Registro Público y Morena, involucrados en invasión de propiedades en la CDMX
La invasora de casas y terrenos, Virginia Vázquez, contaba con un poder de “mediadora certificada” del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), que la facultaba dar “fe pública”, equiparable a una sentencia judicial, para la expropiación de inmuebles en la alcaldía Benito.
Amparada en esa figura, la mujer encabezó a todo un grupo de personas que, ahora se sabe, actuaban dentro del Ministerio Público y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC), para conceder extra legalmente la propiedad de casas o terrenos según consta en un oficio del RPPC.
Este tipo de intervenciones dificultó la tarea de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para iniciar carpetas por “despojo”. Sin embargo, Virginia Vázquez ya fue vinculada a proceso y trasladada a un penal para que responda a todas las acusaciones que han surgido en su contra.
Sin embargo, han empezado a surgir nuevas denuncias sobre intentos de despojo, en las que involucran a funcionarios del RPPC, INVI, Comisión para la Reconstrucción y a un concejal de Morena en la alcaldía Benito Juárez, coludido con la administradora de un edificio.
La Comisión para la Reconstrucción y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México intervinieron en una obra de reforzamiento estructural en un edificio de 10 pisos ubicado en Patricio Sanz 529, Colonia Del Valle, que sufrió daños luego del sismo del 2017. Bajo ese pretexto, pidieron a los inquilinos desalojar el inmueble.
Sin embargo, nunca les entregaron el Proyecto Ejecutivo ni comprobante alguno que les garantizara la entrega de su propiedad con las nuevas condiciones estructurales de sus departamentos. Fue entonces que se presentó el Concejal Hugo Torres, quien les ofreció defenderlos del INVI y de la Comisión.
Apoyado por la administradora Martha Patricia, sugirió la contratación de un despacho que, por 30 mil pesos por departamento, se encargaría del caso. Nunca les resolvieron y ahora les piden que abandonen el edificio, apoyados por un supuesto Fiscal llamado, Sinhué, quien los amenazó con el desalojo violento.
En esta escalada, quitaron personal de vigilancia, cambiaron cerraduras, cortaron suministros de agua y gas. Los propietarios trataron de arreglar por sí mismos las averías de sus departamentos, pero fueron amenazados con iniciar demandas en su contra por usurpación de funciones.
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