La diputada Erika de los \u00c1ngeles D\u00edaz Villal\u00f3n (PAN) impulsa una iniciativa con la finalidad de garantizar que las v\u00edctimas de cualquier tipo de violencia tengan derecho a recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica y psicol\u00f3gica, y con previa valoraci\u00f3n, se les brinde informaci\u00f3n sobre el estado de salud y f\u00edsico que guarden.<\/p>\n
La propuesta, turnada a la Comisi\u00f3n de Igualdad de G\u00e9nero de la C\u00e1mara de Diputados, busca reformar la fracci\u00f3n V del art\u00edculo 52 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.<\/p>\n
Actualmente, este precepto se\u00f1ala que las v\u00edctimas de cualquier tipo de violencia tendr\u00e1n derecho a recibir informaci\u00f3n m\u00e9dica y psicol\u00f3gica, pero, de acuerdo con la diputada, no es lo mismo \u201crecibir informaci\u00f3n m\u00e9dica\u201d que \u201crecibir atenci\u00f3n m\u00e9dica\u201d.<\/p>\n
En su exposici\u00f3n de motivos, D\u00edaz Villal\u00f3n destaca que la reforma tiene el objeto de evitar indebidas interpretaciones en perjuicio de las mujeres v\u00edctimas de violencia, pues entre m\u00e1s claras sean las leyes, mejores estar\u00e1n protegidas y menos excusas enfrentar\u00e1n para recibir un servicio de esta naturaleza.<\/p>\n
Su iniciativa revela que, de acuerdo con cifras en materia de percepci\u00f3n de seguridad recabadas por el Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Geograf\u00eda (Inegi), se aprecia la urgencia de una adecuaci\u00f3n y perfeccionamiento del marco jur\u00eddico para la protecci\u00f3n de las mujeres.<\/p>\n
De ah\u00ed la necesidad de empezar a generar formas y acciones para educar, capacitar y concientizar a los servidores p\u00fablicos, en este caso, de los municipios y de las demarcaciones de la ciudad de M\u00e9xico, para que cuenten con los conocimientos y elementos que los encaminen a materializar los logros que persiguen las tratados, leyes, normas y pol\u00edticas p\u00fablicas que buscan la protecci\u00f3n de las mujeres frente a la violencia.<\/p>\n
La legisladora argument\u00f3 que se toma como base, en primer t\u00e9rmino, la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (\u2018Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1\u2019), aprobada por la Asamblea General de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos el 9 de junio de 1994, y cuyo decreto fue aprobado en M\u00e9xico el 12 de diciembre de 1996 y publicado en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n
En \u00e9ste se reconoce el respeto irrestricto a los derechos humanos y se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violaci\u00f3n de los derechos humanos y las libertades fundamentales que la limita total o parcialmente en el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y libertades.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Convenci\u00f3n Interamericana se describe la violencia contra la mujer como cualquier acci\u00f3n o conducta basada en su g\u00e9nero que cause muerte, da\u00f1o o sufrimiento f\u00edsico, sexual o psicol\u00f3gico a la mujer, tanto en el \u00e1mbito p\u00fablico como en el privado.<\/p>\n
D\u00edaz Villal\u00f3n se\u00f1ala que el Estado mexicano, pero sobre todo las autoridades y las personas servidoras p\u00fablicas, tienen la ineludible obligaci\u00f3n de observar los postulados y principios que se encuentran en cada uno de los art\u00edculos de la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.<\/p>\n
En este sentido, expuso que todas las autoridades del Estado mexicano, en los \u00e1mbitos de su competencia, est\u00e1n obligadas a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la desigualdad, la discriminaci\u00f3n y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres y ni\u00f1as, y garantizarles una vida libre de violencia.<\/p>\n
Por ello, una adecuada armonizaci\u00f3n legislativa de los principios y derechos consagrados en los tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, es responder a la obligaci\u00f3n de proteger y garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos humanos, puntualiza la diputada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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