El bloqueo in\u00e9dito de una reforma judicial por parte de la mayor\u00eda conservadora de un tribunal clave en Espa\u00f1a abri\u00f3 una crisis institucional en el pa\u00eds, que el gobierno de izquierdas calific\u00f3 como un hecho “sin precedentes” desde el final de la dictadura franquista.<\/p>\n
El Tribunal Constitucional acept\u00f3 el lunes el recurso de amparo planteado por el opositor Partido Popular\u00a0para paralizar la votaci\u00f3n prevista el jueves en el Senado sobre varias resoluciones ya aprobadas la semana pasada por los diputados.\u00a0El \u00f3rgano argument\u00f3 que estas disposiciones, incluidas en forma de enmiendas en una extensa reforma del C\u00f3digo Penal, no ten\u00edan relaci\u00f3n con el texto en conjunto y que la cuesti\u00f3n planteada en el recurso era relevante.<\/p>\n
Las disposiciones en cuesti\u00f3n estaban destinadas a desbloquear la renovaci\u00f3n de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato expir\u00f3 a finales de junio.\u00a0El gobierno del socialista Pedro S\u00e1nchez acusa, de su lado, al PP y a la mayor\u00eda conservadora del Tribunal de bloquear la renovaci\u00f3n de estos cuatro jueces para impedir que se forme una mayor\u00eda progresista en este \u00f3rgano que es el\u00a0m\u00e1ximo int\u00e9rprete de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
La decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional es un “hecho grave”, denunci\u00f3 este martes el presidente socialista, Pedro S\u00e1nchez, durante una comparecencia con tono solemne.<\/p>\n
“Por primera vez se impide a los representantes leg\u00edtimos, democr\u00e1ticamente elegidos por los espa\u00f1oles con su voto, que realicen su funci\u00f3n de representaci\u00f3n de esa voluntad popular de debate en el Parlamento y de legislaci\u00f3n”, continu\u00f3.\u00a0“Son hechos que no tienen precedentes en la historia democr\u00e1tica de nuestro pa\u00eds”, agreg\u00f3 en referencia al periodo iniciado tras el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975, “pero tampoco de ning\u00fan pa\u00eds del espacio institucional europeo”, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
Desde la oposici\u00f3n de derecha consideran, sin embargo, que S\u00e1nchez pretende controlar la instituci\u00f3n imponiendo a jueces que apoyen sus pol\u00edticas.<\/p>\n
“Todos sabemos que lo que est\u00e1 detr\u00e1s de esas dos enmiendas”, critic\u00f3 la n\u00famero dos del Partido Popular, Cuca Gamarra, en la radio Cadena Cope. “Es la clara intenci\u00f3n por parte del presidente del gobierno de, por la puerta de atr\u00e1s, y al margen del procedimiento cambiar las reglas del juego (…) para adaptarlos a lo que \u00e9l le conviene”, lanz\u00f3.<\/p>\n
La reforma del C\u00f3digo Penal \u2014que incluye medidas destinadas a satisfacer a los aliados catalanes de S\u00e1nchez\u2014, podr\u00e1 votarse el jueves en el Senado, pero sin las enmiendas suspendidas por el Tribunal.
\nPreocupaci\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea<\/p>\n
El punto \u00e1lgido de esta crisis llega tras cuatro a\u00f1os de pulso ente gobierno y oposici\u00f3n sobre la pol\u00e9mica renovaci\u00f3n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), \u00f3rgano encargado de nombrar a los jueces, entre ellos la mayor parte de los que integran el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.<\/p>\n
Los miembros del CGPJ deb\u00edan haber sido renovados en 2018, pero todav\u00eda no tienen reemplazo debido a la falta de acuerdo entre izquierda y derecha. Ambas deben entenderse, ya que 12 de los 20 integrantes de este \u00f3rgano deben ser nombrados por la mayor\u00eda cualificada de tres quintas partes de las dos C\u00e1maras del Parlamento.<\/p>\n
Este bloqueo total complica el funcionamiento de la justicia y ha provocado varios toques de atenci\u00f3n desde la Comisi\u00f3n Europea.\u00a0A finales de septiembre, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se desplaz\u00f3 a Madrid para reclamar esta renovaci\u00f3n, pero result\u00f3 en vano. Cansado de esta crisis, el presidente del propio CGPJ, Carlos Lesmes, present\u00f3 su dimisi\u00f3n en octubre.<\/p>\n
Aunque asegur\u00f3 que el gobierno respetar\u00e1 la decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional, S\u00e1nchez prometi\u00f3 el martes que su “gobierno adoptar\u00e1 cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional”.<\/p>\n
Sus aliados de Podemos denunciaron, por su parte, una decisi\u00f3n de una “gravedad extrema”. “Un poder judicial sin legitimidad democr\u00e1tica ha dado un golpe al poder legislativo”, escribi\u00f3 uno de sus responsables, Pablo Echenique, en Twitter.<\/p>\n
En 2020, el gobierno de S\u00e1nchez plane\u00f3 reformar los procesos de renovaci\u00f3n del CGPJ, pero ante la preocupaci\u00f3n de Bruselas y las acusaciones de que buscaba favorecer el nombramiento de jueces ideol\u00f3gicamente pr\u00f3ximos a la izquierda, acab\u00f3 abandonando la reforma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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