Elección judicial: improvisada, opaca y demagógica
México profundizó su crisis constitucional, tras la repentina renuncia de los miembros del Comité de Evaluación del Poder Judicial, y la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral de que el Senado decida, por tómbola, quienes serán los aspirantes a magistrados, jueces y ministros que participarán en la elección de junio próximo.
El texto constitucional establece que serán solo los Poderes quienes remitan sus postulaciones en el término del plazo previsto en la convocatoria. No puede un Poder tomar determinaciones por otro Poder, que competen exclusivamente a éste y menos mediante una tómbola improvisada. Se trata de una invasión de facultades que trastoca el texto constitucional de la mal llamada reforma al Poder Judicial.
La Junta de Coordinación Política del Senado, decidió que el próximo viernes realizará el sorteo para insacular a los candidatos que correspondía evaluar al Poder Judicial, pero sin la participación del PAN que, al igual que PRI y Movimiento Ciudadano, anticiparon que no convalidarán un sorteo de esa naturaleza, por tómbola.
Advirtieron que esta decisión de la Mesa Directiva del Senado, amplía las ilegalidades de la mal llamada “reforma judicial” que lleva a cabo Morena, y consuma otro desacato, al dejar sin efecto la posibilidad de que la Suprema Corte decida si es válida o no la suspensión emitida por dos jueces, de suspender la selección de aspirantes de parte del Poder Judicial.
Se pretende que desde los órganos directivos del Senado de la República se invalide la competencia del Poder Judicial y de su Comité de Evaluación al atraer un proceso de selección que corresponde al Poder Judicial, advirtió en un comunicado la bancada del PAN.
En la Suprema Corte ya se admitió una solicitud para dirimir la contradicción de criterios entre los Juzgados de Distrito y la Sala Superior del TEPJF, que deben ser resueltas, por el Máximo Tribunal sin que cualquier otro poder u órgano del Estado invada sus facultades. Sin la determinación final de la Suprema Corte, la suspensión emitida se encuentra vigente.
Por tanto, cualquier acto que la contradiga constituye un desacato judicial que no será avalado por el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado. Movimiento Ciudadano, advirtió por su parte, que se ha desatado una nueva cadena de ilegalidades en la instrumentación de la reforma judicial, que tiene un ánimo de captura política contra uno de los Poderes de la Unión.
La creciente tensión entre el TEPJF, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Comité de Evaluación del Poder Judicial al buscar desacatar una suspensión concedida por un juez federal con apego a la Ley, lleva a México a una grave crisis constitucional y de ilegalidad por tratarse de una Reforma Judicial mal planteada.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que la Mesa Directiva del Senado de la República no tiene facultades para suplir al Comité de Evaluación del Poder Judicial. Las determinaciones realizadas por el TEPJF se contraponen con determinaciones hechas por un Juez de Distrito del mismo Poder Judicial. No hay claridad respecto a lo que debe o no acatarse.
En su afán de ejecutar una venganza política, plantearon una reforma improvisada, carente de análisis jurídicos y técnicos sólidos, sin un diálogo inclusivo y desatendiendo las verdaderas necesidades de justicia de los mexicanos. La reciente resolución del Tribunal Electoral profundiza la crisis constitucional.
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