Bajo ataque: espionaje y persecución de activistas y periodistas en sexenio de AMLO

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley documentó el asesinato en México de 78 periodistas y 259 activistas sociales durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La investigación incluye 75 expedientes de casos, un análisis asistido por IA de más de mil 400 ruedas de prensa presidenciales, organigramas del aparato de seguridad de México.

Por ejemplo, detalla que entre 2019 y 2023, se utilizó el Cellebrite UFED (Universal Forensic Extraction Device), un hardware y software que permite extraer, decodificar y analizar datos de teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos digitales.

El ideólogo de la llamada “4ª Transformación” usó plataformas de espionaje e investigación como Pegasus pese a que el mandatario negó varias veces estas prácticas así como el uso de ese tipo de instrumentos de inteligencia.

La investigación de la Universidad, según indicó el diario EL UNIVERSAL, inició en 2022, después de una infiltración del grupo Guacamaya, que derivó en la filtración de 6 terabaytes de correos electrónicos y archivos de la Secretaría de la Defensa.

La institución señala que desde el Ejecutivo Federal no sólo fomentó el ataque político contra periodistas adversarios, sino que creó un centro secreto de inteligencia militar como Geomatrix, de Rayzone y Cellebrite UFED.

Esto, sin autorización judicial y sin que existiera ninguna ley que facultara a las Fuerzas Armadas a interceptar comunicaciones privadas. La persecución se daba desde las “Mañaneras”.

Ahí estigmatizaba y señalaba a periodistas por su nombre. Recientemente, la exsecretaria de Gobernación Luisa María Alcalde dijo que había una “lista” de periodistas a los que se tenía “ubicados”, siempre contrarios al gobierno federal.  

La investigación se titula Bajo ataque: persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México y fue elaborada a partir del análisis forense de la megafiltración de Guacamaya Leaks y de auditorías digitales.

El informe tiene secciones detalladas sobre vigilancia, acoso en línea, abuso de los procesos legales, violencia física e impunidad”. La investigación fue concebida inicialmente como un escrito judicial dirigido a la Corte Penal Internacional (CPI).