De la política en México

por Miguel Tirado Rasso

Hay desconfianza desde cómo se
han nombrado a los más recientes consejeros,
además, por la inocultable cercanía de
algunos con el gobierno de la 4T.

Entre gritos, porras y reclamos, Morena continúa el proceso de destapes de sus corcholatas, léase candidatas o candidatos, a las 17 gubernaturas que estarán en juego en los comicios de junio de 2027. Pura felicidad para quienes resultaron los elegidos para obtener el eufemístico título de Coordinador(a)de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, o sea, para que nos vayamos entendiendo, el derecho a competir por una gubernatura como candidatos de Morena.

El gobierno de la 4T ha impuesto formas y tiempos en los procesos electorales, que se han convertido en prácticas consuetudinarias, a ciencia y paciencia de las autoridades electorales. Los tiempos de precampañas, destapes y campañas de candidatos, de acuerdo a la ley electoral vigente, inician en enero, marzo y abril, respectivamente, del año de la elección. Ante esto, Morena consideró, desde que asumió el poder, que necesitaba más tiempo para sus campañas. Reformar la ley para este objetivo no representaba ningún problema para Morena, ante su dominio mayoritario en el Congreso, sin embargo, la propuesta no resultaba popular, ante el alud de críticas que generaría el alto costo de las campañas. Así que se buscó una triquiñuela para alargar las campañas, cambiándole la calidad de candidatos, a quienes competirían por Morena para las gubernaturas, por el eufemismo de Coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Esta estratagema, sumada a la complicidad de una autoridad que, debiendo hacer cumplir la ley, finge demencia, permitió que Morena iniciara el proceso de selección de sus candidatos a las gubernaturas desde el mes de mayo pasado, con una ventaja significativa sobre sus competidores en la contienda electoral. Conforme a su calendario, Morena está en pleno destape de sus corcholatas, las que, una vez definidas, continuarán en campaña, todavía con cuatro meses de anticipación a los tiempos de ley.

Además de los ajustes al orden jurídico a través de reformas de ley y sus prácticas consuetudinarias a modo, la 4T cuenta con una condescendiente autoridad electoral, que se niega a reconocer la eufemística estratagema. Sólo para esa autoridad (INE), quienes se presentan como candidatos, declaran y actúan como candidatos y hacen campaña, mítines y recorridos casa por casa, como candidatos, no son candidatos porque no hacen llamados al voto. Por lo mismo, según el Instituto, no se incurre en actos anticipados de campaña.

Algo más. Extrañamente, el Instituto dio marcha atrás en la emisión de reglas adicionales para regular los procesos internos de los partidos políticos, por lo que Morena y los partidos que se le sumen, podrán continuar con la práctica de disfrazar a sus candidatos con el cargo partidista interno de Coordinadores.

El INE no comienza este proceso en su mejor momento. Desconfianza, quejas, reclamos, acusaciones, desacuerdos internos, renuncias inoportunas, nombramientos provisionales y problemas presupuestales, distraen su atención. Circunstancias muy distintas y distantes del INE que mereció reconocimientos internacionales por su modelo operativo y el servicio profesional de su personal civil o cuando fue distinguido como una institución clave para garantizar el respeto al sufragio y la voluntad popular bajo altos estándares de certidumbre legal, entre otros.

El actual Instituto, genera más dudas que certezas en la imparcialidad de su desempeño como árbitro electoral. Hay desconfianza desde como se han nombrado a los más recientes consejeros, además, de la inocultable cercanía de algunos consejeros con el gobierno de la 4T.

Sin la menor preocupación por cuidar la cualidad más preciada del Instituto que es su autonomía, en la ceremonia de inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, las autoridades del Instituto consideraron conveniente tener como invitada de honor a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Algo que se había evitado durante 30 años, a partir de la reforma electoral que desvinculó al gobierno del manejo y conducción de los procesos electorales. Una evolución importante en el fortalecimiento de nuestra democracia, que no fue fácil ni rápida y que habría que cuidar para que el gobierno se mantenga, respetuosamente, ausente y ajeno en el desarrollo de los procesos electorales del país, evitando tentaciones.

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