TRAS BAMBALINAS. México, un país de chiste, risa y caricatura

Por JORGE OCTAVIO OCHOA. Nadie lo culpó, como él sí lo hizo con gobiernos anteriores, cuando era opositor. Hoy, todo le parecen agresiones. Al margen de la desgracia de 5 familias, que han visto desollados a sus hijos, él se vuelve a colocar por encima de todos, como víctima.

Nadie le pidió que se disculpara, pero algo en su fuero interno le dice que se equivocó. Pero ni a sí mismo se da tregua. Sí, es posible que no escuchó, pero Lagos de Moreno es “el tema” nacional, que subraya la desgracia de un país que ha normalizado las masacres.

No había pasado ni una semana del hallazgo de más de una decena de cuerpos descuartizados, embolsados y metidos en congeladoras, en Poza Rica, Veracruz, cuando vino esta noticia, que en cualquier otro país ameritaría un día de duelo nacional.

Él venía de encabezar una reunión del gabinete de Seguridad, como lo hace todos los días, ese es su orgullo de levantarse tan temprano y dirigir sus “mañaneras”. ¿De qué hablaron esa mañana que ni un mensaje de condolencias le concitó?

No son hechos nuevos, cierto. Desde tiempos de Calderón y Peña Nieto, hay pruebas de la presencia y penetración del crimen organizado. Eso que hoy llaman “agitar el avispero” de una “guerra” sin sentido, fue el primer intento de una política de Estado para detener el avance criminal.

Como en el caso de Ayotzinapa, autores materiales e intelectuales de asesinatos han sido liberados, por presuntas “faltas al debido proceso”. Y se han ido a refugiar a los pueblos y comunidades, a la sombra de gobiernos municipales, estatales y del gobierno federal, que los toleran, si no es que los protegen.

Por eso, lo criticable ahora es la inacción o la falta de capacidad o voluntad para poner un freno definitivo. Los reportes sobre desapariciones forzadas en Lagos de Moreno hablan de 514 personas. En 2013, desaparecieron 7 jóvenes. Luego en 2015, otros 7.

Lejos de reconocer el problema y solidarizarse ahora con las víctimas, el mandatario abrió su mañanera con el tema electoral, que es lo único que realmente le preocupa. Y cerró con un chiste, como si el momento estuviera para eso. Lo ocurrido en México durante los últimos años, es de escándalo.

Para rematar, la Presidencia de la República anuncia el inicio de una investigación contra jueces que han liberado a presuntos delincuentes. De hecho, uno de los columnistas estelares del régimen, Álvaro Delgado, hace un recuento y da nombres de algunos de ellos, así como de ex jefes de policía municipales.

Así como cuestionaban entonces el encarcelamiento de alcaldes en Michoacán, en el 2009, por considerar que se desató la guerra y los asesinatos que hoy vivimos, hoy también cuestionan la “permisividad” que prevalecía frente a los capos criminales. Pero Álvaro sólo cuenta la mitad de la historia.

En el 2009, durante el gobierno de Calderón, el Ejército y la Policía Federal capturaron en Michoacán a 11 alcaldes, un juez y 18 funcionarios del Gobierno estatal, por presuntos vínculos con el narcotráfico, en particular con La Familia Michoacana, que surgió del Cártel del Milenio.

Entre los detenidos estaban un ex procurador general de Justicia del Estado, el director del Instituto Estatal de Formación Policial, el jefe de agentes de la Dirección de Gobernación Estatal y dos directores de seguridad pública municipales. Entre los funcionarios y alcaldes detenidos, sobresalían personajes pertenecientes al PRI.

Todo quedó en un escándalo mediático y para mediados del 2010 fueron liberados 30 de los presuntos involucrados. En ese entonces, el gobernador era Leonel Godoy, actualmente uno de los más cercanos a Andrés Manuel López Obrador y a Mario Delgado, líder de Morena.

Entre los indiciados de aquel entonces estaba, precisamente Julio César Godoy Toscano, hermano de Leonel Godoy, quien fue diputado federal, fue desaforado por posibles vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero, pero huyó en una cajuela, en el recinto de San Lázaro, ayudado por el PRD. Sigue prófugo.

Por eso, hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que toda la clase política mexicana y los tres principales partidos del país, están inmersos en este baño de sangre y lavado de culpas, que sólo han usado para contraatacarse, pero no para servir a la nación. Por eso, no es momento para chistes, ni ironías.

CLIMA DE VIOLENCIA EN TODO EL PAÍS.

