Diputados del PAN presentaron ya una propuesta de redacci\u00f3n al art\u00edculo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, con el fin de evitar confusiones judiciales durante un desalojo y as\u00ed garantizar el derecho a la propiedad privada estableciendo los alcances de la autoridad durante estos procesos.<\/p>\n
El contenido del art\u00edculo 60, relativo a desalojos, si bien ha sido sustantivamente mejorado con la aprobaci\u00f3n de la Ley en el Pleno el pasado 7 de mayo, a\u00fan mantiene hip\u00f3tesis ambiguas de tal manera que pareciera que el derecho humano a una vivienda adecuada, colisiona con otros derechos humanos como el de propiedad, el de posesi\u00f3n y el de administraci\u00f3n de justicia pronta y expedita.<\/p>\n
La diputada Margarita Salda\u00f1a Hern\u00e1ndez, Secretaria de la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos, indic\u00f3 que la legislaci\u00f3n actual es ambigua para el Poder Judicial, ya que el art\u00edculo antes citado, no deja claro qui\u00e9n es la autoridad competente para salvaguardar la integridad de las personas en situaci\u00f3n de desalojo.<\/p>\n
\u201cY por otro lado, deja en un grado de indefensi\u00f3n y compromiso muy fuerte al Gobierno de la Ciudad de M\u00e9xico, porque los derechos son progresivos, pero tienen un piso de inicio y un l\u00edmite\u201d.<\/p>\n
La forma en c\u00f3mo est\u00e1 redactado este art\u00edculo, no permite tener certeza jur\u00eddica respecto a qui\u00e9n es la autoridad competente que, en la mayor medida de sus capacidades, debe garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos, en qu\u00e9 tipo de vivienda adecuada los realojar\u00e1 y en cu\u00e1nto tiempo m\u00e1ximo se debe agotar el supuesto, para no paralizar los juicios de los que se tenga como consecuencia un desalojo.<\/p>\n
Explic\u00f3 que hay casos en donde los jueces no logran determinar una sentencia debido a lagunas jur\u00eddicas que benefician tanto al acusado como al titular de una propiedad, debiendo priorizar el derecho a la vivienda como lo marca el art\u00edculo 9 de la Constituci\u00f3n CDMX.<\/p>\n
\u201cTodos los procesos que puedan acompa\u00f1ar como el de mediaci\u00f3n, como el de la intervenci\u00f3n de la autoridad, que calificamos como Gobierno de la Ciudad de M\u00e9xico, no deben de ser situaciones que entorpezcan el desarrollo de alg\u00fan proceso judicial\u201d.<\/p>\n
Las aportaciones del GPPAN, se\u00f1al\u00f3, son velar por el proceso de garant\u00eda de vivienda y que \u00e9ste no tenga porqu\u00e9 interferir en rutas judiciales, es decir, si hay un juicio o demanda no deben mezclarse entre una y otra ni frenar su desarrollo o conclusi\u00f3n.<\/p>\n
La panista advirti\u00f3 que el Congreso CDMX est\u00e1 a buen tiempo de abrir un debate sobre este art\u00edculo de la mano con jueces, abogados y magistrados, con objeto de brindar certeza a las partes involucradas.<\/p>\n
Cabe destacar que el pasado 17 de mayo la Diputada Margarita Salda\u00f1a present\u00f3 ante el pleno la iniciativa de reformas al art\u00edculo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garant\u00edas de la CDMX.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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