Después de 1 de junio, Morena tendrá control absoluto de tribunales electorales
Por la forma en que están diseñadas las elecciones del próximo 1 de junio, Morena tendrá el control de todos los tribunales electorales del país, denunció ayer en el Senado de la República el Partido Acción Nacional.
De esta forma, el partido en el poder va a secuestrar la justicia electoral local y por ende, los procesos electorales que vienen advirtió la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo.
Recordó que en 2026 y 2027 habrá elecciones estatales claves y en el 2030 se renovará la Presidencia de la República, por lo que está en juego que dichos órganos jurisdiccionales sean “árbitros imparciales o piezas de un ajedrez político”.
Advirtieron que dicha estrategia está diseñada desde Palacio Nacional, que busca colocar gente improvisada e incluso personajes que están impedidos por la ley para ser jueces o ministros.
La senadora Laura Esquivel Torres lamentó que el oficialismo quiera “agandallarse” a los tribunales electorales para entregarlos a cuotas o pagar favores políticos. “Llegarán a tribunales a robarse lo que no van a ganar en las calles en 2027”.
Mientras tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la prohibición del Instituto Nacional Electoral (INE) para que funcionarios públicos de todos los poderes y niveles de gobierno difundan la elección judicial.
Por tres votos a favor y dos en contra, votaron así, en contra de lo que establece lo que la actual mayoría oficialista dejó plasmado en las leyes electorales para prohibir el uso de recursos públicos en la promoción de procesos electorales.
El artículo 506 de la LGIPE dice en su apartado 1 que “queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución”.
Pero la magistrada presidenta, Mónica Soto, dijo que es absurdo que se quiera mantener en secreto que habrá elecciones el próximo 1 de junio y silenciar a los poderes que promovieron candidaturas, al considerar que el INE emitió un acuerdo que limita la difusión de la participación ciudadana.