Desalojan familias en la Montaña de Guerrero para ocupación paramilitar

Comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero denunciaron este fin de semana, nuevos ataques armados y con drones presuntamente perpetrados por el grupo criminal “Los Ardillos”, así como desplazamientos forzados en la región, para ocupar las tierras con fines paramilitares.

Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunciaron lo anterior y reportaron bombardeos con drones cargados de explosivos durante más de 8 horas consecutivas en Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, en el municipio de Chilapa de Álvarez.

Asi, la crisis humanitaria existente desde hace tiempo, se agravó este 9 y 10 de mayo y se estima que entre 800 y 1,000 familias han huido de sus hogares para salvar sus vidas. Las incursiones que iniciaron desde el miércoles 6 de mayo. Hombres armados instalaron trincheras a escasos 200 metros de una base militar.

Ni el Ejército ni la Guardia Nacional intervinieron por lo que las comunidades acusaron de una “omisión cómplice” por parte de las autoridades estatales y federales ante el avance de este grupo delictivo, que busca el control territorial de la región.

Según el CIPOG-EZ, la violencia de “Los Ardillos” en la zona ha dejado un saldo histórico de 76 personas asesinadas y 25 desaparecidas de su organización. La postura oficial más reciente (al 10 de mayo de 2026) ha sido el silencio administrativo y la omisión de respuesta directa ante la escalada de violencia

A pesar de que las comunidades indígenas nahuas han enviado reportes continuos sobre los bombardeos con drones y las balaceras, las autoridades estatales no han emitido un comunicado oficial de condena o de acción inmediata específicamente por los hechos de estos días.

El CIPOG-EZ señalan directamente a Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social, de hacerse “omiso” y no enviar respuesta a los llamados de auxilio mientras las familias huían. pobladores denuncian que, a pesar de la gravedad, las fuerzas de seguridad (Ejército y Guardia Nacional) se retiraron.

Hasta el momento, no hay reportes de carpetas de investigación abiertas de la Fiscalía General del Estado, por los ataques con drones explosivos ocurridos entre el 6 y el 10 de mayo. El gobierno estatal aseguró inicialmente el jueves 7 de mayo que se había instalado una Base de Operaciones Interinstitucionales en la zona.

Sin embargo, los pobladores denunciaron que las fuerzas de seguridad se retiraron esa misma tarde, dejando el camino libre para que continuaran los ataques. El Congreso Nacional Indígena (CNI) han escalado sus denuncias a nivel internacional, señalando a la gobernadora de “responsabilidad por omisión”.