Pide Cuevas Barron explicar negativa a que relator tortura de la ONU visite México

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de abril, (RADIO NET MÉXICO / CÍRCULO DIGITAL).–La senadora Gabriela Cuevas Barron solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe las razones jurídicas que respaldan la negativa del Gobierno federal para que el relator especial de la ONU sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, visite nuestro país.

A través de un punto de acuerdo, la legisladora exhortó a la Cancillería a que reconsidere esa decisión contra el relator Juan E. Méndez, con el fin de que este acuda a dar seguimiento al último informe sobre su misión en México.

Explicó que el relator es nombrado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y su mandato abarca a todos los países, independientemente de que el Estado haya ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

“Las tres actividades principales del relator especial son: transmitir llamamientos urgentes a los Estados con respecto a las personas que al parecer corren el riesgo de ser sometidas a tortura, así como enviar comunicaciones relativas a supuestos casos de tortura ya cometidos;  realizar misiones de investigación (visitas) a los países; y presentar al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General informes anuales sobre sus actividades, mandato y métodos de trabajo”, expuso.

Cuevas Barron recordó que el funcionario visitó México en 2014 para evaluar la situación de la tortura y los malos tratos y cooperar con el Estado en su prevención y erradicación.

“En dicha visita el relator especial acudió a cárceles, centros de prisión preventiva, arraigo e investigaciones, centros de detención de menores, un hospital psiquiátrico, un centro de asistencia social y una estación migratoria”, precisó.

Señaló que Méndez presentó el informe final de su visita a México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2015, donde indicó que “la tortura y los malos tratos son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad; generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información; hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.

La también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores resaltó que en el informe se puntualizó que la tortura ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación.

Además, destacó que en el texto se identificaron varias causas de la debilidad de las salvaguardias de prevención y serios problemas en las condiciones de detención, especialmente hacinamiento.

En el apartado de recomendaciones, la legisladora apuntó que el relator sugirió al gobierno mexicano, entre otras cosas, reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado.

Asimismo,  tomar las medidas para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos; y garantizar el derecho de las víctimas a una reparación integral.

“En septiembre del año pasado, Méndez formalizó una petición al Gobierno federal para ser invitado a una visita de seguimiento a su último informe sobre la tortura en México. Sin embargo, se hizo pública la negativa del gobierno mexicano para que el relator especial lleve a cabo esta visita”, abundó.

Para Cuevas Barron la respuesta que ahora ofrece la administración de Enrique Peña Nieto carece de sustento jurídico y sentido común,ya que más que reflejar una postura seria y responsable del gobierno frente a la labor de los organismos internacionales garantes de los derechos humanos, denota una represalia frente a las conclusiones que el año pasado hizo el relator especial.

“Esta negativa no ha hecho más que dar una terrible señal de opacidad y de rechazo respecto a la existencia de una realidad que requiere combatirse arduamente”, enfatizó.

Consideró que no puede haber un doble rasero en la actitud del Estado mexicano, ya que por una parte ratifica distintos instrumentos internacionales para erradicar la tortura, pero en los hechos asume una postura hermética para que personal de la ONU visite nuestro país.

Ante esas circunstancias, concluyó,  es necesario exigir al Gobierno federal una explicación de por qué impide el trabajo de la ONU para evaluar la situación de la tortura en el país.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y dictaminación.