CNDH México, instrumento al servicio de Morena: Universidad de Berkeley

De acuerdo con una investigación de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México ha sufrido un deterioro institucional considerable y adoptó un “rol pasivo” frente a asuntos centrales del sexenio de López Obrador, como la militarización de la seguridad pública, la política migratoria, los megaproyectos en territorios indígenas, la estigmatización de periodistas y organizaciones civiles y la expansión de la prisión preventiva.

También identifica a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, como militante de Morena y cuestiona la actuación del organismo durante el gobierno de AMLO, particularmente frente a denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, en la investigación denominada Under Attack in Mexico, del Human Rights Center de UC Berkeley. Señala que su elección, en noviembre de 2019, estuvo rodeada de acusaciones de irregularidades en la votación del Senado.

La CNDH han contribuido a la impunidad frente a agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos. Uno de los casos expuestos por la universidad es el de Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien denunció que su teléfono fue infectado con Pegasus. Berkeley señala que la CNDH cerró la queja después de recibir un informe de la Sedena que negaba el espionaje, pese a que existían elementos técnicos que apuntaban en sentido contrario.

Para profundizar en el desempeño de la comisión, Berkeley retoma el informe CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez (Centro Prodh). Concentra su análisis en estos cinco años de la primera gestión de Piedra al frente de la CNDH. Documenta que las quejas recibidas por la CNDH aumentaron casi 75% entre 2020 y 2023, al pasar de 11 mil 387 a 19 mil 916.

En esos cuatro años, la Guardia Nacional acumuló mil 816 denuncias y la Sedena, mil 664. Ese volumen de quejas no se reflejó de manera equivalente en recomendaciones por violaciones cometidas por instituciones castrenses.