PARTIDOS INSISTEN EN REALIZAR ELECCIONES PESE A VIOLENCIA EN NARCO ESTADOS

SIC Media. Acapulco, Gro.- Pese al ambiente de tensión que se vive en Guerrero y Michoacán, los líderes de los dos principales partidos de oposición (PRD y PAN) coincidieron en que no se cancelarán elecciones, toda vez que -señalaron- es necesario hacer valer las vías democráticas para enfrentar la crisis en la entidad.

Andrés Manuel López Obrador cargó todo el peso de la responsabilidad al Presidente Peña Nieto y afirmó que con el actual Gobierno Federal priísta, México padece “un cochinero y gran corrupción”; un ejemplo son “los moches que Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, recibieron del constructor Armando Hinojosa Cantú a cambio de obras públicas, en la actual administración y cuando estuvieron en el gobierno del estado de México”.

Sin embargo, su ex compañero de partido en el PRD y actual gobernador de Morelos, Graco Ramírez, admitió que en México existen “narco estados” y “narco políticos”.

De hecho asegura que él mismo recibió del PAN un narcoestado, con una policía infiltrada por el crimen organizado, por lo que al emprender acciones para sanear las instituciones el 90% de los mandos no pasó el examen de control de confianza.

Hay varios narcoestados y narcopolíticos en el país, dijo. El crimen organizado buscó pactar impunidad, sentenció.

En este ambiente de zozobra, el PRI anunció que buscará postular candidatos expertos en política y administración que no sean motivo de vergüenza, señaló ayer César Camacho, presidente del tricolor.

En tanto, en Guerrero y Michoacán prevalece la tensión. Al menos 22 personas resultaron heridas, 6 de ellas graves, luego de un enfrentamiento entre maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) con la Policía Federal.

El gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, aseguró que los enfrentamientos fueron provocados por “un grupo de manifestantes” que ingresaron al hotel donde se hospedaban los agentes.

Contingentes de la Ceteg incendiaron tres camionetas y dañaron otros cuatro vehículos, incluida una ambulancia de la PF. Además retuvieron a tres federales, a quienes trasladaron a la Normal Rural de Ayotzinapa y antes del mediodía los entregaron en la cárcel municipal de Tixtla.

La ONG Tlachinollan, alega que agentes PF ebrios comenzaron la agresión. El Presidente Enrique Peña Nieto defendió la investigación que ha llevado acabo su Gobierno sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Al responder las preguntas parlamentarias al Senado, enviadas con motivo de su segundo informe de Gobierno, el titular del Ejecutivo sostuvo que su Administración ha actuado de acuerdo sus facultades legales y con transparencia en las indagatorias, aún cuando la investigación correspondía a las autoridades locales.

Mientras tanto, después de cinco meses de repliegue, grupos de autodefensas decidieron tomar de nuevo las armas en Michoacán.

Con fusiles AK-47 y AR-15, así como algunas armas automáticas y playeras blancas con leyendas de “autodefensa”, los civiles bloquearon varias carreteras y llevaron a cabo protestas para exigir a las autoridades acabar con el cártel de Los Caballeros Templarios.

Supuestos elementos de la Fuerza Rural quemaron sus uniformes en el marco de los bloqueos. Para la ciudadanía, las elecciones intermedias del 2015 tienen pocos incentivos ya que según encuestas, todos los partidos están involucrados en la corrupción, tráfico de influencias y crimen organizado que permea la política mexicana.

En Tabasco, donde el PRD gobierna por primera vez en un estado que ha sido totalmente priista, la alternancia ha resultado fallida.

Tras la decepcionante administración priista de Andrés Granier, el primer mandato del PRD en Tabasco, de Arturo Núñez, no ha sido mejor.

Prevalece la inseguridad, el derroche de recursos y la corrupción marcan dentro del gobierno, según informan los medios de comunicación.

En Guanajuato ya es un secreto a voces la existencia de sofisticadas bandas del crimen organizado. En dicha entidad, la extracción ilegal de combustible se incrementó en más de 300 por ciento en los últimos cuatro años. Esto pone en peligro a los habitantes por las explosiones e incendios registrados durante el hurto.