Morena politizó desgracia del derrumbe de Tlalpan: Alessandra Rojo

Luego de que tres trabajadores perdieron la vida, al quedar atrapados bajo los escombros de un edificio que se colapsó en la Calzada San Antonio Abad el 9 de marzo pasado, el diputado federal y vocero de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, responsabilizó a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

La acusó directamente de evadir su responsabilidad de verificar y supervisar las condiciones de seguridad en las obras de demolición. El edificio, se ubica en el 124 de la colonia Tránsito, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Estaba en demolición por daños estructurales, acumulados desde los sismos de 1985 y 2017.

Dijo que es responsable por no detener la demolición. Un equipo de comunicadores y simpatizantes de Morena difundieron esa versión, replicada después por miles de bots pese a que, en los hechos, la responsabilidad recae en las autoridades del gobierno de la ciudad, que dejó pasar varias irregularidades graves.

Rojo de la Vega precisó que el 26 de septiembre del 2025 la empresa DEMEC solicitó a la alcaldía el permiso de demolición, pero éste fue negado el 30 de septiembre del mismo año al considerar que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad.

Sin embargo, la autorización fue otorgada el 20 de octubre de 2025, por la Secretaría de Vivienda, que depende del gobierno de la CDMX, con base en el acuerdo de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, también dependiente del gobierno capitalino y creada en el 2018.

La autorización quedó sujeta a plazos que no fueron cumplidos por la empresa, la cual contaba con 90 días naturales para iniciar los trabajos y una vez comenzados debía informar por escrito, en un plazo no mayor a tres días. Sin embargo, reiteró que no se cumplieron ambas disposiciones.

El Gobierno de la CDMX debió suspender la autorización, pero no lo hizo, dijo tajante Rojo de la Vega y puntualizó que su administración no tuvo “un solo registro de una denuncia vecinal ni una solicitud formal” relacionada con los trabajos de demolición del inmueble.

La alcaldía no podía intervenir de manera directa, sentenció tajante y dijo que quienes tendrán que responder son el actual diputado local César Cravioto, quien presidía la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Fue la que dio autorizaciones para la demolición.

El 14 de marzo del 2025, dicha Comisión aprobó un acuerdo que permitió a la Secretaría de Vivienda aprobar demoliciones sin estudio ni programa de protección civil, lo cual fue una decisión arriesgada “pero así lo decidieron ellas y ellos”. En el caso de San Antonio Abad, la empresa no tenía acuerdo de demolición.

Pidió permisos a la alcaldía el 26 de septiembre del 2025, a lo cual respondieron que NO el 30 de septiembre, porque no cumplían con los requisitos mínimos para garantizar la demolición. El 20 de octubre, la Secretaría de la Vivienda les otorgó las “facilidades administrativas” para llevarla a cabo.

Es decir, se sometieron al acuerdo de la Comisión y el titular de la Secretaría, Inti Muñoz, firmó el reglamento que establece que, a partir de la aprobación, el particular tiene 90 días naturales para iniciar los trabajos, y cuando lo haga debe informar por escrito en un plazo no mayor a 3 días.

La empresa no cumplió ninguno de los dos plazos. El gobierno de la Ciudad debió haberla suspendido, pero no lo hizo. Además, Inti Muñoz mintió al decir que se obligó al particular a firmar una carta responsiva en la que se deslinda de cualquier responsabilidad al gobierno de la CDMX.

Sin embargo, en el expediente que entregaron a la alcaldía para ordenarle permitir la demolición, no venía ninguna referencia a dicha carta y, por ende, tampoco la carta. Pese a todo esto, Morena dice que la supervisión de este tipo de inmuebles y procesos de demolición corresponde directamente a las alcaldías.

Arturo Ávila insiste en que la alcaldía Cuauhtémoc pudo haber evitado la tragedia si hubiera realizado las inspecciones correspondientes, pese a que es el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) el responsable de revisar que la obra cuente con los documentos sobre la legalidad de la construcción.