No debe replicarse Modelo Judicial de México; debilita al Estado: OEA

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó NO replicar el modelo mexicano de elección popular de jueces y magistrados en otros países de la región.

Lejos de fortalecer la justicia, podría debilitar su imparcialidad, independencia y eficacia, advierte en su informe preliminar, tras constatar múltiples problemas y una exigua participación de apenas el 13 % de los electores.

El organismo transmitió su preocupación ante los votos nulos y no marcados, que representaron el 10.80% de la elección y estipuló que se debió al plazo tan breve en el que se desarrollaron estos comicios.

La MOE advirtió que 6 de las 9 personas electas como ministras y ministros de la Suprema Corte fueron propuestas por el Ejecutivo federal, y las otras 3 ya integraban la Corte y fueron nombradas por el expresidente.

“Lo cual levanta dudas razonables sobre la autonomía e independencia del máximo tribunal con respecto al Ejecutivo”, indicó el informe.

“Se llevó a cabo en un plazo muy breve y en un contexto político complejo, caracterizado por una fuerte polarización y un alto nivel de litigiosidad”. La Misión no recomienda que este modelo elección se replique para otros países de la región”.

“La Misión tomó nota de que organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresaron sus preocupaciones sobre la compatibilidad de la reforma con los estándares internacionales de independencia judicial”.

Para las próximas elecciones judiciales, previstas para 2027, la OEA advirtió que podrían coincidir con los comicios en todo el país y, de no modificarse el calendario electoral, aumentaría el riesgo de influencias partidistas.

Compuesta por 16 personas de 10 nacionalidades, la Misión de la OEA cuestionó la idoneidad de los perfiles de los candidatos, al no haberse aplicado exámenes estandarizados en los procesos de selección.

Las inéditas elecciones judiciales tuvieron difusión por parte de los candidatos y el Instituto Nacional Electoral (INE), pero en días previos a la votación se multiplicaron las denuncias debido al reparto de “acordeones”.

Listados completos de candidatos, que fueron entregados a la población para aconsejarla por quién votar. De ser comprobada esta acción, se tipifica como “coacción al voto”.

La MOE expresó su reprobación y dijo que se mantendrá al tanto de las investigaciones que lleven a cabo las autoridades competentes.

La MOE desplegó observadores en la Ciudad de México y el Estado de México, y se reunió con más de 75 actores institucionales, incluyendo autoridades del INE, el Poder Judicial, el Ejecutivo, representantes de la sociedad civil y candidaturas judiciales.

Además, observó que “cada elector demoró entre 10 y 20 minutos para sufragar”, y en algunos casos, “personas adultas mayores se demoraron hasta una hora”.

El INE optó por no realizar el conteo de votos en casillas, como tradicionalmente ocurre, sino enviar directamente las boletas a los Consejos Distritales.

Tampoco se implementó un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), lo cual representó un cambio significativo en el modelo habitual.

La Misión también registró una controversia por la presencia de integrantes de las fuerzas armadas en la sesión permanente del Consejo General del INE.

“La presidenta del instituto posteriormente aclaró que habían sido invitados por ella, [pero] otros consejeros manifestaron públicamente su desacuerdo con esta decisión e indicaron que no habían sido debidamente informados”.

La MOE advirtió que este modelo incentiva que las decisiones judiciales se tomen con fines electorales y no en criterios técnicos, al permitir la reelección y establecer mandatos de nueve años para jueces de distrito y magistrados de circuito.

“La falta de estabilidad en el cargo podría afectar el accionar independiente de los operadores de justicia y que la necesidad de reelegirse podría llevar a los jueces y juezas a fallar de acuerdo con lo que estiman que son las preferencias de su electorado y no con base en criterios jurídicos”.