Gobernadores ladrones y Congresos ciegos

LA RED SOCIAL. 12 de julio. Xalapa, Ver.- ”Hay una campaña de odio en mi contra”, dijo Javier Duarte de Ochoa en su Twitter como respuesta a las andanadas de críticas de que ha sido objeto en las últimas semanas.
Tras la decisión de la PGR de inconformarse por sus reformas anticorrupción, el gobernador Javier Duarte de Ochoa dio marcha atrás a su decisión de nombrar a un fiscal y a tres magistrados anticorrupción.
Héctor Yunes Landa, ex candidato del PRI al gobierno de Veracruz, exigió a Javier Duarte de Ochoa renunciar al cargo de gobernador porque “ha deshonrado su palabra y lastimado profundamente” al estado.
En tanto, el gobernador Roberto Borge Angulo mencionó que como titular del poder Ejecutivo del estado no ha promovido la creación un sistema anticorrupción. Afirmó que tiene claro que debe ajustarse siempre, sin excepción alguna, con pleno respeto a las disposiciones, leyes y ordenamientos federales, como es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción. “Somos respetuosos del recurso promovido por la PGR, manifestó”.
El gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, afirmó que su gobierno no va a permitir que el actual mandatario estatal y personas de su administración queden lejos del alcance de la ley, en caso de que se compruebe que cometieron actos deshonestos como funcionarios públicos.
“Vamos a luchar en busca de revertir cada una de estas acciones, con el fin de darle transparencia y claridad a la administración pública, porque ya es tiempo de que los políticos rindan cuentas a los ciudadanos”.
Pese a la presentación de acciones de inconstitucionalidad contra los “nombramientos a modo” en Quintana Roo y Veracruz, es necesario que los congresos locales desistan o den marcha atrás, según el caso, de otros nombramientos y reformas, que atentan contra la responsabilidad hacendaría y contra la Constitución, señaló el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés.
Los grupos parlamentarios del PRI en la Cámara de Diputados y el Senado de la República enviaron a la Auditoría Superior de la Federación una carpeta que contiene las “conductas antijurídicas” del panista Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, que muestran un desfalco al erario por alrededor de 2 mil 515 millones de pesos.