TRAS BAMBALINAS. ¿Salvar a la patria o a Rocha Moya?

Por Jorge Octavio Ochoa. El gobierno de Donald Trump decidió escalar el conflicto diplomático con México, tras la muerte de dos agentes de la CIA, y sólo es cuestión de horas para que trasciendan más nombres de presuntos implicados con el narcotráfico.

La última declaración del mandatario es lapidaria: “A México lo gobiernan los narcos, y nadie más”, y ha emprendido una investigación en los 53 consulados de nuestro país en todo su territorio. Es una declaración explícita de la absoluta falta de confianza en el régimen de la 4T y en particular en Claudia Sheinbaum.

Vengan o no por ellos, la sola divulgación de nombres desde Estados Unidos es un golpe brutal a la credibilidad de los que se creían moralmente superiores. Vienen más nombres, más datos que, por principio de cuentas, conectan con Sergio Carmona Angulo, El Rey del Huachicol.

Hasta finales de 2025, las autoridades hacendarias de México reconocieron oficialmente cerca de 16 mil millones de pesos por fraude con gasolina y diesel. Pablo Gómez fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 3 años y sus resultados en el combate a ese ilícito fueron poco menos que nulos.

Extraoficialmente, se calcula que el monto de las pérdidas en México a causa del huachicol fiscal fue de 600 mil millones de pesos. Enormes buque tanques cruzaron por el Golfo y el Pacífico, para evadir el fisco con facturas fraudulentas de solventes y desperdicio del petróleo. ¿Nadie se dio cuenta?

Pero Sheinbaum ha tomado una decisión, que parece dictada desde La Chingada: levantar la bandera de la soberanía. Morena ya tomó ese camino. La estrategia de campaña rumbo al 2027, será el patrioterismo VS traidores a la patria. Pero quizá no le alcance.

Las instrucciones están dadas. La PresidentA declaró el 5 de mayo: “los que aplauden a las televisoras extranjeras cuando hablan mal de México, a ellos les decimos, con verdad y justicia, que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, están destinados a la derrota”.

Fue la asonada mediática contra los adversarios “que buscan la intervención extranjera (…) los que hoy se vanaglorian y defienden la injerencia”. Son instrucciones para la nueva cruzada que, al parecer, no será pacífica, porque llama a la militancia de Morena a una auténtica guerra ideológica y verbal.

En su mensaje de toma de posesión como nueva líder de ese partido, Ariadna Montiel lo dejó claro. Llamó a los militantes a mantenerse “firmes y unidos” frente a lo que calificó intentos de la oposición de desestabilizar al país. Acusó a sus adversarios de representar intereses contrarios al pueblo.

Ellos, los que han descrito a una oposición débil y sin ideas, hoy se ven aterrados por esta. Todo el discurso está dirigido a construir un argumento de defensa. Sin embargo, lejos de fortalecerse, exhiben debilidad: “Vamos a respaldar a nuestra presidenta, ¡No está sola!”. Pero aquellas masas bullentes ya no se ven.

Ahora advierten que el partido no permitirá prácticas de corrupción y, quienes incurran en ellas, no podrán aspirar a cargos de representación, incluso si cuentan con respaldo en encuestas internas. Suena a confesión de parte y a purga tardía o incompleta.

¿Y los que cuentan con el apoyo del líder moral? ¿Por eso no cae Rocha? Aun así, por encima del discurso y la politiquería, el gobierno de Trump ha recrudecido su guerra contra el narcotráfico, que cruza justamente sobre México. Primero designó a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).

También decidió clasificar al fentanilo como un Arma de Destrucción Masiva (WMD), en el marco de la Orden Ejecutiva 14367, que otorga a las agencias federales poderes extraordinarios de investigación y persecución penal. Esto, va más allá de los marcos tradicionales del narco-control. La nota periodística es clara:

“Esta legislación permite al Departamento de Justicia aplicar sentencias máximas y perseguir no solo a los traficantes, sino a cualquier entidad comercial que facilite el suministro de químicos básicos. En términos de rendición de cuentas, el gobierno de EUA advierte que no tolerará la inacción de Estados nación que permitan la operación de redes terroristas en su territorio”.

El documento señala directamente que las naciones de origen y tránsito, incluyendo a México, serán responsables por la falta de aplicación de leyes contra las empresas químicas que surten a los cárteles. Y esto ocurre, justo cuando en aquel país realizan investigaciones que involucran a mexicanos.

El IRS de EU (fisco), agentes del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), catearon oficinas de la empresa Ikon Midstream LLC. Decomisaron computadoras, documentos y facturas relacionadas con la investigación de una red de contrabando de combustible hacia México.

Reportes periodísticos señalan que la empresa ha sido ligada al fenómeno del huachicol en México y a presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a través de empresas fachada. Revisan un esquema dentro de Pemex, para facilitar información y propiciar la importación irregular de combustibles.

Para registrar diésel y gasolina como lubricantes o insumos industriales, falsifican documentos. Después se transporta y vende la gasolina, evadiendo así miles de millones de pesos en impuestos. Los nombres de Daniel Asaf, Marcos Herrería y Javier Núñez López aparecen. Todos ellos, cercanos a Andy.

También investigan a la empresa Housesin Desarrollos SA de CV, de Enrique Díaz Vega. Esta transfirió cerca de 240 millones de pesos a Constructora Chocosa S.A. de C.V., firma fundada por los hijos del Rubén Rocha Moya. Enrique Díaz Vega es el tercer acusado por el Departamento de Justicia de EU. 

Constructora Chocosa, creada en 2009 por los hermanos Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, comenzó a recibir contratos públicos un año después, entre 2010 y 2018, la empresa acumuló adjudicaciones por lo menos de 64 millones de pesos. El Departamento de Justicia coloca a Rocha, Días Vega y Enrique Inzunza Cázarez en un mismo expediente.

En respuesta, la 4T y Morena, han redoblado los discursos patrióticos. Sheinbaum Pide ¡Pruebas, pruebas! Su partido repite y repite que está “del lado del pueblo”. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, hoy bajo investigación, tiene declarada una fortuna superior a los 141 millones de pesos,

¿A qué pueblo defienden? ¿Quiénes eran los machuchones? Con ese doble discurso, la presidenta de México llama a la unidad contra “las amenazas del extranjero” pero, pretender la unidad nacional, desde la polarización y el odio, etiquetando a los adversarios de “traidores”, es muy arriesgado.

Isidro Avelar Gutiérrez es el juez que recibió sobornos de grupos criminales a cambio de dictar fallos judiciales favorables para sus líderes. El Departamento del Tesoro de EE. UU lo asoció con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización de Los Cuinis.

Fue incluido en la “lista negra” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en mayo de 2019 bajo la Ley Kingpin y detenido en Guadalajara en noviembre de ese año por enriquecimiento ilícito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó su destitución definitiva en agosto de 2023.

Ese es el tamaño de la lista. Lo más triste, es la manera en que Presidencia de la República trata al pueblo, con estrategias de comunicación literalmente para estúpidos. Su sección de MENTIRAS, con un formato patético, y el gritillo chillón: “¡Mentira!”, es la evidencia. Y el anuncio de BTS en Palacio Nacional. Pan y circo.

“Es un honor estar con Obrador… y que viva la 4T”. ¿En serio, señora Presidenta? ¿Le pareció simpático y oportuno hacer decir eso a los coreanos? El Artículo 33 de la Constitución prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en los asuntos políticos del país. A Isabel Ayuso la amenazaron. ¡Vaya contraste! ¡Vaya concepción de democracia! ¿Qué clase de patriotas son ustedes?