colegiados en los que universidades e investigadores tienen presencia dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación desaparecerán y sus funciones serán absorbidas por el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

Con la iniciativa presentada se busca que la nueva estructura “impida que ciertos grupos del sector privado y gestores de recursos incidan negativamente en la política pública de la ciencia, tecnología e innovación, así como que se utilicen recursos del sector para solventar obligaciones de los gobiernos de las entidades federativas”.

Presentada por la senadora Ana Lilia Rivera, la propuesta ordena la desaparición de los siete órganos colegiados, donde la UNAM, IPN y Cinvestav inciden en la política científica.

“Seguirá siendo un organismo público descentralizado del Estado mexicano, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa”, detalla el documento.

Propuesta

La iniciativa plantea que el nuevo Conahcyt absorba a los siguientes organismos:

  • Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia.
  • Consejo Consultivo de Ciencias.
  • Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
  • Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
  • Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
  • Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación.
  • Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.

La iniciativa señala que con esto se busca acabar con coyotaje en ciencia. La iniciativa de Morena plantea que con esto se evitará que gestores de recursos incidan negativamente en la política pública de la ciencia.

Dice que actualmente, “los esquemas y mecanismos jurídicos y administrativos están diseñados para facilitar que empresas privadas, a través de la mediación de instancias estatales, se sirvan de los recursos públicos para financiar sus emprendimientos sin riesgos ni costos y sin responsabilidad social alguna, así como para que los gobiernos de las entidades federativas suplan sus omisiones en materia de desarrollo social y prestación de servicios públicos”.

La iniciativa para crear la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, presentada por la senadora Ana Lilia Rivera, ordena la desaparición de los siete órganos colegiados de decisiones, donde académicos de la UNAM, IPN y Cinvestav, principales semilleros de conocimiento científico, inciden en la política científica.

“La presente iniciativa impulsa la transformación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para convertirlo en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que seguirá siendo un organismo público descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa”.

El Consejo integrará estructuras y funciones que ahora se encuentran dispersas en distintos órganos del actual Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Así, plantea que el nuevo Conahcyt absorba las tareas de los organismos colegiados donde hoy confluyen científicos y tecnólogos de diferentes instituciones educativas.

Añade que “la reorganización de los espacios y mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias y entidades públicas, federales y locales, y los Centros Públicos de Investigación, así como de consulta y participación de la comunidad académica, científica y tecnológica y los sectores público, social y privado, evitando la creación de nuevos órganos autónomos de cabildeo y representación de intereses corporativos o la institucionalización de grupos de presión que actúen en representación de intereses particulares”.

Mientras tanto, el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, destacó que es necesario acordar una política educativa de Estado con visión de largo plazo.

Subrayó que alcanzar la universalización, exigirá de un esfuerzo inédito del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno y de todos los actores educativos implicados.

“Esfuerzo no sólo en materia presupuestaria, sino para el acuerdo de política y programas con visión de largo plazo que hagan efectivo el derecho a la educación superior”, indicó.

Para los efectos de la gratuidad, señaló la necesidad de precisar los alcances de este concepto, y consideró necesario que los legisladores tomen en cuenta los impactos que tendrá la gratuidad en las finanzas de las instituciones públicas de educación superior.

El secretario general de la ANUIES mencionó que dichas instituciones cobran cuotas a los estudiantes en rango amplio que incluso, a veces, representa 30 por ciento de los ingresos de las universidades.

“El impacto financiero de la gratuidad es muy alto y afectaría a los presupuestos de las instituciones públicas de educación superior, se estima que podría ser cercano a los 13 mil millones de pesos anuales”, expuso.

Por lo tanto, Jaime Valls advirtió que de eliminarse las cuotas estudiantiles, sin ninguna compensación en el presupuesto de las instituciones, se verá disminuida la prestación de servicios a favor de los propios estudiantes.

Además, destacó, se agravará la política financiera de las universidades e instituciones, que de por sí, algunas tienen problemas severos.

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