Arranca extraordinario y quitan el fuero a Chapodiputada

 

La Cámara de Diputados inició el periodo extraordinario de sesiones retirándole el fuero constitucional a la diputada del Congreso de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, presuntamente ligada al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En una sesión que no duró ni dos horas y en una votación de sólo cinco minutos, 414 diputados se pronunciaron a favor del desafuero, no hubo votos en contra y se registraron 37 abstenciones.

Los congresistas que se abstuvieron, consideraron que los argumentos del Ministerio Público contra Sánchez López no fueron claros, e incluso, su desafuero fue una “farsa”.

Se trata de todos los integrantes de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Maricela Contreras, y su compañero de fracción, Arturo Santana; así como el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Sarabia.

Luego de determinar que es procedente quitarle el fuero a la legisladora sinaloense, la Cámara informó que se dará vista al Ministerio Público, a fin de que pueda ejercer acción penal contra Lucero Sánchez, acusada por el uso de un documento oficial falso, en este caso, una credencial de elector.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Jesús Zambrano, indicó que se notificará la decisión al Congreso de Sinaloa para que proceda en consecuencia. De igual modo, la resolución se hará del conocimiento de la señalada y su defensa, apuntó.

En la reunión en que la Cámara de Diputados actuó como Jurado de Procedencia, desde la Tribuna, el representante del Ministerio Público, Arturo Ruiz Toribio, indicó que la solicitud del desafuero contó con pleno sustento en pruebas periciales, aplicadas a la credencial para votar falsa utilizada por la diputada Sánchez, a fin de visitar a “El Chapo” en el Altiplano, en septiembre de 2014; su licencia de conducir y la fotografía que aparece en la página del Congreso de Sinaloa, primordialmente.

El funcionario aseveró que después de distintos análisis y peritajes, se concluyó que existe “semejanza” morfológica entre las fotografías referidas, y la mujer que ingresó al Altiplano, bajo el nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez, a quien el líder del Cártel de Sinaloa pidió acreditar como persona de su confianza.

“No queda duda que Lucero Guadalupe Sánchez López es la mujer que el 4 de septiembre de 2014, se presentó ante el personal de seguridad del Cefereso 1 Altiplano, ante quienes se identificó como Devany Vianey Villatoro Pérez, con la credencial para votar folio 51826349, para posteriormente dirigirse a la Sala 12 del penal federal, en donde estuvo presente en una audiencia judicial con el interno Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’ Guzmán”, apuntó.

Por lo anterior, insistió, el Ministerio Público desarrolló una indagatoria firme, sin móvil político y con pruebas sólidas científicamente comprobadas, que acreditaron el delito de uso de un documento falso, que de acuerdo al Código Penal Federal debe ser sancionado, y para ello, era necesario retirar el fuero a la diputada Sánchez López, a fin de proceder penalmente en su contra.

En su turno en la Tribuna, el abogados Rubén Antonio Tamayo Viveros, aseguró que las acusaciones de la PGR no tiene fundamento, refrendó que la autoridad nunca mostró los “videos” que se graban en el Altiplano y de los cuales se extrajeron las imágenes de la mujer que habría visitado a Guzmán Loera.

Aseveró que sustentar la solicitud del desafuero en las “semejanzas” encontradas entre las fotografías cotejadas por la PGR no es razón suficiente para acusar a su representada; aunado a que el Ministerio Público intentó, pero no pudo comprobarle el delito de delincuencia organizada.

En seguida, tomaron la palabra los diputados y diputadas. El encargado de posicionar el dictamen de la Sección Instructora, fue su presidente y diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Ramírez, quien aseveró que se consideró procedente atender la solicitud de desafuero de Lucero Sánchez, por el delito de uso de documentos oficiales falsos.

El diputado independiente Manuel Clouthier, recaló que la “narcopolítica” es mucho más común de lo que piensa la ciudadanía, pues el poder “corruptor” del crimen organizado es “superior”.

Por su parte, el diputado de MORENA, Alfredo Basurto, afirmó que si se siguiese el mismo procedimiento con el resto de los legisladores y funcionarios involucrados en algún ilícito, “muchos diputados estarían en la cárcel”.

Al considerar que la Instructora no realizó bien su trabajo, pues el expediente muestra “lagunas legales”, el congresista enfatizó que en México, hay muchos “delincuentes de cuello blanco” a quienes debería aplicarse la ley como a la diputada por Sinaloa, pero se les ha “premiado” con más cargos públicos. Lo anterior, en alusión directa al abanderado Partido Acción Nacional (PAN) y el PRD a la gubernatura de Veracruz y mandatario electo, Miguel Ángel Yunes.

“Hay muchos delincuentes de cuello blanco que se siguen paseando felizmente por las ciudades, por los estados, incluso hasta se les premia con gubernaturas, me refiero a Yunes, quien tiene una investigación por desvío de recursos por más de 3 mil millones de pesos, compañeros. Y hoy nos vienen a distraer y llamar la atención por un delito menor de falsificación de documento. Falsificación de documento que a criterio de la fracción de Morena existen lagunas de ley, donde la Comisión Instructora no hizo bien su trabajo”, refrendó.

El diputado del PRD, Omar Ortega, aclaró que los diputados no serán los encargados de juzgar a Lucero Sánchez, sino de determinar que existen elementos y razones legales para retirarle el fuero, a fin de que la señalada quede a disposición de las autoridades correspondientes. No se juzga si es culpable o no, solo se le quita la inmunidad procesal, puntualizó.

Ortega Álvarez también fue claro al subrayar que el delito que se le achaca a la llamada “chapodiputada” no es grave, y si un juez lo determina, podría enfrentar las acusaciones que se le hacen en libertad bajo fianza.

Acto seguido, el perredista enfatizó que así como se aceleró el desafuero en cuestión, el

Congreso de la Unión debería ser más expedito y mandar un mensaje de que no “solapa” a “delincuentes” ni se tolera la impunidad, resolviendo a la brevedad los más de 300 expedientes de juicio político archivados.

Para el diputado del PAN, Juan Pablo Piña, el caso de Lucero Sánchez deja en evidencia las graves omisiones del Gobierno Federal en materia de supervisión en los centros penitenciarios, en particular en el Altiplano.

La diputada del PRI, Sandra Méndez, también integrante de la Sección Instructora, lamentó que algunos congresistas confundan juicios políticos con juicios de procedencia, cuando se trata de dos figuras jurídicas distintas.

Apuntó que el fuero no es un seguro de impunidad y ante la obligación de los diputados de rendir cuentas ante los ciudadanos, fue preciso avalar el desafuero de la legisladora presuntamente ligada a “El Chapo” Guzmán.

La priísta aclaró que el desafuero aprobado no es una persecución ni una venganza con fines políticos, sino que tuvo como propósito impedir que se cometan actos ilícitas al amparo del servicio público.

El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara, señala que “existe mérito suficiente para resolver positivamente la declaratoria de procedencia”, es decir, que existen elementos suficientes para pronunciarse a favor del desafuero de la legisladora presuntamente ligada al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El tema que durante meses generó expectativa, en la sesión en que finalmente la Cámara se erigió en Jurado de Procedencia, perdió reflectores, debido a que la señalada decidió no presentarse personalmente en el recinto parlamentario, al que solo acudieron sus representantes legales.