Alarmante, asesinatos de defensores sociales y de derechos humanos en México

• Impunidad del crimen organizado, acusan, campesinos y líderes sindicales

 

Por Guillermo Pimentel Balderas

 

La Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN), en conferencia de prensa, en compañía de otros dirigentes sociales y de trabajadores, acusaron directamente al Estado mexicano de solapar al crimen organizado en contra de defensores de la tierra, el agua, los bienes comunales y de derechos humanos.

Urgieron medidas por parte del gobierno federal, de los gobernadores estatales y presidentes municipales –principalmente- para cesar la criminalización y demandaron respeto de sus derechos y garantía de vida pues el pasado 14 de mayo, fue asesinado Manuel Gaspar Rodríguez, integrante de la CNPA MN, tras haber recibido amenazas de muerte (vía celular) por su activismo y oposición al Megaproyecto de Minería a cielo abierto en la región nororiental del estado de Puebla.

Hoy, el Estado no siente ni cosquillas con las recomendaciones internacionales sobre el respeto a los derechos humanos de los liderazgos sociales y hace uso de la delincuencia organizada para encubrir los asesinatos de estos líderes sociales.

Tras afirmar lo anterior, el Vocero de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN), Daniel Zúñiga Maldonado, fijó la postura general sobre la creciente inseguridad en el medio rural como consecuencia colateral del proceso electoral que se lleva a cabo en el país y la existencia de grupos armados que proliferan en diversas regiones de México.

Se dio a conocer la carta emitidas por Amnistía Internacional – que la firman más de 200 organizaciones de México, internacionales, extranjeras; así como adhesiones personales de defensores civiles y de derechos humanos-, en la cual le hace un llamado urgente a los Gobiernos Federal, de Puebla y del municipio de Cuetzalan para que salvaguarde la actividad de los bienhechores, luego de que Manuel Gaspar Rodríguez, fuera asesinado después de recibir amenazas de muerte vía telefónica por desconocidos.

Al intervenir José Dolores López Barrios, dirigente nacional de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC-JDLD), expuso que hay que detener el saqueo de minerales mexicanos por parte de las empresas mineras extranjeras (principalmente canadienses), que aparte de operar contra la ecología, contaminar el agua y la tierra,  han puesto en peligro la integridad de los luchadores sociales.

Proceso electoral más importante que vidas campesinas

El Vocero de la CNPA MN, Zúñiga Maldonado, lamentó que el Estado mexicano este de vacaciones y ´haya abandonado la gobernabilidad del país.” En este proceso electoral, lo único que le preocupa es el posicionamiento de sus propuestas y defender lo que supuestamente trabajó a lo largo del sexenio, lo que genera un aumento en la confrontación en el medio rural”, advirtió.

Pero además –sostuvo- que “hace uso del crimen organizado para encubrir los asesinatos de líderes sociales ambientalistas como recientemente sucedió en Puebla con Manuel Gaspar Rodríguez”.

Zúñiga Maldonado, declaró que el Gobierno no se ha encargado de resolver los temas de conflictividad social, se tomó vacaciones y dejó la gobernabilidad en pausa porque el único que ahorita le preocupa es el posicionamiento de sus propuestas y defender lo que supuestamente trabajó a lo largo del sexenio.

Ello, dijo, lo que está generando es el aumento en la confrontación en el medio rural y en el país en general ya que tenemos detenciones arbitrarias por todos lados, el uso excesivo de la fuerza pública para contener las movilizaciones y los liderazgos más radicales son asesinados y no hay un esclarecimiento de los hechos.

Indicó que el Gobierno Federal insiste en que no tuvo qué ver pero finalmente son defensores de derechos humanos, de la tierra, defensores sociales los que están siendo asesinados.

Aseguró, con el respaldo de otros liderazgos sociales, que esta situación que no está sucediendo al azar, pareciera que es una definición del Estado ir contra los luchadores sociales ya que la voracidad rapaz de los grandes inversionistas pasa, por encima, de los derechos humanos.

Expresó que hoy el Estado no siente “ni cosquillas con las recomendaciones internacionales sobre el respeto a los derechos humanos de los liderazgos sociales y hace uso de la delincuencia organizada para encubrir los asesinatos de estos líderes sociales”.

Inclusive, recordó que Amnistía Internacional emitió una recomendación al Gobierno Federal, al del estado de Puebla y al del municipio de Cuetzalan, para iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la muerte de Manuel Gaspar Rodríguez, así como a garantizar la seguridad de los miembros de la MIOCUP y la Tosepan colectiva.

Del mismo modo, recomendó investigar los ataques contra ellos y reconocer de manera urgente y públicamente, el papel legítimo de los defensores del medio ambiente, de los derechos humanos en puebla y llamó a que estos entes gubernamentales se abstengan de socavar el trabajo público o privado de dichos liderazgos.

También AI, llamó al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida; al Fiscal General del Estado de Puebla, Víctor Antonio Barranca Bourget y a Oscar Paula Cruz, presidente municipal de Cuetzalan, Puebla, a llevar a cabo una acción urgente para defender a indígenas.

Lo anterior debido a que, en la región montañosa del Norte de Puebla, va en aumento la violencia en los últimos años en contra de los defensores y activistas de derechos ambientales quienes son atacados e intimidados.

Asimismo, se plasma en la recomendación de Amnistía Internacional AU: 103/18, índice: AMR 41/8451/2018, México 18 de Mayo 2018.

La intervención de Amnistía Internacional se debe a que los defensores de Derechos Humanos en Puebla están en riesgo grave y recientemente han sido objeto de ataques.

En el documento de tres cuartillas, señala que Manuel Gaspar Rodríguez fue encontrado muerto con heridas de arma blanca profundas en el corazón y hombro, en un motel en las afueras de Cuetzalan, estado de Puebla, en la mañana del 14 de mayo de 2018.

Fue miembro del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban y parte de una Coalición de Movimientos Sociales que se oponen a proyectos de energía, concesiones mineras y a la construcción de una línea eléctrica de alta tensión en la región montañosa del norte de Puebla.

Documentó AI que el ahora occiso también presentaba heridas en el hombro izquierdo provocadas por un objeto afilado y caliente así como las marcas en su cara, lo que sugiere otras formas de violencia. Los autores siguen siendo desconocidos.

También intervinieron en la rueda informativa, Salvador Acevedo de la Sección 22 de la CNTE; Eladio Abundis de la Federación Auténtica de Trabajadores (FAT); Carlos Galindo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y Modesto Gutiérrez, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entre otros.