Con la 4T, entre 72 y 98% de los recursos, se asignan de manera directa
Sin licitaciones, sin protocolos de justificación del gasto, el nuevo régimen de la 4ª Transformación asignó en el 2020, por adjudicación directa, sin licitación alguna, entre el 72 y 98 por ciento de los recursos federales.
De acuerdo con el análisis, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V ( BIRMEX), empresa de propiedad estatal, asignó 98% del monto destinado a compras públicas por el procedimiento de adjudicación directa, es decir, más de 3 mil 800 millones de pesos gastados sin concurso.
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) destinó 12 mil millones de pesos en compras públicas a través de adjudicaciones directas, 75% del monto total en 2020
La Secretaría de Marina (SEMAR) no canalizó recursos por licitación pública en 2020. La SEMAR adjudicó mil 900 millones de pesos por adjudicación directa (72%) y 671 millones por invitación restringida (25%).
Mientras que ocho de cada 10 pesos gastados por la Secretaría de la Función Pública en procesos de compra fueron por adjudicación directa, solo uno de cada 10 se manejó por procesos de licitación pública
DICONSA adjudicó únicamente el 4% a través de licitaciones, lo que representa 460 millones de pesos.
El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, denunció así que el actual gobierno ha recurrido a las más viejas prácticas de la función pública, a través de millonarias adjudicaciones directas de las dependencias.
Explicó que acuerdo al informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las instituciones federales no priorizan la licitación pública y destinan miles de millones de pesos a las adjudicaciones directas.
“Mientras las instancias encargadas de combatir la corrupción del régimen callan y solapan los negocios irregulares de la “cuarta trastornación”, es la sociedad civil la que asumió el digno papel de vigilar que el Presupuesto de Egresos de la Federación se destine correctamente, conforme lo ordenó el Congreso de la Unión”, acusó Romero Hicks.