Aprueba Consejo del INE controversia vs reforma
El Consejo General del INE aprobó el proyecto de acuerdo, elaborado por seis de sus miembros, que insta a la Secretaría Ejecutiva del organismo autónomo a presentar una controversia constitucional para frenar una reforma impulsada por Morena, que concentra el poder en la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, en detrimento del Consejo General.
A pesar de los reclamos de Morena, y de los votos en contra del grupo de consejeros afines a Taddei, el acuerdo fue aprobado con seis votos a favor y cinco votos en contra, que ordena a la Secretaría Ejecutiva del INE a presentar la controversia constitucional para revertir las reformas a los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIEP) a más tardar el próximo 19 de noviembre.
Las reformas a la LGIEP, aprobadas por la bancada parlamentaria de Morena al margen de la reforma al poder judicial, otorgan a Taddei la facultad de designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del INE, sin someter los nombramientos a la votación del Consejo General, como era el caso, y amplían los poderes de la Junta General Ejecutiva, que estará bajo el control de la presidencia del instituto, es decir, de Taddei, a quien se identifica por su cercanía con Morena y cuyo hijo trabaja para la ministra Yazmín Esquivel, según versión extra oficial que no ha sido desmentida.
Los seis consejeros que promovieron el acuerdo –Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey Jordan, Dania Ravel Cuevas, Claudia Zavala Pérez, Martín Faz Mora y Jaime Rivera Velázquez– señalaron las fallas de la reforma y advirtieron que la concentración de facultades en la presidencia instituto abre la puerta a que intereses externos ejerzan influencias en el INE.
Taddei y sus tres consejeros cercanos –Jorge Montaño Ventura, Norma Irene de la Cruz Magaña y Rita Bell López Vences– alegaron por su parte que el INE no puede presentar una controversia constitucional en este caso; defendieron los alcances de la reforma, y acusaron a los seis consejeros de redactar y presentar el acuerdo sin consultarlos. Los cuatro presentaron votos particulares.
Taddei descalificó a sus seis compañeros y dijo que su controversia sienta un “precedente muy negativo para la institución”, y recalcó de que “no es la primera vez que seis consejeros invaden temas que tienen que ver con el ejercicio de la responsabilidad de la presidencia”.
La presidenta del INE acusó a los seis disidentes de poner al instituto en la luz “de una manera totalmente incorrecta”, y deploró que hayan presentado el acuerdo ignorando su petición de no hacerlo. “Los convoqué a resolverlo aquí dentro, a primero escuchar, a tocar las puertas de la colegialidad interna, no buscarla en una resolución jurídica”, dijo.
La colegialidad no es un capricho político, es una garantía de imparcialidad y de independencia, y está diseñada para proteger al INE como institución”, respondió Arturo Castillo, quien deploró que “lo que antes dependía de 11 votos ahora dependa de una sola decisión de un solo cargo, unipersonal y directo, literalmente pone en riesgo a esta persona, quien sea que ocupe el cargo, en el momento de hacer estas designaciones”.
“A lo largo de este año y medio, cuando empezamos a discutir la integración de la Junta General Ejecutiva, no fue secreto que recibimos una enorme cantidad de presiones algunas de nosotros; yo sí recibí presiones. No es lo mismo que se distribuyan las presiones entre 11 consejerías, a que una sola persona tenga que aguantar este nivel de presión”.
La consejera Dania Ravel advirtió “hasta hoy en nuestro país sigue imperando el Estado de derecho; esto es lo que nos permite traer a discusión este acuerdo”, y aseveró que con la reforma “se rompe el blindaje ante la influencia de intereses políticos externos al instituto, cosa que sí se garantizaba con una decisión colegiada”.
Ravel también deploró que las reformas “se hicieron de forma tan apresurada que no modificó el artículo 44, que sigue estableciendo que la designación de las personas titulares de las áreas técnicas corresponde al Consejo General”.
El consejero Uuc-Kib Espadas Ancona denunció una reforma “terriblemente antidemocrática y autoritaria”, aprobada con una “maniobra desaseada” por la mayoría de Morena en el Senado, pero criticó a los seis consejeros que elaboraron del acuerdo por no buscar el consenso en torno al documento. El consejero votó en contra del acuerdo.
Espadas aseveró que la aprobación del texto vulneró el reglamento del Senado, pues insistió en que esta reforma “no venía en la iniciativa presidencial, nunca se discutió en comisiones, y fue metida de última hora, simulando ser una reserva cuando se trató de una adición”.