Todavía están frescas las imágenes de febrero del 2022, en San José de Gracia, Michoacán, donde 17 personas fueron sacadas de un funeral, colocadas ante una pared y masacradas. El gobierno federal reaccionó, sólo para decir que “no fue un fusilamiento, fue un multihomicidio”.

Entonces, como lo hacen ahora, declararon. “pudo tratarse de una venganza entre grupos delictivos de la región. Las primeras investigaciones detallan un conflicto de varios años, y por el que se han cometido varios homicidios”. Esa es la justificación y el lavado de manos del régimen.

Ocho meses después, el 5 de octubre de 2022, murieron 20 personas, incluido el presidente municipal de San Miguel Totolapan, Guerrero, Conrado Mendoza Almeida, en medio de todo un operativo criminal, diseñado expresamente para masacrar a miembros de un grupo político.

El primer ataque ocurrió en el domicilio de Conrado Mendoza, quien sostenía una reunión. Todos los presentes fueron asesinados, incluido el alcalde y su padre, Juan Mendoza Acosta, quién también había sido presidente municipal de la misma localidad.

En ese mismo momento hubo un ataque contra el Palacio municipal, donde murieron siete policías y un transeúnte. También se reportaron disparos en contra de casas y personas en distintas partes de la localidad.

Se cree que, en estados como Michoacán, Guerrero, Morelos y Veracruz, las autoridades políticas han optado por los “acuerdos” con los narcotraficantes, para pacificar dichas regiones, usualmente empobrecidas y con escasa presencia estatal y federal. Los resultados están a la vista.

La percepción de inseguridad se acentuó en junio del año pasado, cuando fueron ejecutados los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora, dentro del templo de la comunidad de Cerocahui, en el municipio de Urique, Chihuahua, pero sólo acusaron a un sujeto apodado “El Chueco”, que luego apareció muerto.

Los dos ministros religiosos sólo intentaban ayudar a un sujeto que se metió a la iglesia para protegerse de quienes lo seguían, pero también murió. En la comunidad tarahumara los recuerdan a ambos como verdaderos amigos, parte del pueblo “y que murieron en la raya, tratando de proteger a la comunidad en todo momento”.

La Compañía de Jesús, a la que pertenecían los dos sacerdotes, advirtió que la sierra tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas”. Según expertos, esta es una importante ruta de trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Flota en el ambiente el atentado contra Ciro Gómez Leyva. No hay indicios de los autores intelectuales. Mientras más tarda esta investigación, más se carga el peso de responsabilidad sobre los hombros de López Obrador. Sobre todo, por sus reiterados ataques contra este y otros periodistas.

Por sus arengas, parece el principal responsable. A ello hay que añadir el debate por los libros de texto. Los ideólogos del régimen enderezan ataques también contra ministros de la iglesia católica, por oponerse a la Nueva Escuela Mexicana que preconiza la 4T.

CAMPAÑA DE PERSECUCIÓN Y ODIO

Esto va acompañado, como decíamos, por una campaña de persecución contra jueces, ministros de la Corte y magistrados electorales, a los que vinculan con Genaro García Luna, Roberto Gil Zuarth y Felipe Calderón. Este es el caso de Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del Tribunal Electoral.

AMLO acusa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de quererlo someter. Según él, no hay violencia de género en sus ataques a Xóchil Gálvez, aunque es más que obvio que ha violado el secreto fiscal y se encuentra en desacato judicial. Este es el tamaño de su odio.

Y En esto, que parece un duelo de mafias, aparece en el otro bando un juez, Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, sobrino de López Obrador, que liberó a 7 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, detenidos en Colima con un arsenal, según trascendió este sábado en la red social X.

Este es hijo de una prima del presidente. En 2015, Alberto intentó pasar de secretario de juzgado a juez primero de distrito, pero en el concurso para el nombramiento de nuevos jueces no logró pasar todas las pruebas, según revela en su cuenta de X, el analista político José Díaz.

Sergio Alberto impugnó la resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y durante años la revisión administrativa 165/2015 no se movió… hasta que su tío llegó al Poder Ejecutivo y el 22 de mayo de 2019 la Primera Sala de la SCJN votó unánimemente a su favor.

Así se ordenó al Consejo de la Judicatura Federal que le dieran el trabajo de juez de distrito. Un año más tarde, en septiembre del 2020, el ministro preferido del presidente López Obrador, Arturo Zaldívar, tomó protesta por videollamada a nueve nuevos jueces y juezas, entre ellos Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido

No, nadie lo culpa,

pero parece culpable.

No oye, no ve, no entiende.