“Jinetea” Invi créditos

Reportaje:

• Denuncian a Seduvi de “blindar” préstamos a organizaciones “fantasmas”

Guillermo Pimentel Balderas

Según en la ALDF el compromiso de sus integrantes es avanzar en una cruzada contra la corrupción en instituciones del gobierno capitalino, también han presumido combatir una red de inmoralidad de funcionarios de Seduvi e Invi que “blindan” entrega de créditos para vivienda a organizaciones civiles –la mayoría fantasmas-que la demandan.

Sin embargo, hay preocupación de beneficiarios con créditos del Invi para construcción, mejoramiento y mantenimiento de viviendas, ante el retraso de la entrega del capital asignado.

Esto, a pesar de haber cumplido con el requisito de depositar a la cuenta de esta institución la cantidad requerida –que va de los 3 mil a los 50 mil pesos- para que sean liberados los recursos convenidos, pero que no han recibido, e inclusive información de cuando se les entregará su préstamo.

Por otra parte, dicen que no se explican cómo se han autorizado créditos a estas organizaciones civiles para la construcción de nuevas unidades habitacionales, siendo que algunas son “fantasmas” o no tienen las escrituras en regla como lo exige uno de los requisitos para la otorgación del crédito.

Inclusive, también se han quejado los despachos de arquitectos o de ingenieros de la construcción pues tampoco le ha pagado el Invi, a pesar de que se les aseguró -al igual que a los beneficiarios- que sería después del proceso electoral pasado.

Existe el temor de que se hayan gastado el dinero –para las elecciones a favor del PRD- a pesar de la promesa que se entregaría una semana después del 5 de junio. Señalaron que ya cumplieron con todos los requisitos, inclusive el depósito a la cuenta del Invi para poder recibir el préstamo convenido que sería depositado en una cuenta bancaria del favorecido.

Los quejosos que omitieron sus nombres por temor a represalias, también clamaron que los arquitectos que supervisan los lugares donde se va a construir o remodelar la vivienda, se exceden en sus obligaciones con perjuicio para los acreditados.

Por tales razones hicieron un llamado al director general del Invi, Raymundo Collins Flores, para que informe con transparencia el porqué del retraso de la entrega de los créditos, que después de dos meses no hay ninguna notificación de las gestiones realizadas.

En tanto, la Diputada Dunia Ludlow, Presidenta de la Comisión de Vivienda en la Asamblea Legislativa, en días anteriores denunció que hay organizaciones de vivienda de la Ciudad de México con un modus operandi que, presumiblemente, incluye la participación de funcionarios públicos que proporcionan información de inmuebles para posteriormente apropiárselos.

Por lo cual exhortó a Raymundo Collins Flores –titular del Invi- transparente información sobre recursos, montos y sanciones a las agrupaciones. Precisó que hay prácticas de corrupción que podrían ser revisadas y atajadas con mayor efectividad si el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México actualiza y transparenta información respecto a su relación con dichas organizaciones.

Demando que este funcionario publique en su portal de internet, la versión actualizada de las organizaciones sociales que reciben apoyo, a cuánto ascienden los recursos que se les destinan y quiénes han sido los beneficiarios, así como los mecanismos sancionadores y la lista de aquellas organizaciones que estén suspendidas o bajo un proceso de investigación.

Por su parte, el legislador Fernando Zárate Salgado, del Partido Verde, había advirtió que en la Ciudad de México han sido recurrentes los casos de falsificación de permisos de construcción y abusos de inmobiliarias, al amparo de supuestos documentos oficiales y permisos dudosamente conferidos por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), en específico, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Zárate Salgado, del Partido Verde Ecologista de México (Pvem), confió a este reportero que ya están tomando medidas en la ALDF y que en específico, su partido, tomará en cuenta estos casos para exigir cuentas claras e información a los ciudadanos afectados por parte del Invi y Seduvi.

Cabe recordar que el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, A.C., en conferencia de prensa, denunció hace días actos fraudulentos en los cuales están involucrados un grupo de ingenieros civiles y algunas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de Seguridad para las Construcciones en el Distrito Federal y la Secretaría de Obras y Servicios, que ponen en riesgo la seguridad de algunas de las construcciones que se realizaron entre 2011 y 2015 y, por consecuencia, de los habitantes de la ciudad.

Reveló este Instituto que el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, hace caso omiso a las acusaciones realizadas en contra de un supuesto contubernio entre Renato Berrón Ruiz, director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, y Francisco Gregorio López Rivas, usurpador de la dirigencia del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles (Cmic).

Como legítimos dirigentes del Cmic, Ricardo Meza Padilla y el presidente fundador y de la Junta de Honor, Florencio Hernández del Ángel, evidenciaron la usurpación de funciones de presuntos peritos encargados de avalar la seguridad en los inmuebles desde el Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal y alertaron a la población sobre probables problemas de seguridad en ellos, sobre todo porque la Ciudad de México ser encuentra en una zona altamente sísmica.

Aseguraron que existe un contubernio entre Berrón Ruiz y López Rivas, usurpador de la dirigencia del Cmic, así como otros miembros que se hacen pasar como integrantes de éste, quienes han efectuado sus resellos anuales como directores responsables de obra y corresponsables, sin cumplir los requisitos legales.

También, Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc –en su visita a la ALDF- denunció que hay una red de corrupción y de control institucional en el Registro Público de la Propiedad, en el Gobierno central y en la delegación –que administra- donde hay gente que les informa el estatus jurídico del bien, si tiene dueño, está intestado, tiene conflicto interfamiliar o está abandonado.

Pero, sabe usted ¿Cuánto cuesta adquirir una propiedad en el Distrito Federal? Pues los enterados aseguran que oscilaba entre 2.2 millones y 3 millones de pesos.

Este tipo de construcciones o terrenos –se ha hecho público- son invadidos por organizaciones, sean fantasmas o legalmente constituidas, como Movimiento Nacional por la Esperanza que dirige René Bejarano Martínez.

Este, se asegura es uno de tantos políticos del PRD que sigue en el presupuesto del gobierno capitalino a través del nada transparente Instituto de Vivienda del DF.

Se señala en notas informativas de medios nacionales, que esta organización lucra con la necesidad de vivienda popular en la capital del país como una práctica que hasta el momento no ha podido sacudirse ni Mancera ni el propio PRD.

Reza una manta en un inmueble: “Aquí se construirá un proyecto más gestionado por Bloque Urbano Popular del Movimiento Nacional por la Esperanza, financiado por el INVI (Instituto de Vivienda del Distrito Federal)”

Responsables: Gabriel Mayorga Basurto, coordinador Nacional del Bloque Urbano Popular del MNE y Leonardo Martínez Barrientos, coordinador del Bloque Urbano Popular.

El representante es Miguel Ángel Martínez Borja, con los teléfono 55 46 09 11 y celular 55 37 31 88 18. Reza la manta colocada en Calle Córdoba 112, 114 y 116 esquina con calle Chihuahua 85 y 87, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, uno de los inmuebles invadidos.

En otras notas informativas se documentan otros proyectos de los bejaranistas como: predio en Lago Gascasónica 129, con un perfil de vivienda popular y que el Bloque Urbano Popular es dirigido por Gabriel Mayorga Basurto, operador de René Bejarano Martínez, junto con Roberto Candia.

Vale la pena también señalar que Collins Flores se desempeñó durante la administración de Marcelo Ebrard como director y administrador de la Central de Abasto de la Ciudad de México, aunque antes hizo carrera como policía en la Procuraduría General de la República.

Hasta abril de 2003 fungió como subsecretario de seguridad pública del DF durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

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