Productores agrícolas piden apoyo; gobernador de Zacatecas los amenaza

Una protesta de productores de frijol en Zacatecas escaló a conflicto directo con las autoridades estatales y está a punto de convertirse en problema nacional luego del  desalojo violento, detenciones, desaparición de estudiantes de la Universidad Autónoma estatal.

Los productores exigen un precio justo y auditorías a los programas de acopio federales. Denuncian que venden el kilo a 7 pesos y en tiendas se ofrece hasta en 70. Revelaron que el programa “Alimentación para el Bienestar” no está admitiendo su producto o carece de insumos básicos como costales.

El 7 de mayo, campesinos irrumpieron en el Congreso de Zacatecas para encarar a los diputados por la falta de apoyo real y amenazaron con realizar bloqueos masivos en el estado. El 9 de mayo, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (antimotines) intervinieron para retirar un plantón.

Se reportaron entre 8 y 11 personas detenidas,  incluyendo estudiantes y mujeres. Los líderes campesinos establecieron el lunes 11 de mayo como fecha límite para recibir soluciones.

La respuesta del gobernador David Monreal Ávila ante las protestas de los frijoleros ha sido una mezcla de advertencias, deslinde de responsabilidades y llamados al orden. En lugar de un diálogo directo, su administración ha mantenido una postura de confrontación institucional.

La respuesta del gobernador David Monreal Ávila ante las protestas de los frijoleros ha sido una mezcla de advertencias, deslinde de responsabilidades y llamados al orden. En lugar de un diálogo directo, su administración ha mantenido una postura de confrontación institucional.

Monreal les dijo que las protestas ponen en riesgo la continuidad del programa de acopio federal. Señaló que existe la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum decida desaparecerlo si continúan los conflictos. También solicitó a la Federación que “transparente” e “informe a los productores”.

De esta forma, el mandatario estatal dejó la responsabilidad a las instancias federales como Alimentación para el Bienestar y dijo que éstas son las que deben responder sobre la situación del acopio, precios y logística de compra, almacenamiento y traslado de la cosecha.

Señalaron que el gobierno estatal ya cumplió con el convenio firmado el 29 de marzo, acopiando incluso más de las 1,500 toneladas pactadas inicialmente. El gobierno estatal interpuso denuncias contra los líderes del movimiento, argumentando que han incurrido en violencia y amenazas de muerte injustificables.

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