Reprobable criminalizar a sexoservidoras

• Persiste abuso y violencia en su contra por autoridades civiles policiales y procuración de justicia, denuncia PVEM

Guillermo Pimentel Balderas

Es preocupante que quienes desempeñan el trabajo sexual lo hagan diariamente en condiciones de inseguridad, al carecer de protección jurídica para inhibir el abuso y la violencia en su contra, tanto de civiles como de las autoridades policiales y de procuración e impartición de justicia, bajo el argumento de combatir la trata de personas.

El trabajo sexual es como cualquier otra actividad en este país y, por lo tanto, debe de mantener no sólo coherencia con el orden nacional, sino todos los privilegios inherentes a otras actividades, como carpintero, futbolista, abogado o ingeniero.

Ante estas circunstancias, para promover la descriminalización del trabajo sexual en la Ciudad de México, el diputado local del PVEM, Fernando Zárate Salgado, retomó íntegramente una iniciativa que presentó en la VI Legislatura la entonces diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, encaminada a derogar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica.

El legislador indicó que prevalecen las condiciones sociales y económicas que hace tres años dieron lugar a dicha iniciativa, pero se ha avanzado ya en el aspecto político y jurídico como para retomar el tema a favor de las mujeres, hombres y personas de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual que tienen como única opción de subsistencia el trabajo sexual.

Desde hace años, en diversas modificaciones legislativas, iniciando con la libertad de decisión sobre su cuerpo a las mujeres y la unión de personas del mismo sexo, se han producido avances en la ampliación de los derechos humanos, por lo que consideró oportuno superar la visión prohibicionista que criminaliza el trabajo sexual.

Fernando Zárate reconoció que existen posturas divergentes en este tema, involucrando a diversos actores sociales, políticos y académicos que discuten si ésta es una actividad que debe ser abolida, regulada o simplemente ser vista como una manifestación del derecho de la autodeterminación.

Para el Estado, bajo el régimen prohibicionista, la persona que practica o que genera un trabajo sexual es una infractora o una delincuente y debe responder ante la justicia por su conducta.

Por prejuicios, complejos y negaciones de ciertas personas o grupos ultraconservadores se ha pretendido negar un derecho que en la Ciudad de México debe ser analizado y reconocido por los legisladores.

Nuestra preocupación, dijo Fernando Zárate, es por el orden jurídico y por la mejoría de las condiciones de cualquier grupo social o persona para que ejerzan la actividad laboral que prefieran en un contexto de seguridad, garantías y respeto de sus derechos humanos.

“Respetando la autoría y la lucha tan grande que dio en su momento la diputada Polimnia Romana en 2013, con comas, con palabras y con todos sus puntos la vuelvo a presentar, entendiendo que ya distintos partidos políticos la reconocen en esta Legislatura”, dijo Fernando Zárate.