Crece rechazo a reformas en educación básica

A tan sólo una semana de haberse anunciado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que los cambios anunciados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) relacionados con el Plan y Programas de Estudio (PPE) 2022 de educación básica, son “imprecisos y más ideológicos que pedagógicos”.

Organizaciones civiles, académicos e investigadores cuestionaron el nuevo plan de la SEP para reformar la estructura de 6 grados de educación primaria y advirtieron en un desplegado que la propuesta margina los fines pedagógicos bajo dogmas y premisas no comprobadas. Se ven planteamientos ideologizados y sin diagnóstico serio de por medio, coincidieron en señalar.

Mientras tanto, pese a la trascendencia de este proyecto de reforma educativa, la UNAM, UAM y otras instituciones de nivel superior, guardaron silencio y no han fijado una postura oficial en pro o en contra de la iniciativa.

En un desplegado que se ha empezado a viralizar, un centenar de académicos, investigadores, pedagogos y especialistas advierten que la SEP intenta “un reordenamiento completo de la actividad educativa sin diagnóstico claro de los problemas relevantes y sus causas profundas.

Se quiere pasar de la educación moderna actual, que según los actuales funcionarios de la SEP “ha servido exclusivamente a las élites empresariales y élites políticas dominantes”, e imponer una educación que “sirva”; dirigida “a los grupos sociales oprimidos”; “que tenga como centro organizador, no al alumno, sino a la comunidad”.

La audacia con la que pretende proceder la SEP, tiene el potencial riesgo de atropellar principios constitucionales, de dejar atrás todo intento por lograr educación de calidad y, en su persecución de un idealizado concepto de “comunidad” a la que hay que servir, de atomizar el modelo educativo nacional hasta el punto en el que pierda toda solidez.

Entre el centenar de firmantes aparecen personajes como José Woldenberg, María Marván, Claudio Lomnitz, Gilberto Guevara Niebla (Subsecretario de educación en el sexenio de López Obrador), Héctor Aguilar Camín, Jacqueline Peschard, Jean Meyer, Jorge Javier Romero.

Los firmantes se declaran preocupados por el estado actual y futuro de la educación, “que es la fuerza social que puede abrir un horizonte de esperanza para que los mexicanos construyamos unidos, civilizadamente, una sociedad democrática, con estado de derecho, con justicia social, con paz, y con un medio ambiente protegido”.

En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) señala que la propuesta de la SEP busca reordenar la actividad educativa sin un diagnóstico profundo, sin dejar claro el objetivo que se persigue, ni cómo se evaluará a los estudiantes, ni cómo se organizarán las asignaturas y las fases, en sustitución de los grados académicos.

Tanto los firmantes como la COPARMEX, coinciden en que los Programas de Estudio propuestos por la SEP implicarían la desaparición de las asignaturas; que el maestro no evalúe a los alumnos con exámenes ni les ponga calificaciones, sino que los alumnos se califiquen a ellos mismos.

“Desaparecerán los grados y la escuela se organizará por fases; los maestros no están obligados a seguir estrictamente los planes de estudio oficiales, podrán libremente transformarlos para ajustarlos al contexto”, se añade.

El proceso educativo de enseñanza y aprendizaje tendría como escenario principal, no la escuela sino la “comunidad”; el conocimiento científico perderá su posición privilegiada en el currículum, de modo que aprender matemáticas o ciencias tendrá igual valor que aprender las creencias, las tradiciones, los rituales y las fiestas de la comunidad.

La educación emergerá, argumenta la SEP, del encuentro entre una esfera pública (la escuela) y otra privada (la comunidad).

La propuesta educativa de la SEP no tiene antecedentes históricos ni en México ni en el extranjero de una educación comunitaria cómo la que se propone. “Se asume una idea mítica de la comunidad que responde a una fantasía comunitaria más que a la realidad mexicana”, advierten los académicos y especialistas.

Además advierten que los documentos de la SEP están redactados “en una confusa retórica incomprensible en la cual no se definen con claridad los objetivos que se persiguen”.

La propuesta se funda en una visión sectaria e ideologizada, además de que abandona los fines nacionales de la educación, y dispersa esa actividad en miles de comunidades cuyos saberes, usos y costumbres impactarán decisivamente en la formación de los alumnos.

Este proyecto no respeta sino atropella principios constitucionales básicos como el laicismo, la rectoría estatal de la educación, el carácter y el criterio nacional de la educación, la unidad de la nación, la disposición de promover el desarrollo continuo del proceso enseñanza y aprendizaje, el fomento del amor a la patria, el criterio que establece que la educación se base en los avances del desarrollo científico y luche contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Por su parte la Coparmex advirtió que si bien la educación se debe actualizar y reformar con base en procesos que contribuyan a la construcción de un mejor país, se necesita también, de forma urgente, plantear como objetivo abatir el rezago educativo que se agravó por la pandemia.

“Nos parece preocupante que los cambios que comenzaron en 2021, con el diseño de 18 libros de texto (que no concluyó), continúen este año con el anuncio del cambio del Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 sin contar con una evaluación de los planes 2011 y 2017 que aún se encuentran en operación”.

La Confederación señaló que se anuncia un Modelo Educativo que no precisa los mecanismos de implementación relacionados con los campos formativos, así́ como las fases, por lo que pudiera parecer que ya no habrá́ asignaturas, niveles, y grados escolares.

Aunque las autoridades sugieren esta reforma para terminar con fenómenos tan complejos en el país como la pobreza y la ignorancia, se debe considerar que “atender estas problemáticas sociales requiere de mucho más que un cambio en el PPE para erradicarse”.

Señaló que la propuesta llega en un momento donde la pandemia no puede ser un pretexto para justificar los graves problemas en el Sistema Educativo, que tiene como uno de sus más grandes retos, regresar a las aulas a 3,656,928 mil estudiantes que no lo han hecho.

“Es también grave que se pretenda aislar a México del mundo, que se planteé eliminar los exámenes estandarizados que permiten realizar comparaciones a nivel internacional. Estamos convencidos que lo que no se mide con indicadores claros, no puede mejorarse. Para tener una educación de calidad es imprescindible que podamos contar con evidencia cuantitativa de los avances y rezagos”.