Presuntos delincuentes podrían ser elevados a jueces o magistrados

De acuerdo con investigaciones de diversos grupos civiles, algunos convictos de delitos criminales podrían ser elevados a jueces o magistrados del Poder Judicial, producto de las elecciones del domingo 1 de junio.

Entre ellos se encuentran Tania Gisela Contreras López, ex consejera jurídica del gobierno de Tamaulipas se perfila como integrante del Supremo Tribunal de Justicia de dicha entidad. Se le ha involucrado en delitos de huachicol.

Según la organización Defensorx, la información proviene de la propia Secretaría de la Defensa y fue publicada recientemente en el periódico El Universal por el periodista Héctor De Mauleón.

Apodado “El Padrote de Yucatán”, es otro de los personajes que podría ocupar una magistratura. Hernán Jesús Vega Burgos, está acusado de trata de personas. Fue delegado del Instituto Nacional de Migración. Fue destituido y detenido.

Protegía una red de trata de personas. Dos de sus víctimas presentaron acusaciones porque abusó sexualmente de ellas, bajo la amenaza de deportarlas de no ceder a sus deseos.

Madián Sinaí Menchaca Sierra y Eluzaí Rafael Aguilar, cercanas a Nassón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, encarcelado en Estados Unidos por abuso sexual con menores de edad, también podrían ser juezas en México.

Entrevistada por la revista Proceso, La profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Azul Aguiar, señala que la reforma lopezobradorista “definitivamente viola normas específicas de tratados internacionales y convenciones de las que México es parte, entre ellas la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles”.

La doctora en Ciencias políticas prevé que el Estado mexicano será condenado en diferentes instancias internacionales por haber destituido de manera masiva a miles de personas juzgadoras para dar paso a los candidatos a jueces elegidos el 1 de junio, todos ellos cercanos a Morena.

“El problema es que esta condena será como en 10 años –dice–, y en ese momento, dependiendo del gobierno que tengamos, veremos si acata la sentencia”.

La abogada peruana Úrsula Indacochea, quien asistió como observadora a la elección judicial en su calidad de directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales “tienen hoy más argumentos” para seguir investigando el caso mexicano.