Un sobrino del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, y otro hombre fueron asesinados a balazos ayer viernes en esa región, informó este sábado la fiscalía local.

Édgar Juvanny Parra Zambada, de 42 años, “de ocupación comerciante de mariscos” y “sobrino de Ismael Zambada García” fue asesinado ayer viernes junto a otro sujeto en el barrio Las Quintas de Culiacán, capital estatal, confirmó la Procuradoría General del estado de Sinaloa en un comunicado.

El otro hombre asesinado tenía 43 años y era albañil, indicó la fiscalía.

Ambos “fueron atacados por al menos por dos sujetos, hasta el momento no identificados”, señaló la fiscalía.

Ismael El Mayo Zambada es un discreto capo, de 68 años, del que no se tiene noticias desde que en 2010 se encontró con el periodista Julio Scherer. Las autoridades calculan que asumió el liderazgo del cártel de Sinaloa tras la recaptura de El Chapo en enero pasado.

Un ex jefe de la DEA dijo a la Afp en marzo que el cártel de Sinaloa es el más poderoso que opera en México, y consideró que El Mayo es el único capo que queda de los viejos tiempos del narcotráfico mexicano, que cuenta con gran respeto al interior de ese grupo delictivo.

Versiones periodísticas señalan que El Mayo habría intervenido en la presunta liberación de uno de los hijos del líder histórico del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

El hijo de El Chapo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de 29 años, fue secuestrado junto con otros cinco hombres la madrugada del 15 de agosto en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, y habría sido liberado el 19 de agosto, según un familiar del capo que habló con la Afp bajo anonimato.

El plagio del hijo de Guzmán es atribuido por las autoridades al Cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha convertido en uno de los grupos criminales más poderosos a grado tal que en 2015 osó derribar un helicóptero militar y su líder, Nemesio Oceguera El Mencho, es uno de los narcotraficantes más temidos y buscados del país.

El secuestro de Jesús Alfredo Guzmán, que según expertos podría haber desatado una guerra entre narcotraficantes, se sumó a una serie de presuntos ataques contra familiares del jefe del cártel de Sinaloa en dos meses, el más reciente, el asesinato de dos jóvenes que, según medios, serían sus sobrinos políticos.

ANUNCIA PGJDF CREACIÓN DE RED DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Hoy participando unidos, damos un paso más en la construcción de una CDMX segura y respetuosa de los derechos de sus habitantes, subrayó el Procurador General de Justicia capitalino, Rodolfo Fernando Ríos Garza, durante la firma de un convenio de colaboración entre la dependencia y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), para crear una Red de Prevención del Delito, la cual permitirá fomentar la cultura de la denuncia y legalidad.

Tras exhortar a las organizaciones civiles a participar en las acciones encaminadas a cerrar el paso al fenómeno delictivo, Ríos Garza enfatizó que este instrumento favorecerá el intercambio de información para investigar hechos delictivos, desarrollar medidas de prevención en extorsiones, secuestros y robo en general.

“Estamos seguros que en la Coparmex contaremos con una aliado permanente, comprometido con la obtención de mejores condiciones de seguridad, para beneficio de todas y todos”, afirmó ante el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Jesús Padilla Zenteno, y miembros de esta agrupación, así como de todos los subprocuradores de la dependencia.

El abogado de la CDMX reiteró que la tarea fundamental de la PGJ capitalina es combatir el delito y disminuir la incidencia delictiva, y estas medidas han mostrado que es factible obtener mejores resultados cuando son acompañadas por las organizaciones de la sociedad civil.

El trabajo conjunto con la confederación, apuntó, facilitará el diseño de mecanismos que, de conformidad con las reglas de debido proceso, coadyuvarán en la detención de personas a quienes se les impute la comisión de algún delito.

En este sentido, aseveró que  la incorporación de las organizaciones de la sociedad civil, permite mantener un diálogo constante del cual derivan acciones de combate efectivo a los hechos ilícitos,  desde una perspectiva integral.

Asimismo, reiteró el compromiso de la procuraduría capitalina de mantener los niveles de exigencia a su personal sustantivo para que en el desempeño de sus funciones, se ciña al cumplimiento de altos valores de lealtad, profesionalismo y honestidad, inherentes a la función de procurar justicia.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Jesús Padilla Zenteno, refrendó el compromiso de la organización empresarial para coadyuvar con la Red de Prevención del Delito que impulsa la PGJ capitalina, y externó que el ilícito que más le preocupa al sector es el robo, por lo que los empresarios necesitan capacitación para la prevención.

Tras señalar que la CDMX necesita que todos se comprometan a participar en las tareas que a cada uno le corresponden, el titular de la Coparmex señaló la importancia de que todos los integrantes del gremio sepan que la PGJ capitalina está cerca de ellos y que su equipo de trabajo estará al pendiente de los requerimientos que surjan a partir de este proyecto.

