Régimen 4T inaugura censura previa en internet

La reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor recién aprobada por la Cámara de Diputados, introduce un esquema de “responsabilidad secundaria” para los proveedores de servicios de internet que vulnera derechos fundamentales.

La organización Artículo 19 advirtió que la modificación de los artículos 114 Octies y Nonies, así como la adición del 232 Septies, atribuyen responsabilidad legal a los intermediarios de internet por las infracciones cometidas por terceros.

La reforma utiliza términos vagos y ambiguos, como “contribuir” o “inducir” conductas infractoras, lo que generaría un incentivo para que las empresas monitoreen activamente la actividad de sus usuarios.

Con tal de evitar multas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), los proveedores podrían optar por la censura preventiva y la retirada masiva de contenidos.

Otro punto crítico es la obligatoriedad de implementar políticas para terminar el servicio a “infractores reincidentes”, pues esto constituiría una forma de censura previa.

Esto permitiría excluir a personas de los espacios digitales basándose en simples avisos de “supuesta vulneración”, sin que medie una sentencia judicial. Simplemente bastará un oficio de “notificación y retiro”.

Este mecanismo ha sido utilizado para eliminar contenidos periodísticos o de interés público mediante reclamaciones infundadas; la reforma de 2026, advierte Artículo 19, profundizaría este escenario de arbitrariedad.

La propuesta choca con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reconoce el principio de no responsabilidad de los intermediarios como un elemento fundamental para proteger la libertad de expresión.

Mientras México adopta medidas restrictivas bajo el argumento del T-MEC, Canadá ha logrado preservar garantías más amplias y un mecanismo más proporcional que pondera el debido proceso y los derechos humanos sobre los intereses comerciales.

Artículo 19 solicitó la apertura de espacios de diálogo y parlamento abierto para construir un marco normativo que proteja los derechos de autor sin sacrificar los derechos humanos en el entorno digital.

(En la elaboración de esta nota se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial)