Arranca circo mediático para otro reo protegido

DIARIO ZÓCALO. 18 de julio.- Se le acusa por siete delitos, dos del fuero federal y cinco del fuero común. Sin embargo, Javier Duarte de Ochoa no será juzgado por las desapariciones, asesinatos, secuestros, homicidios a periodistas, persecución a activistas que convirtieron a su Administración en una larga noche para los habitantes de Veracruz.

Desde las primeras horas de ayer hasta cuando ingresó el convoy de 11 camionetas que lo trasladaron al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el nombre de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, se convirtió en el Trending Topic, en la búsqueda más intensa en Google.

El show de Javier Duarte tuvo un doble interés mediático: por un lado, es el primero de los representantes de la “nueva generación del PRI” –como Enrique Peña Nieto lo calificó– extraditado de Guatemala y es el primer exgobernador del PRI que sería juzgado bajo las reglas del nuevo sistema penal acusatorio.

El veracruzano estuvo ante un juez de control en la causa penal 97/2016 por delincuencia organizada y lavado de 439 millones de pesos. Aunque la audiencia sería de carácter público, por cuestiones de espacio el número fue reducido y la PGR tenía apartados 20 lugares de la sala.

Marco Antonio del Toro, abogado de Duarte, anticipó que la audiencia sería “muy larga”, pues expondrán argumentos de descargo a favor de su cliente. No obstante la audiencia sólo estaba agendada de 16:30 a 16:50, pues a las 17:00 horas estaba planeada una audiencia de otro asunto en la misma sala.

Tres meses para extraditar a un exfuncionario mexicano es casi un récord cuando otros extraditables, que aceptan su traslado, por lo general no son enviados al país que los requiere antes de seis meses.

El viaje de la cárcel de Matamoros hacia las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca ocurrió a las 4:30 de la madrugada. Cuando los primeros periodistas llegaron, a las 5 de la mañana, Duarte ya se encontraba resguardado en el lugar. Para las 9 de la mañana ya se habían congregado unos 40 periodistas, fotógrafos y camarógrafos que no pudieron captar la imagen de Duarte. Las pocas fotografías que se consiguieron fueron compartidas por la oficina de prensa del Ministerio de Gobernación.

Del Toro, es el abogado de Elba Esther Gordillo, y para sorpresa de muchos asumió también la defensa del exmandatario veracruzano ayer mismo.

A su llegada al juzgado federal, el litigante dijo que las acusaciones contra el exgobernador de Veracruz “no tienen el más mínimo sustento”.

Resaltó que respetará los planteamientos de la Procuraduría General de la República, sin embargo no los comparte.

Miguel Ángel Yunes, Mandatario de Veracruz, exigió que Duarte sea castigado con muchos años de prisión y, además, que devuelva los miles de millones de pesos que, dijo, se robaron él y su banda.

“Renovamos nuestra exigencia de que se haga justicia, le pedimos a la PGR que actúe con toda severidad, que se le aplique una pena privativa de libertad de muchos años, que se mantenga en prisión”, expresó.

“Pero también que devuelva los miles de millones de pesos que se robaron él y su banda, y que mantiene hoy a Veracruz en la situación financiera más crítica de su historia”.

En un video, Yunes demandó que se investigue a todo el grupo que “saqueó” Veracruz, entre quienes mencionó al también exgobernador del Estado, Fidel Herrera. “Como Gobernador de Veracruz me mantendré vigilante, la justicia llegará, estoy totalmente seguro”, añadió.

REPUDIO NACIONAL

Gobernadores de distintos partidos exigieron que se le aplique la ley al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para que, en caso de que se le demuestren los delitos que se le imputan, sea castigado conforme a Derecho.

El Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, dijo en entrevista que si bien la autoridad judicial determinará el eventual castigo a Duarte, se debe aplicar la ley. “Hay que ver los delitos que se le están imputando y será la autoridad judicial la que deba de determinar, lo que debe hacerse es que se aplique la ley”, expresó en entrevista.

El Gobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad, afirmó que a Duarte se le debe aplicar la ley como a cualquier ciudadano si es que se comprueba que cometió acciones ilícitas. “Será el Poder Judicial y el juez los responsables de decidir qué castigo debe tener por las conductas que logren probarle o comprobare”, expresó al término de un evento de la Conago.

En tanto, Graco Ramírez, de Morelos, respondió: “lo que establece la ley, lo que el proceso mismo indique para que sea sentenciado como debe ser”.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, preferiría que lo internaran en un penal federal.

“Para la Ciudad de México sería mejor que se siguieran este tipo de custodias en lugares de alta especialidad para ello”, sostuvo el Mandatario.

Como Jefe de Gobierno de la Ciudad, explicó, tienen la obligación institucional de cumplir con todas las formalidades de procedimiento, de observancia y de cuidado de los derechos humanos.