Con EPN, enorme desprestigio internacional de México

Percepción Política

*Juan Manuel Magaña

El nombre de México ha sido tristemente mencionado para mal en grandes ámbitos mundiales: lo mismo en la entrega del Premio Cervantes en Madrid, que en la contienda presidencial estadounidense o en la páginas del New York Times.

La consecuencia de ello es que en las dos últimas semanas el país se ha deslizado a gran velocidad en una pendiente de incalculable desprestigio.

Por ejemplo, viaja el presidente Enrique Peña Nieto a Europa y lo primero que le persiguen son los feminicidios y el caso Ayotzinapa. Es abucheado y le sacan carteles. Fotos y videos circulan profusamente dentro y fuera del país, y México queda por los suelos.

Mientras acá, al dirimir sus serias diferencias, la PGR y los expertos del GIEI se convierten en materia informativa de análisis y crítica fuerte en la prensa internacional; la credibilidad gubernamental es nula, su prestigio traspasa el suelo.

En tanto, va a España el escritor Fernando del Paso a recibir su Premio Cervantes y en el momento cumbre de la ceremonia, bajo el enorme reflector internacional, denuncia a la Ley Atenco como la piedra angular de un totalitarismo que se cierne sobre México.

México, país peligroso

Y es que en las dos últimas semanas hemos sido también testigos de que México es descrito como un país peligroso. Ahí está la nueva alerta de viaje que el gobierno de Estados Unidos emitió para advertir a sus ciudadanos “sobre el riesgo de viajar a ciertos lugares de México debido a las amenazas a la seguridad por grupos delictivos organizados”.

Por esa alerta nos enteramos de paso y con pasmo de que tan sólo el año pasado fueron asesinados aquí 103 estadunidenses.

Esos “ciertos lugares” aludidos resultan estar ni más ni menos que en 22 de los 32 estados de la república mexicana, es decir, en dos tercios del país. Nada de que la violencia sea un problema aislado o acotado. Y por ello el Departamento de Estado reporta que “Ciudadanos estadunidenses han sido víctimas de crímenes violentos como el homicidio, secuestro, asaltos o robo de auto por parte de grupos delictivos en varios estados de México”.

De más lejos aún, Canadá también lanzó su propia alerta de viaje para México, en la que previno especialmente sobre la violencia en Guerrero y pidió evitar traslados no necesarios a esa entidad, incluido Acapulco. A su Ministerio de Asuntos Globales le preocuparon en ese momento los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León (excepto Monterrey), Sinaloa (sin incluir Mazatlán), Sonora (excepto Hermosillo, Guaymas y San Carlos), Tamaulipas, Guerrero (excluyeron Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco), Michoacán, Zacatecas y Colima. Once entidades, ni más ni menos.

El caso Ayotzinapa

Decíamos que luego de un intenso forcejeo a lo largo de abril entre la Procuraduría General de la República y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), finalmente se dio la ruptura entre ambas instancias. Quien perdió con ello en términos de prestigio y credibilidad fue el gobierno mexicano; primero se hizo daño a sí mismo con la fabricación de su increíble “verdad histórica” y luego maniobró burda y neciamente para fortalecerla.

Se sabe por muchas filtraciones que al gobierno no le importa lo que sobre Ayotzinapa crea la sociedad en general; le importa lo que crea la parte militante -su voto duro- que le daría soporte para una próxima elección presidencial. Pero como al mismo tiempo tampoco le importó lo que se piense en el exterior, el gobierno ahora está pagando un precio sumamente alto con su propio desprestigio, llevándose a México entre las patas.

Resulta que el GIEI no es una ONG mexicana, de esas que el gobierno acostumbra a ningunear, a no ver ni escuchar. El GIEI tendrá apenas cinco integrantes, pero es un grupo que tiene enormes fortalezas. La más obvia es su prestigio y credibilidad, derivada de otra fortaleza que es su conocimiento en la materia. Sus componentes no se pueden dar el lujo de falsear un dato, ni de politizar las cosas.mPor eso ha sido más que evidente la guerra sucia que el gobierno se decidió hacerle al grupo, para tratar de desprestigiarlo.

Cuatro de esos cinco integrantes del GIEI hablaron con el diario estadunidense The New York Times, medio en el que denunciaron haber sido sometidos a una campaña sistemática de acoso, evasivas e intimidación. Lo que describen se corresponde con lo que se habla de México en los ámbitos más disímiles, sean las alertas estadounidense y canadiense, lo que denuncia el escritor Fernando del Paso, lo que critica Hillary Clinton, lo que dice el relator de la ONU sobre derechos humanos o lo que cuestiona el ombudsman mexicano.