Recalcó, al procurador capitalino y subprocuradores presentes, que la confederación sí es un aleado, y agradeció el interés que los funcionarios de la institución han tenido con cada uno de los agremiados en los temas que les han ocupado, además de que “siempre han estado atentos a las inquietudes y necesidades del sector empresarial”.

BUSCARÁN CONOCER DIRECTAMENTE SENTID DE LA SOCIEDAD

Como parte del acercamiento entre las autoridades encargadas de la procuración e impartición de la justicia y la organizaciones de la sociedad civil, el Procurador Rodolfo Fernando Ríos Garza participó en la primera sesión del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde destacó la importancia de que la ciudadanía conozca que cuenta con dispositivos eficaces de acceso a la justicia, para obtener la protección de sus derechos, sin importar su condición social, económica o política, ni su género o preferencia sexual.

Asimismo, resaltó que la PGJ ha implementado diversas acciones orientadas a proporcionar servicios de atención personalizada, especializada y profesional, y para eso ha reforzado la capacitación de los servidores públicos; instalado 42 Módulos de Atención Oportuna y 11 Unidades de Mediación, en las que son aplicables los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Lo anterior, precisó, forma parte de las medidas del Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA), el cual establece el servicio público de asesoría jurídica gratuita que favorece a las personas, víctimas del delito, y que la dependencia brinda porque está convencida que la libertad personal es un derecho humano de carácter universal e intransferible.

En este sentido, dijo que las detenciones ahora están sujetas a reglas precisas que evitan la comisión de excesos, y para ello se han implementado acciones que garantizan el debido proceso.

Todo esto, subrayó, reflejan los avances en materia de participación ciudadana; en el fortalecimiento del trabajo interinstitucional, y en la promoción, difusión, protección y respeto de los derechos humanos  en los últimos siete años.

Al respecto, resaltó que actualmente atravesamos un momento crucial debido a que la adopción del sistema procesal acusatorio, abre áreas de oportunidad para fortalecer un régimen que garantice a las personas, el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales.

Tras escuchar a integrantes de distintas organizaciones, Ríos Garza aclaró que la Policía de Investigación (PDI) no realiza operativos contra comerciantes; sin embargo, resaltó, en acciones propias de la institución, se han decomisado drogas y armas; detenido a presuntos implicados en hechos delictivos, y puestas a disposición de los jueces a personas contra quienes existían órdenes de aprehensión.

El Procurador Ríos Garza se pronunció por la reinstalación de esta mesa de trabajo, con el propósito de conocer de manera directa el acontecer en la comunidad, y así dar solución a los problemas. Y, en caso de que la actuación del personal del Ministerio Público, peritos o policías, no sea la adecuada, hacer valer los mecanismos para sancionarlos.

El subsecretario de Gobierno local, Guillermo Orozco Loreto, precisó que con la creación de este mecanismo se busca fortalecer el combate a la impunidad y corrupción. Con este objetivo, señaló, se ha revisado y dado seguimiento al proyecto de iniciativa de Ley de Víctimas para la Ciudad de México, elaborada por la procuraduría capitalina, buscando que cumpla con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. 

En el encuentro participaron el magistrado de la Quinta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia local, Andrés Linares Carranza y la secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos de la ciudad, Rosario Ortiz Malagón.

EXSACERDOTE SEÑALADO DE VIOLACIÓN

Derivado de trabajos de investigación y de campo, la Procuraduría General de Justicia capitalina cumplimentó la orden de aprehensión librada por el juez 55 Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, contra Carlos López Valdes o Carlos López Valdez, asegurado en el municipio de Jiutepec, en el estado de Morelos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada diversos tres y corrupción de menores.

Quedó asentado en la causa penal 244/08, que el imputado, valiéndose de su investidura como sacerdote, cometió el delito contra el ofendido en 1994, cuando éste era menor de edad, realizándole tocamientos de índole sexual y violaciones, cuyas afectaciones se prolongaron hasta principios del año 1998. Posteriormente, el agredido interpuso su denuncia por estos hechos en agosto de 2007.

Al conocer el ilícito,  el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis Primada de México solicitó que se iniciara el juicio canónico contra el indiciado, y a su vez, el Tribunal Eclesiástico informó a la congregación de la doctrina de la Fe en la Santa Sede en Roma, Italia, quienes continuaron con la investigación, remitiendo como sentencia definitiva en el 2010, su exclusión del ejercicio sagrado del ministerio; además, se le prohibió predicar y desempeñar algún oficio directivo en el ámbito pastoral ni fungir como administrador parroquial.

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