Los Zetas, los Moreira y un Coahuila destrozado

México. 22/11/17.- Con base en reportes periodísticos, entre ellos algunos publicados en Proceso, así como en información inédita obtenida de otros archivos y testimonios, ambos especialistas explican lo ocurrido en el norte de Coahuila a través de tres vertientes: lo sucedido en la cárcel de Piedras Negras, la dimensión que tuvo la venganza Zeta iniciada el 18 de marzo de 2011 y la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en esa masacre.

El Yugo Zeta ofrece una explicación detallada sobre la vida, la disciplina y la muerte al interior del penal de Piedras Negras, una prisión controlada por Los Zetas, y el trabajo expone el expediente APP 005/2014-BIS, de mil 535 folios, facilitado por la Fiscalía General del Estado, documento que contiene las declaraciones ministeriales de 11 integrantes de Los Zetas, 49 internos, 21 custodios y 18 empleados del penal. En total 119 implicados en esta trama de venganza y muerte.

La cárcel era un cuartel que jugaba un papel clave en el esquema de negocios y terror Zeta. Aun cuando conocían lo que sucedía, los gobiernos estatal y federal subsidiaban el centro penitenciario. En 2011, el presupuesto destinado a las cárceles de Coahuila fue de 135 millones de pesos.

Entre el 18 y el 22 de marzo de 2011, Los Zetas desencadenaron una venganza en toda la región. Desde Allende y Piedras Negras se hicieron en esos cinco días cerca de mil 451 llamadas al teléfono de emergencia 089.

La trama que apunta a la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en la venganza Zeta opera así: ellos compran los narcóticos que los cárteles mexicanos envían, y en pago suministran a los sicarios las armas que los hacen tan letales, al tiempo que han impuesto al gobierno mexicano una estrategia errónea.

Un decomiso de armas a Los Zetas en Coahuila. Foto: Miguel Dimayuga

El Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Piedras Negras derivó en un enclave criminal, uno de los espacios que John Sullivan define como “zonas sin ley”, “espacios sin gobierno” o “zonas de impunidad”, donde fuerzas enfrentadas al Estado crean soberanías paralelas o duales en un sistema político “neo feudal”.

Este enclave era vital para la organización Zeta, debido a que era un refugio seguro para los capos que deseaban esconderse de los federales fuera de la nómina criminal; igual servía para obtener ingresos vendiendo drogas, refrescos y hasta chicharrones, cobrando cuotas por el uso de las celdas o rentando los cuartos utilizados para la visita conyugal.

También proporcionaba a Los Zetas un lugar discreto y seguro para instalar los compartimentos secretos en los automóviles que llevarían drogas a Estados Unidos, al tiempo que servía de base para reclutar sicarios; y finalmente era un centro ideal para confinar temporalmente a los secuestrados y torturar y ejecutar a elementos de bandas rivales y desaparecer sus cadáveres.

El penal dependía de un Zeta identificado como David Loreto Mejorado, el “Comandante Enano” (o “Nano”). Él o sus superiores nombraban al responsable de manejar el lugar.

Este ““Jefe de Cárcel”” fue nombrado en diciembre de 2009 y gobernó el Cereso hasta enero de 2012. Cuando rindió su declaración ministerial (diciembre de 2014), “El Nano” tenía 45 años. Por cierto, fue policía municipal.

Para cumplir con sus encomiendas, el “Jefe de Cárcel” tenía un equipo de 92 colaboradores, entre lugartenientes, escoltas y mandaderos.

Igual definía las prioridades en ese establecimiento penitenciario: Si la actividad que deja más ganancias es el contrabando de drogas, entonces el “arreglo” de vehículos era lo principal. En segundo lugar, la elaboración de equipamiento bélico y, tercero, la destrucción de cuerpos.

El capo imponía orden y obtenía obediencia infundiendo miedo y aplicando a la menor oportunidad la fuerza bruta. Para los recién llegados las golpizas eran parte de la cotidianidad.

Los castigos más frecuentes eran los “tablazos”: con una tabla de madera y bates de aluminio se les pegaba a los internos en sus glúteos. Esta costumbre viene de los ritos de iniciación en colegios militares.

Incluso, un preso declaró que el “Jefe de Cárcel” dio de tablazos al director del penal, a los “RT” (responsables de turno), a los guardias y hasta a los celadores.

Los Zetas tenían su propia cárcel dentro del penal: era conocida como “El Monte” y se ubicaba en el área de máxima seguridad del penal. Ahí metían a los internos que cometían alguna infracción y a los secuestrados del exterior mientras se negociaba el pago del rescate. El lugar podía estar muy concurrido, ya que en una ocasión llegaron a tener 50 internos castigados.

Tanto control era posible por el tipo de armamento a su disposición. Los custodios andaban desarmados, a excepción de los jefes de turno y los comandantes. Lo opuesto sucedía con Los Zetas, quienes portaban armas cortas y radios de comunicación que les permitían controlar todas las áreas del penal. Periódicamente entraban Zetas del exterior con armas largas.

La cárcel también operaba como un depósito de drogas y, según las declaraciones rendidas en los juicios en Estados Unidos y analizadas por un equipo de la Universidad de Texas en Austin, a cargo de Ariel Dulitzky, los criminales contaban con un taller para “arreglar” autos y adaptarlos para transportar, vender y distribuir estupefacientes.

El penal de Piedras Negras también era un centro de consumo de narcóticos. Al reconocer este hecho, el “Jefe de Cárcel” explica que el abastecimiento se hacía a la vista de todos: “La droga me la entregaba un contador que trabajaba para Los Zetas… los celadores lo dejaban entrar por la puerta principal del penal y él me entregaba una mochila que contenía sobres con las drogas”.

El Cereso de Piedras Negras, Coahuila. Foto: Especial

En algún momento de 2010, el “Comandante Enano” exigió al “Jefe de Cárcel” que ampliara las fuentes de ingreso, como en el penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde hacían bastante dinero “chingándose a los internos [con]extorsiones y multas”. El “Jefe de Cárcel” asegura haberse negado. Finalmente, cobró cuota semanal de 25 pesos que luego aumentó a 50. Es decir, rentaban las celdas construidas y mantenidas por el propio Estado.

Según el expediente de referencia, Los Zetas gastaban aproximadamente un millón y medio de pesos al año en pagos al personal directivo y de seguridad.

Un factor medular para el cártel era el control de los talleres del penal. En el de hojalatería y pintura –el más importante, en opinión de Aguayo y Dayán— se adaptaban los autos para introducir la droga a Estados Unidos. Llegaban vehículos robados o comprados. Entonces, los reparaban, pintaban, polarizaban y, si se requería, se les cambiaba el número de serie.