Sheinbaum prepara restringir Ley de Amparo, en medio de crisis judicial

En medio de una literal crisis normativa y administrativa dentro del Poder Judicial, el Gobierno de la República remitió al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas que modifica la Ley de Amparo y su reglamentación. Se trata de enmiendas a los artículos 103 y 107 de la Constitución.

La iniciativa fue enviada por la Secretaria de Gobernación el mismísimo 15 de septiembre y enmienda también el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mientras ocurren una serie de hechos que ponen en riesgo derechos políticos de partidos y prensa.

Mientras en la Suprema Corte hay ministros que no saben cómo presentar sus ponencias, en varios estados del país se empiezan a registrar controversias jurídicas, como es el caso de Veracruz, donde el Tribunal Electoral revocó el triunfo de Movimiento Ciudadano y se lo otorgó a Morena.

Tras este fallo, un grupo de emecistas irrumpió en las fiestas del Grito, con pancartas, ataúdes simbólicos y una piñata del alcalde Fernando Remes para protestar contra el recuento, que consideran una señal de la forma en que se cometerán fraudes electorales en el país.

En Campeche, el Juzgado de Control de Campeche decidió extender por tres meses las medidas cautelares contra el diario Tribuna, por exigencia expresa de la gobernadora Layda Sansores, que incluye la implementación de un “censor judicial” que revisará los contenidos de ese diario, tanto impreso, como digital.

Estas sanciones se aplicarán al periodista Jorge González Valdez, de quien se ha quejado la mandataria, por su información crítica y mordaz. Todas las notas sobre la gobernadora Layda Sansores deberán enviarse al censor del Poder Judicial antes de publicarse.

Como lo hacia la Secretaría de Gobernación, que ejercía la censura previa y multaba publicaciones, el censor judicial de Campeche tendrá hasta 30 minutos para autorizar, modificar o bloquear los textos, incluso en digital. Si no se cumple, la responsabilidad recaerá en el medio y en el periodista.

Las autoridades judiciales en el estado, dicen que con ello se busca evitar contenidos “ofensivos o discriminatorios”. El diario lo calificó como un esquema de censura previa ampliada, que limita directamente el trabajo periodístico, señala en su editorial de este martes.

Por ese “voto popular”, que ordenó Andrés Manuel López Obrador, ahora hay casos de jueces federales, sin carrera judicial, que laboraban para el ex presidente, y de ahí dieron el salto, como es el caso de Francisco Javier Cureño Soriano y su hija Iris del Rocío Cureño Hernández.