
Reforma Judicial en fase de “desacato” y controversia terminal
La polémica reforma judicial que se emprenderá en México en junio próximo, ha entrado en una fase de controversia, que podría derivar en desacato generalizado y vacío absoluto del derecho constitucional.
El anuncio de la Suprema Corte, de suspender el nombramiento de candidatos a competir en junio en la elección de jueces, magistrados y ministros, coloca a los tres Poderes de la Unión enfrentados y sin interpretaciones jurisdiccionales definitivas.
De acuerdo con un juez de Michoacán, todo el proceso está viciado de origen y no hay garantías de que la elección de los 881 cargos programados para renovarse en 2025, sea transparente, democráticas, vigiladas y sin intervenciones exógenas.
El senador del PAN, Juan Antonio Martín Del Campo, explicó que la decisión del Comité de Evaluación del Poder Judicial, de acatar la suspensión definitiva otorgada por un tribunal federal, simplemente se apega a una orden legal.
Frenar el proceso de elección judicial, refleja el caos generado por una reforma apresurada y mal diseñada, que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial, vulnera la legalidad del proceso y desacredita la democracia, enfatizó.
Además, pidió suspender el proceso hasta que se cuente con condiciones logísticas y financieras adecuadas y se garantice la equidad del proceso electoral, sentenció durante el debate de la Comisión Permanente.
Sin embargo, la senadora Nora Ruvalcaba Gámez, de Morena, dijo que el freno de la SCJN a evaluar candidatos del Poder Judicial, es parte de una “embestida” para evitar que el pueblo de México acceda a la selección de las personas juzgadoras.
Insistió en que el amparo, no procede en reformas electorales ni reformas constitucionales. Por lo tanto, el proceso va a seguir su curso y en el Congreso de la Unión se habrán de tomar las decisiones, enfatizó.
Su compañero de partido, el diputado Zenyazen Escobar García, dijo que la suspensión de las elecciones, perjudicaría no sólo a las instituciones del Poder Judicial sino a las personas que se inscribieron en el proceso.
Según dijo, éstas confían en la transparencia y legalidad del mismo. “Ni un paso atrás. Vamos a seguir defendiendo a quienes están inscritos”, advirtió tajante. Ante una reforma constitucional no puede ampararse.
PAN y Movimiento Ciudadano insistieron en que es necesario, detener el proceso hasta garantizar su equidad. Incluso, el diputado Pablo Vázquez Ahued, de MC, dijo que la elección es “un distractor” por parte de la mayoría.
Sin embargo, a senadora Amalia Dolores García Medina (MC), advirtió que buena parte de los problemas tienen que ver con la falta de integración correcta, precisa y profesional de las fiscalías de los estados.
Por ello, se requiere una reforma que garantice justicia cotidiana. La reforma al Poder Judicial tuvo que ser integral y haber abarcado procuración y administración de justicia, pero no es así.
Lo que muestra la decisión del juzgado “es que hay una polarización extrema en el país, ha faltado diálogo y acuerdos para implementar una reforma integral del Poder Judicial como es la que se requiere ante los desafíos y retos del mundo actual.
Vázquez Ahued dijo que México vive una crisis de ingobernabilidad, una crisis humanitaria en materia de migración y una verdadera crisis en materia de seguridad. “Territorios capturados por el crimen organizado, comunidades ensangrentadas”.
Bajo estas condiciones, la reforma judicial constituye un grave retroceso para la vida democrática e institucional de México. Se requieren los contrapesos adecuados para que el Poder Judicial funcione y sirva para garantizar el acceso a la justicia.
La senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, del PRI, propuso hacer un pacto a fin de hacer frente a la delincuencia, la pobreza, la corrupción y los embates del nuevo gobierno de Estados Unidos.
“Las y los mexicanos se merecen una clase política y un gobierno a la altura de las circunstancias”. Sin embargo, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, de Morena, reinició los ataques contra la presidenta de la Corte, Norma Piña.
La acusó de actuar “más como jefa de grupo o de partido político, y no como un Poder. Eso no puede continuar. Se ha estado boicoteando todo y tratando desde todas las instancias que tienen de obstruir el proceso revolucionario”.
En suma, sentenció que se debe desmantelar la corrupción que hay en el Poder Judicial, pero la diputada Martha Moya Bastón, del PAN, afirmó que hoy se atestigua un nuevo episodio del desaseo legislativo institucional y político en el país.
Así se ha conducido cada una de las etapas del proceso de la reforma del Poder Judicial. “La reforma tiene serias inconsistencias y está caracterizada por la imposición y la falta del debate parlamentario.