Acciones que produzcan trabajos decentes y dignos, para dar a las familias seguridad alimentaria, educación plena, esparcimiento, seguridad y un hogar en armonía demandaron hoy diputados federales al hacer la glosa del 4o Informe de Gobierno en el rubro de Política Social.
El Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES) se pronunció porque la política social tenga como una de sus vertientes prioritarias el fomento a los organismos de economía social.
El diputado Abdies Pineda Morín, a nombre del GPPES advirtiò que urge cambiar el paradigma que lleva al gobierno a administrar la pobreza y no a superarla.
Puntualizó que el Congreso de la Unión no ha escatimado su apoyo a las iniciativas del Ejecutivo federal, para apuntalar sus estrategias de desarrollo, y cuestionó que la Estrategia de Inclusión Social no ha sido capaz de producir más y mejores salarios, ni poner al alcance de las familias la canasta básica.
Pineda Morín planteó el aprovechamiento de los productos del campo y del mar para combatir el hambre, sobrepeso y obesidad que afectan a los mexicanos.
Sobre la Cruzada Nacional Contra el Hambre, detalló, el informe menciona que con 13 mil comedores comunitarios se beneficia a un millón 100 mil mexicanos, es decir, “sólo al 0.91 de la población, lo que demuestra que es un programa insignificante para la alta necesidad social”.
De Nueva Alianza, la diputada Angélica Reyes Ávila consideró que dos de los retos principales de la política social es el desempleo y la falta de oportunidades para los sectores más vulnerables. “El lento crecimiento económico y un mercado laboral estrecho han propiciado la desigualdad laboral y salarial”.
El informe, dijo, resalta la generación de dos millones de empleos formales, cifra alentadora pero insuficiente, sobre todo cuando observamos la precariedad de muchos de ellos”. Además, continuó, 9.3 millones de personas laboran en la informalidad, es decir, seis de cada 10 personas trabajan sin ningún tipo de seguridad social.
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (MC) precisó que datos del Coneval refieren que existen 6 mil 751 programas y acciones de desarrollo social en el país, los cuales, aseguró, no han ayudado a disminuir los rezagos en salud, vivienda, educación, alimentación y desarrollo social.
“Lamentamos que el Presidente de la República dé a los mexicanos un informe lleno de cifras y que su gobierno lo esté tomando únicamente como un requisito que hay que cumplir, dando paso una vez más a la poca credibilidad”, comentó.
Norma Xochitl Hernández Colín, legisladora de Morena, expresó que en materia de desarrollo social, hay muchos cuestionamientos; por ejemplo, si en cuatro años las políticas y programas han cumplido con su cometido; si es correcta la forma de medición de la pobreza, y si se asigna y ejecuta de manera correcta el presupuesto en este rubro, ya que por desgracia, para los 53 millones de personas en penuria, “esas preguntas tienen respuestas negativas. El gobierno actual medra con la pobreza, y de ahí que no asuma la responsabilidad de reducirla”.
Consideró que se debe detener la simulación y urgió a aprobar la ley de austeridad, ya que es vergonzoso haber asignado al gasto corriente más de 2 billones de pesos, mientras que para la operación de programas sociales, a cargo de la Sedesol, solo 71 mil millones de pesos. “El país requiere un cambio en la administración pública, con funcionarios comprometidos al servicio de la población, no operadores políticos al servicio de unos cuantos”.
La diputada Jorgina Gaxiola Lezama (PVEM) precisó que la educación debe ser observada como la herramienta indispensable para lograr erradicar la brecha de desigualdad entre los mexicanos. “Reconocemos que en la presente administración se han ido implementando profundas transformaciones, que si bien son retos con muchas complejidades, lo cierto es que traen consigo cambios muy importantes en beneficio de la sociedad”.
Dijo que desde el inicio de este gobierno al día de hoy, tenemos un millón más de estudiantes; existen 36.4 millones de alumnas y alumnos entre educación básica, media superior, superior y técnica. “Estamos convencidos de que desde la presentación de la reforma educativa se sentaron bases sólidas para la construcción de nuevas políticas públicas en esta materia; es un esfuerzo imprescindible para alcanzar el desarrollo, al tiempo que garantiza la transición a una nación más incluyente, equitativa, justa y competitiva”.
La diputada Araceli Saucedo Reyes (PRD) recordó que el gobierno federal prometió un entorno de mayor igualdad de oportunidades para todos. Empero, “vivimos en un país envuelto en la violencia, producto de esta exclusión social”. Consideró que México ha tenido grandes cambios que han imposibilitado este desarrollo para las familias, olvidando que se requieren oportunidades educativas y laborales que permitan una vida digna y decorosa.
Enfatizó que el gobierno ha propuesto enfocar las acciones del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales, pero 22.3 millones de mexicanos presentan rezago educativo; 21.7 millones no cuentan con servicios de salud; y 27.9 millones no tienen para comer.
Del PAN, la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa estimó evidente que los resultados del Cuarto Informe de Gobierno “a nadie satisfacen” y el panorama “es desolador en materia de salud y seguridad social, o en la atención de derechos de mujeres, niños y jóvenes, así como personas con discapacidad o pueblos indígenas a quienes este gobierno les está quedando a deber”.
Sostuvo que el Informe señala un firme compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de todas las comunidades indígenas. Sin embargo, puntualizó, no se observa una estrategia integral y coherente que se encamine a cambiar la situación indigna que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas. “Basta lo que se ha señalado para reformar una política social fallida, ineficaz y poco transparente”.
