Yucatán, terrenos nacionales convertidos en propiedad privada

Más de 11 mil hectáreas de terrenos nacionales en Yucatán, equivalente a la extensión de la alcaldía Iztapalapa, pasaron a manos privadas y de familiares de funcionarios estatales, desde los últimos meses del gobierno de Ivone Ortega, señala una investigación de la periodista Cecilia Reynoso.

Fueron expropiaciones encubiertas, para reventa de terrenos a través de falsificación de documentos y cambio de registros oficiales en más de una docena de municipios en Yucatán. El fenómeno se registró durante todo el gobierno del priista Rolando Zapata, de 2012 a 2018.

En el municipio de Hunucma, fueron registradas como “privadas” 600 hectáreas en octubre de 2012. Unos meses después se vendieron en 9 millones de pesos y posteriormente en 45 millones. Hoy, su valor catastral supera los 160 millones de pesos.

La reportera de Latinus investigó en el Registro Agrario Nacional (RAN), en el Registro Público de la Propiedad de Yucatán y en Títulos de Posesión de Tierras, y descubrió que 24 predios dejaron de pertenecer a la nación de manera irregular, lo cual implica un despojo.

Esto ocurrió también en los municipios de Mérida, Celestún, Dzilam de Bravo, Ucú, Hunucma, Kinchil, Río Lagarto, Tetiz, Yaxkulul, Tukul, Temozon, Tekax, Kanasin y Chicxulub Pueblo. Familiares de varios funcionarios federales fueron beneficiarios de esas transacciones.

Entre ellos, la mamá de Roberto Rodríguez Asaf, ex secretario de Finanzas de Yucatán y posteriormente secretario de Gobierno de Rolando Zapata. Funcionarios del Instituto de Seguridad Jurídica de Yucatán realizaron las inscripciones con títulos y documentos falsos.

Asignaron coordenadas, autorizaron la incorporación en las actas del Registro Público de la Propiedad y legalizaron así el despojo de las tierras. Se valieron incluso de títulos de terrenos nacionales que no corresponden a Yucatán. Documentos del RAN así lo revelan.

En 12 de las inscripciones de los 24 predios, se usaron números de títulos que están en Baja California, Hidalgo, Veracruz y Puebla. El Instituto de Seguridad Jurídica de Yucatán inscribió una superficie en Celestún, con el número de título de terrenos nacionales asignado a un predio en Ensenada, Baja California.

Se inscribieron 3, 501 hectáreas ubicadas en Hunucma a la que los funcionarios estatales asignaron un número de título que en el RAN corresponde a un terreno de Nochistlán, Puebla. Este modus operandi pretendieron aplicarlo también con terrenos de propiedad privada.

Carlos Trujillo y Gerardo Millet disputan desde hace 8 años, decenas de hectáreas en Chicxulub Pueblo donde el Registro Público de la Propiedad se prestó para usar números de terrenos nacionales que correspondían a un predio en Othón P Blanco, en Quintana Roo y ootro en Tecate, Baja California.

Carlos Millet descubrió que entre los papeles ilegales que encontraron, había un título de 1985 en la que falsificaron la firma de Rafael Rodríguez Barrera, cuando él asumió el cargo hasta 1986. El Instituto de Seguridad Jurídica de Yucatán también estuvo involucrado en este hecho.