Ahora viene desaparición del INAI

Con 71 votos a favor y 21 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el dictamen por el que se armoniza la legislación secundaria para establecer un modelo de simplificación orgánica en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

El documento plantea que las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pasarán a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La propuesta, que busca expedir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fue aprobada en lo particular con 67 votos a favor y 20 en contra, por lo que se remitió a la Cámara de Diputados

El paquete de leyes y reformas que fue aprobado impulsa un nuevo modelo de tutela de los derechos humanos de acceso a la información pública y protección de datos personales, a fin de facilitar su ejercicio, sin que ello implique gastos onerosos, duplicidades y burocracias privilegiadas.

Para ello, se precisa que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también tendrá la atribución para regular la Plataforma Nacional de Transparencia; además, se crea el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, denominado Transparencia para el Pueblo.

El dictamen sustituye al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.

También se establece que las autoridades responsables de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública son:

El órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el ámbito federal, denominado Transparencia para el Pueblo; el órgano de control y disciplina del Poder Judicial de la Federación; los órganos de control de los órganos constitucionales autónomos; y las contralorías del Congreso de la Unión.

Además, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por cuanto hace a los sindicatos, en atención a sus apartados; el Instituto Nacional Electoral, respecto a los partidos políticos.

No vamos a permitir que México siga caminando hacia el autoritarismo, porque una democracia sin transparencia es una democracia que muere en silencio y aquí estamos para defenderla”, advirtió la senadora Michel González Márquez.

Al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN al proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y particulares, calificó como inaceptable esta iniciativa y anticipó no solo el voto en contra de la bancada, sino que la van a denunciar.

“La transparencia no es una concesión del poder, es un derecho del pueblo y no vamos a quedarnos callados mientras lo pisotean. Hoy, en este Senado tenemos la oportunidad de hacer lo correcto. No basta con discursos que prometan transparencia ni mucho menos austeridad. Se necesitan instituciones fuertes, autónomas, valientes, que no se doblen ante el poder, que sean capaces de cuestionarlo y de evidenciar sus abusos”, afirmó.

En su intervención, la senadora por Guanajuato refirió que esta propuesta presentada hace unos meses por el expresidente Andrés Manuel López Obrador bajo la premisa de austeridad en realidad abre la puerta a la a corrupción, la impunidad total y a los negocios en lo obscurito.

Y señaló que el organismo con el que pretenden sustituir al INAI y que con cinismo lo llaman Transparencia para el Pueblo, en realidad debería llamarse “opacidad para el pueblo y total impunidad para el gobierno”.

Hizo énfasis en la “aversión patológica” de Morena con la transparencia y como ejemplo, recordó cuando López Obrador siendo jefe de gobierno reservó por 15 años la información del segundo piso del periférico y como en 2017 Claudia Sheinbaum reservó el expediente del Colegio Rébsamen donde murieron 26 personas; 19 de ellas, eran niñas y niños.

Para concluir, informó que nueve de cada diez mexicanos creen que su gobierno es corrupto, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI y en el Índice de Percepción de la Corrupción, México se encuentra en el lugar 140 de 180 países evaluados.

También se manifestaron en contra de este proyecto los senadores María de Jesús Díaz Marmolejo, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo y Verónica Rodríguez.

El Senado de la República inició el análisis y discusión de un proyecto que plantea expedir tres leyes y modificar una norma vigente para regular la competencia de los tres niveles de gobierno en la tutela y ejercicio de los derechos de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales.

Se trata de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y la reforma a varias disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, detalló que con estos tres nuevos ordenamientos y la reforma a la mencionada norma se concretarían los mandatos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto al acceso y el derecho a la información de los mexicanos.

Subrayó que esas garantías son necesarias en el país, pero rechazó que se requieran los gastos exagerados de miles de millones de pesos del erario que antes se observaban en estas materias, pues repercutían en las finanzas de un pueblo que necesita alimento, protección, educación y caminos en sus comunidades.

“En el antiguo INAI se gastaban el dinero, los responsables de este instituto en ´tables´, en restaurantes y exceso de viajes hacia el extranjero, gastos superfluos. Lo último que se supo de estos funcionarios que, en lugar de proteger la información que se les solicitaba, cambiaban su actividad por boletos por el futbol”, acusó.

Por tanto, enfatizó que este proyecto de reforma, remitido por la titular del Ejecutivo Federal al Senado de la República, hará que las instituciones de transparencia y protección de datos sirvan bien a los ciudadanos.

Con la expedición de las normas y la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las atribuciones que tenía conferidas el INAI se realizarán ahora por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Además, se homologan las reglas, los principios, las bases, los procedimientos y en general los mecanismos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. De igual forma, se incluyen criterios de interpretación que, en su momento, emitió el INAI y que actualmente aplican a los sujetos obligados.

Establece, además, un rediseño de las autoridades garantes, responsables de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública. También se homologan y maximizan las reglas, principios, bases, procedimientos y, en general, mecanismos en el ejercicio del derecho a la protección de datos personales.