Los expertos del GIEI señalaron, para vergüenza de muchos aquí, que han sufrido ataques cuidadosamente orquestados por los medios de comunicación mexicanos, junto con el rechazo del gobierno a entregar documentos o conceder entrevistas con figuras esenciales.

Entre muchas otras cosas, los expertos reafirmaron que no existen las condiciones para realizar nuestro trabajo, prueba de ello es que el gobierno se opuso a la extensión de nuestro mandato.

Indicaron a The New York Times que las respuestas a las solicitudes de información al gobierno tardaron meses, además de que se ignoraron sus sugerencias para agilizar la investigación y comenzó una campaña mediática de difamación. Ni siquiera los dejaron entrevistar a militares que presenciaron los hechos de Ayotzinapa.

Para ellos el mensaje era claro: “Hay sectores dentro del gobierno que no quieren ser interrogados y por tanto es un intento de reforzar la ‘verdad histórica’ sin tomar en cuenta los nuevos elementos que hemos ido descubriendo”.

Estos sectores dentro del gobierno, dijeron, nos ven como una amenaza y endurecieron sus medidas contra nosotros, lo que refuerza la impunidad que impide que las cosas cambien en este país. Ángela Buitrago, una de las integrantes del GIEI contra quien se centraron los ataques mediáticos, señaló que era inimaginable el propósito de todo eso, que era deslegitimar la investigación, desacreditarnos y distraernos.

A la mala exposición mediática del gobierno mexicano (en la que de paso se pinta mal a México) han contribuido hechos objetivos y personas. Una de éstas fue no Donald Trump sino Hillary Clinton, candidata presidencial demócrata, quien consideró “indignante” que aún no se haya solucionado el caso Iguala y aseguró que si ella estuviera en el gobierno mexicano “no descansaría hasta descubrir lo que pasó con esos 42 (sic) jóvenes”.

Tortura generalizada y disculpas

Para colmo, un hecho crudo lo dijo todo en estos días: subido a las redes sociales la noche de un miércoles, un video del 4 de febrero de 2015 mostró en todo su esplendor cómo los militares torturan en este país. Se trataba de una mujer, asociada a alguna mafia del narco, que estaba esposada, tirada al suelo y experimentando la sensación de asfixia que le producía la bolsa de plástico con que le cubría el rostro. Un capitán del ejército, una policía militar y un policía federal participaban en la tortura.

Para fines de control de daños, el general secretario de la Defensa Nacional tuvo que salir sorpresiva, sorprendente y aparatosamente rodeado de 26 mil soldados a ofrecer disculpas por ese “hecho aislado” de tortura. El ombudsman Luis Raúl González Pérez y el relator de la ONU sobre derechos humanos, le respondieron que la disculpa era insuficiente, sin castigo para los responsables. Y el segundo le recordó que la tortura en México es algo generalizado.

Aquí vale decir que las cosas caen por su propio peso y que por eso es justa la significativa caída en popularidad del presidente Enrique Peña Nieto. Lo injusto es el desprestigio que todo esto le ha acarreado al país.

El último reporte significativo lo dio el diario Reforma y en seguida agarró camino para el exterior. Es interesante recordar cómo lo repercutió un medio internacional, el diario El País de España: “Ni con el impulso en enero de la recaptura de El Chapo Guzmán ha logrado el presidente Peña Nieto mejorar su popularidad durante los primeros cuatro meses del año. Un 66% de los ciudadanos reprueban su labor según una encuesta del diario Reforma. Supone una caída del 9% con respecto al último sondeo y marca el nivel más bajo de apoyo al presidente mexicano desde su llegada a Los Pinos. La economía y la corrupción son los apartados más duramente penalizados por los mexicanos”. Y podríamos agregar la injusticia, la pobreza, la violencia, y impunidad y esa grave crisis de derechos humanos…

Quedémonos por ahora con Del Paso cuando dice que “las cosas no han cambiado en México sino para empeorar, continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, la desapariciones, los feminicidios, la discriminación, los abusos de poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo”. En suma: “México es un país en decadencia”.

Lo más preocupante de no todo es no hay para cuándo el ciudadano común comience a preocuparse y a reaccionar.