UIF sabía desde 2024 del lavado, pero sólo utilizó información vs García Luna

En lo que podría configurar un acto de encubrimiento, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) conocía al menos desde agosto de 2024, de transacciones por más de 40 millones de dólares a través de Vector que involucraban a García Luna, tal como lo informaron las autoridades estadounidenses.

A través de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República durante el gobierno de López Obrador, Nunvav Inc, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, a quienes el gobierno mexicano considera como los prestanombres de Genaro García Luna, transfirió 47 millones de dólares.

Documentos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), demuestran que las transferencias a Vector fueron investigadas por la UIF como parte de la demanda civil que el gobierno mexicano presentó en 2021 ante una corte de Florida en contra de los Weinberg y de García Luna, con el objetivo de recuperar cientos de millones de dólares que fueron desviados del erario.

La jueza del caso, Lisa Walsh, envió una carta rogatoria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que solicitara a Citibanamex información sobre las operaciones realizadas por la cuenta 36885306 de Vector Casa de Bolsa. Esta solicitud se hizo desde junio del 2024. El 9 de agosto, la UIF presentó a su vez una moción o solicitud de información.

Pidieron que los Weinberg entregaran documentación que permitiera identificar el propósito de 35 transferencias que realizaron a Vector Casa de Bolsa entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 por un monto total de 47 millones de dólares.

La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) señala que, entre 2013 y 2019, una empresa propiedad de Genaro García Luna realizó transacciones con Vector por más de 40 millones de dólares, fondos que de acuerdo con las autoridades estadounidenses provenían del pago de sobornos del Cártel de Sinaloa al exsecretario de Seguridad Pública.

Además, FinCEN acusó a Vector de permitir que empresas mexicanas realizaran pagos por 1 millón de dólares a compañías chinas que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos. FinCEN realizó un análisis de los bancos y casas de bolsa reguladas en México y elaboró una clasificación ponderada de activos publicados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En sus resultados, Vector ocupó el segundo lugar por activos de actividad potencialmente ilícita, lo que probablemente indica controles débiles para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.