El escenario político electoral que habíamos previsto antes de 4 de junio se dio. Triunfos “muy sufridos de PRI” en Estado de México y Coahuila, sin mayorías muy claras (arriba del 5% de los votos entre el primero y segundo lugar) para evitar dudas y la posibilidad de aplicar la “Nulidad Electoral de Principios o Nulidad Abstracta” que prevén algunas legislaciones electorales locales.
A la infamante tarea de quebrar a Pemex, desmantelar su estructura productiva, despedir a los expertos trabajadores de campo, robar las gasolinas y el diesel a través del huachicoleo en mar y tierra, rematar la soberanía nacional, desfondar la economía y arruinar los bolsillos de decenas de millones de mexicanos, se añaden más: el lacayismo y el fraude fiscal y financiero.
Desde que, muy anticipadamente, Enrique Peña Nieto preparaba su candidatura presidencial, hizo uso del espionaje. Escuchó y grabó conversaciones de Manlio Fabio Beltrones, de Jesús Murillo Karam –quien luego fuera su procurador General de la República–, Marcelo Ebrard, Andrés Manuel López Obrador, Santiago Creel, Beatriz Paredes, Ricardo Monreal, Sergio Vela y hasta Juan Camilo Mouriño, fallecido a principios de octubre de 2008, lo que revela la data antigua de las prácticas de intervención telefónica del entonces todavía pre-pre-candidato a la Presidencia de la República.
Aunque espíen, todos los análisis, reportajes, comunicados conjuntos, notas con chayote adjunto, boletines, resúmenes, conclusiones, temas abordados en los cenáculos del pomposo Consejo de Seguridad Nacional, los de la Armada, los de la Defensa y los de los organismos correlativos en las entidades, jamás han dado cuenta del asunto más espinoso que las involucra en el secreto.
Cuando la modernización horizontal quiso imponer su credo contra todo argumento colectivo, contra las incipientes manifestaciones de repudio popular y a la aparición de contestatarios rebeldes, se impuso la guerra sucia. Los regímenes priístas se abocaron a liquidar cualquier brote de inconformidad, a aplastarlo desde su origen.
La primera entrega de la trilogía de documentales producidos por TV Azteca sobre la gran crisis económica, política y social de los años 1994 – 1995 ha revelado ante los ojos del televidente no sólo un testimonio sobre el valor civil necesario para utilizar en beneficio de la población la libertad de expresión, sino un análisis serio del que se derivan algunas reflexiones útiles para los tiempos modernos.
En toda actividad política el tiempo es un espacio oportuno, decisivo para aplicar soluciones, para reflexionar en la toma de las decisiones ejecutivas, para mostrar el oficio, para convencer previa disuasión o negociación de los conflictos, para pensar en los rebotes en sectores, regiones, clases y colectividades, para ejercer el poderoso arte de zurcir las almas.
Uno de los peores engañabobos del toluquismo está a punto de aparecer en la boleta electoral que habrá que tacharse dentro de un año. Si no sucede algo muy raro, Peña Nieto oficiará el destape de Luis Videgaray como su candidato único a la raída silla que de vez en vez ocupa en Palacio Nacional. El telonero de la ceremonia será el habilitado priísta Ochoa Reza, por si faltara un impresentable. ¡Vaya trío de tres!
La compra de votos en los distritos rurales del Estado de México logró un importante récord digno de figurar en los anales de Guinness: mientras la votación general aceptada por los oficialistas fue de un poquito más del 50% del padrón, en las cañadas y montes de Tejupilco, Atracomulco, y demás zonas mayoritariamente rurales la afluencia de ciudadanos a las urnas rebasó el 75%. Obviamente, votos paraAlfreditito III, festejados como si los priístas hubieran ganado la guerra de las Galias.
En un puñado de días los políticos atracomulcas, una especie en extinción, enseñó las uñitas, mostró a propios y extraños la inmunda y necia pasta de la que están hechos: asestó furibundos golpes de Estado, de Gobierno, deslegitimaciones institucionales al por mayor, crisis constitucionales, destrozo del sistema político y una enorme vergüenza internacional.
Por más que se le esculque, en México ningún acto de autoridad del autollamado Presidente Peña Nieto –elegido por el 15% de los votantes; ahora con menos del 15% de aceptación– tiene consecuencias legales. Astutos investigadores penales se han devanado los sesos buscando los orígenes de este fenómeno sin solución, tan arraigado entre los tolucos, como todas sus manifestaciones de ineptitud y voracidades similares.
El ilustre Chang Tse o Zhuangzi, uno de los grandes pensadores chinos, dijo que “un pobre ratero termina en la cárcel, mientras que un gran ladrón termina como jefe de Estado”. En la covacha de Los Pinos, hasta donde han llegado, despliegan ahora mismo una carísma campaña de prensa en la que se aclama el comienzo de una batida real contra la corrupción.
Con el objetivo de tomar posesión o adueñarse de cualquier sociedad, los gobiernos despóticos y autoritarios lo primero que tocaron fue la puerta de la censura de la prensa en todas sus manifestaciones. Las noches aciagas de las tiranías en nuestro medio repicaron siempre las campanas del silencio, de la complicidad con los matarifes.
El secular acatamiento a la expresión kantiana de que, dentro de un Estado de Derecho, la autoridad sólo debe hacer aquello que la ley le autoriza, sin poder prejuzgar, menos interpretar sobre las motivaciones del espíritu legislativo, aquí en México es letra muerta. La sevicia, la venganza y la ponzoña de la corrupción son las consignas preferidas de los mexiquenses en el sillón de mando… ¡que ya parece banco de pulquería!