Llama presidenta de la Corte a jueces, no responder a palabrería inútil

Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llamó a los jueces y ministros a no hacer caso a “palabrería inútil” ante los cuestionamientos en contra del Poder Judicial

La independencia judicial no es privilegio de los jueces, sino un derecho de la sociedad, y su función no debe ser afectada por influencias internas o externas, afirmó el miércoles.

“Sobre nosotros se hablará y mucho; desgraciadamente, en muchas ocasiones se inventará; las críticas y los cuestionamientos seguirán, no repliquemos lo malo, el descrédito, la deslegitimación, la palabrería inútil”.

Usemos, cualquiera que sea el sentimiento que nos provoca esta situación, para ser mejores, para demostrar quiénes somos, de qué estamos hechos; mucha fuerza, mucha entrega, mucha dedicación”.

“Centrémonos en nuestro estudio, en nuestro crecimiento profesional y personal, en nuestra congruencia y en nuestra ética, no hay más”, dijo la ministra presidenta de la SCJN, Piña Hernández.

Tomando en cuenta la realidad social que gira en torno a los conflictos que son sometidos a nuestra consideración, ratificamos, reafirmamos, confirmamos, reiteramos: que la independencia judicial no es un privilegio de los juzgadores, es un derecho de los justiciables.

La ministra presidenta de la Corte hizo estas declaraciones, luego de más de un año de ataques por parte del Ejecutivo Federal, que ha calificado de “corruptos” a los jueces y ministros.

Tanto el primer mandatario como su partido en el poder y otros partidos satélite, han insistido en la idea de someter a votación popular la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Actualmente, el partido en el poder ha planteado incluso la posibilidad de someter a Juicio Político a la ministra, por haber iniciado un procedimiento judicial contra senadores por haber desacatado un fallo judicial en torno al INAI.

También se encuentra en investigación un procedimiento del Consejo de la Judicatura Federal en contra de ex funcionarios de ese organismo, que podrían haber influido en fallos judiciales mediante amenazas y cohecho.