Revisarán solicitudes de Juicio Político en la Cámara de Diputados

La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados celebró luego de seis meses de su instalación, la primera reunión ordinaria en donde se acordó por unanimidad revisar las solicitudes de juicio político, que datan de 2003, en orden cronológico. En total son 352 solicitudes que no han prescrito.
La Subcomisión de Examen Previo aprobó por unanimidad el acuerdo de trabajo para la atención y desahogo de 352 denuncias de juicio político, acumuladas a lo largo de 10 años.
El acuerdo de la subcomisión, que copresiden los diputados Mercedes Guillén Vicente (PRI) y Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), presidentes de la Comisión de Gobernación y de Justicia, respectivamente, establece que el análisis se realizará en dos etapas: la primera contempla las denuncias recibidas en la 59, 60 y 61 legislaturas y la segunda abordará los casos presentados en la 62 y 63.
La diputada Guillén Vicente, explicó que al estar “en falta la instalación de esta instancia desde hace 10 años”, deben trabajar en un mecanismo que permita cumplir lo acordado recientemente por la Junta de Coordinación Política, respecto a resolver los casos en el orden en que fueron presentados.
El diputado del PRD, Rafael Soriano Hernández, comentó que cada una de las más de 300 solicitudes debe tener una respuesta puntual, fundada y motivada para el ciudadano y dijo que en la revisión se debe privilegiar la protección del ciudadano contra el abuso de poder y no la inmunidad de un funcionario.
“¿Qué es lo que tenemos que cuidar en esta doble función de esta figura constitucional? Es una interrogante que tenemos que resolver porque esto nos va a dar luz de qué es lo que vamos a proteger si la garantía constitucional del ciudadano ante el poder o la garantía de inmunidad de algunos funcionarios públicos o representates populares. Yo me inclinaría por lo primero”, comentó.
Y propuso que consultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los plazos que establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y así determinar si el plazo inicia cuando el ciudadano presenta la solicitud o cuando se instala la Subcomisión en la Cámara.
Sobre este tema, el diputado del PRI, Armando Luna Canales, proyectó que la Suprema Corte no se pronunciaría sobre expedientes que eventualmente podría resolver para su resolución, por lo que se acordó pedir esta opinión únicamente al área de Servicios Parlamentarios.
La primera reunión ordinaria concluyó sin que la copresidenta estableciera fecha para un nuevo encuentro. Cabe recordar, que la sesión de instalación se realizó el 28 de abril y fue hasta hoy que los integrantes se reunieron nuevamente.
