INE en el momento más opaco de su historia

Aunado a las acusaciones de nepotismo en Sonora, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) Guadalupe Taddei, hundió a este organismo en la etapa más oscura de su joven historia.

Recientemente, ella designó a Jesús Octavio García González como responsable de administración del INE, sin el aval del Consejo General, pese a que meses antes había participado, como representante de empresas privadas en licitaciones.

En siete meses, pasó de competir como proveedor de material electoral, a director de Administración, con un presupuesto superior a los 15 mil millones de pesos, por lo cual ya tiene una demanda por probable conflicto de interés.

En enero de 2025, representó a Corporativo Zeg en un concurso para proveer urnas electorales genéricas, mamparas especiales y dados marcadores para la elección judicial de junio, por un monto de hasta 197 millones 66 mil 735 pesos.

El contrato se le asignó de forma directa, porque fue declarado desierto, a Cajas Graf, empresa que también había sido representada por el hoy funcionario cinco años atrás.

Cajas Graf obtuvo las dos partidas más importantes: Urnas electorales, por 21 millones 39 mil 769 pesos; Mamparas especiales, por 174 millones 68 mil 895 pesos. El monto total ascendió a 195 millones 108 mil 664 pesos.

Desde el 20 de enero pasado García González enfrenta una denuncia anónima ante el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, registrada con el folio 20260120194039022, por probable conflicto de interés y abuso de funciones.

El señalamiento central es que pasó, en un periodo muy corto, de representar empresas proveedoras a ser el funcionario encargado de contratarlas. La llegada de García González al INE se dio con hermetismo.

Consejeros electorales advirtieron que su currículum omitía su papel como representante legal de empresas proveedoras, lo que encendió alertas internas sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación.

En meses recientes, integrantes del Consejo General también han cuestionado el uso recurrente de adjudicaciones directas y han planteado la creación de una Comisión de Administración para supervisar los contratos.

La revelación fue publicada por Abel Barajas y Érika Hernández en el periódico Reforma.