CIDH activa alarma internacional contra reforma judicial en MÉXICO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigirá al Estado mexicano responder en 4 meses a todas las denuncias sobre violación de derechos durante la llamada “elección popular” que colocó a los jueces que hoy componen la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La CIDH activó el principio de no regresividad: no puedes desmantelar un sistema judicial profesionalizado y sustituirlo por uno de elección popular sin violar tratados internacionales firmados por México en 1981. Si la Comisión concluye que hay violaciones a la Convención Americana, el caso sube a la Corte IDH.

Ahí, las sentencias son vinculantes. México tendría que enmendar su reforma luego de que el Estado Mexicano bloqueó todos los mecanismos internos para cuestionar la reforma judicial. La vía interamericana es la única que quedó. Esto se logró por la intervención de 65 jueces y magistrados que interpusieron la demanda.

Con casi 30 años de carrera cada uno, lograron que la Comisión atrajera el caso y ya se encuentra formalmente dentro de las instancias de la CIDH. No se trata de una posibilidad futura; el organismo internacional ya admitió a trámite las denuncias e incluso ha emplazado formalmente al Estado mexicano para que rinda cuentas.

Debido a que en el derecho interno mexicano se bloquearon las vías de impugnación constitucional, la CIDH analiza aplicar una modalidad procesal excepcional para resolver la admisibilidad y el fondo del asunto en un mismo laudo, motivado por la gravedad de la situación.

El caso incluye una demanda colectiva que representa a más de 400 juzgadores federales. El órgano internacional notificó formalmente al Estado mexicano (a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores) otorgándole un plazo improrrogable para responder y justificar legalmente la reforma.

Tras el periodo de respuesta de las autoridades mexicanas, la Comisión determinará si existe una violación a las obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial y acceso a la justicia.

De no existir una solución amistosa entre las partes, la CIDH podría emitir recomendaciones de fondo o, eventualmente, turnar de manera oficial el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para un juicio internacional vinculante.