Fiscalía General continúa averiguación vs 31 científicos y académicos

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará una tercera orden de arresto en contra de 31 científicos e investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes acusa por delitos patrimoniales en contra del erario público.

El juzgador consideró que la empresa privada creada, autorizada y fondeada por el grupo de científicos del Conacyt, usó recursos federales destinados a la investigación, con los cuales compraron muebles, vehículos, inmuebles, pagaron salarios y servicios directos.

Sin embargo, ello no actualizaba hechos delictivos porque el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt avaló ese tipo de operaciones. Aún así, la FGR anunció que mantendrá la averiguación, aunque no ha permitido el acceso a los acusados, a la carpeta de investigación.

La fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero, dice que es inaceptable que a través de un estatuto interno, emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, se vaya en contra de lo que estipula la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del propio Conacyt, que son obligatorias para ellos.

Según, las regulaciones superiores no permiten que la institución de investigadores pueda convertirse en una empresa privada, cuyos recursos sean obtenidos de fondos públicos, dice la dependencia, en medio de un escándalo que empieza a escalar.

“Se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”, destacó la dependencia.

La FGR busca penas de hasta 40 años de cárcel y reclusión inmediata en Almoloya para académicos denunciados por Conacyt porque, según dice, los imputados participaron en un esquema para aprobar recursos que se destinaron al denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT).

Esta era una asociación privada financiada ilegalmente por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con dinero que debió destinarse exclusivamente para desarrollar proyectos de investigación, dice el proyecto de sentencia de la FGR.

Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), calificó como un despropósito la acusación de asociación delictuosa presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 investigadores.

“La Universidad Nacional Autónoma de México reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia y creemos firmemente en la división de poderes y en su autonomía, con un respeto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados.

“Estaremos atentos y comprometidos en ello”, afirmó Graue Wiechers durante la ceremonia de cancelación de la estampilla postal por los 100 años del escudo y lema universitarios.

El rector de la UNAM agregó que las acusaciones y solicitud de detención contra los académicos han generado una creciente preocupación y desasosiego entre la comunidad académica nacional.

En un boletín difundido este miércoles por la Universidad, se indica que en la ceremonia estuvieron presentes  la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Rosaura Ruiz Gutiérrez; el secretario General de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, y los presidentes de la Junta de Gobierno y de la Junta de Patronos de la UNAM, Rafael Lira Saade y Mario Luis Fuentes Alcalá.

Este 22 de septiembre, un juez rechazó la segunda solicitud de la FGR para procesar a quienes, en su carácter de servidores públicos, financiaron una empresa a la que se adhirieron bajo la aprobación de un estatuto interno.

 

A la comunidad universitaria

A la opinión pública

La Universidad Autónoma Metropolitana se mantiene atenta al curso del procedimiento penal en el que un juez federal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, no encontró elementos para proceder con la emisión de órdenes de aprehensión en contra de personas que, por sus méritos académicos, formaron parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del CONACyT o de comisiones de éste. Asimismo, en apego al principio de presunción de inocencia, la Institución manifiesta su confianza en la integridad de las y los académicos que enfrentan esta acusación y se pronuncia por el recto actuar de las instancias encargadas de resolver este conflicto.

 

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