Fantasma de Ayotzinapa cubre proceso electoral en Guerrero

Las sedes estatales del PRD y la casa de campaña de Evelyn Salgado, en Chilpancingo, Guerrero, fueron vandalizadas este viernes por normalistas que advirtieron: “Ayotzinapa no apoya a ningún partido político”.

Quemaron propaganda de Morena y una piñata a la que le pegaron una fotografía con el rostro de José Luis González de la Vega Otero, quien apoya la campaña de Evelyn Salgado a la gubernatura.

Fue secretario de Educación en Guerrero, en los gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo y del priista Héctor Astudillo Flores.

También quemaron una piñata con la figura del exgobernador, Ángel Aguirre Rivero, a quien los estudiantes señalan como uno de los responsables del asesinato de tres de sus compañeros y la desaparición de otros 43 la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala.

El exgobernador rechazó una candidatura para diputado federal plurinominal pero ha tomado un papel activo en la campaña del candidato del PRI-PRD a la gubernatura, Mario Moreno Arcos y lo ha acompañado en distintos mítines.

Los estudiantes de Ayotzinapa se han mantenido críticos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, respecto a la investigación por la desaparición y asesinato de sus compañeros.

Mientras tanto, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE) dictó sentencia en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) y la obligó a emitir, en un lapso de cinco días, una nueva resolución, fundada y motivada, respecto al juicio ordinario iniciado por la queja de Basilia Castañeda Maciel contra el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio.

Ella lo acusa de haberla violado cuando era menor de edad, hechos registrados en el puerto de Acapulco; y a pesar de que la Fiscalía del estado desechó el caso por haberse presentado 20 años después de los hechos, la víctima inició un proceso ante la CNHJ de Morena.

La denuncia de Basilea, fue contra la candidatura del senador, por que viola los Estatutos de Morena. La respuesta del instituto político fue el inicio de una campaña de ataques mediáticos contra la denunciante y su familia, sustentados en la atemporalidad de la denuncia judicial, que prescribió hace una década.